La Cámara de Diputados italiana aprobó este miércoles el decreto migratorio elaborado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, una norma que según las ONG de salvamento marítimo contraviene el derecho internacional ya que, entre otras modificaciones, limita el número de rescates que pueden realizar sus barcos en el Mediterráneo.

Para acelerar el proceso, el Ejecutivo aprovechó su mayoría parlamentaria para tramitar el decreto mediante un voto de confianza (conocido en Italia como fiducia) que evita el debate al impedir presentar cualquier tipo de enmienda.

El voto de confianza recibió 202 votos favorables y 136 en contra, por lo que la aprobación del decreto quedó confirmada aunque su tramitación definitiva finalizará este miércoles, y luego pasará al Senado.

A comienzos de este año, el Consejo de Ministros italiano aprobó el mencionado decreto con puntos que modifican sustancialmente las actividades de salvamento: la obligación de pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate y la asignación, por parte de Italia, de puertos lejanos.

Desde hace semanas, Italia desvía los barcos a puertos por toda la costa nacional, incluso los ubicados en el centro-norte del país o la costa del mar Adriático, en lugar de sitios próximos a la zona de rescate, como Sicilia o Lampedusa (sur).

Así, barcos de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Open Arms han tenido que viajar hasta 4 y 5 días para poder desembarcar a los migrantes rescatados con seguridad.

La única embarcación que durante estas semanas ha logrado la asignación de un puerto cercano fue la Sea Eye 4, que viajaba con 109 migrantes y dos cadáveres tras dos operaciones de rescate en el Mediterráneo central y logró atracar en Nápoles (sur), ya que el primer puerto asignado se encontraba a unos cinco días de navegación.

El decreto establece también un régimen de sanciones administrativas que incluyen "la detención administrativa del buque (contra la cual se admite recurso) y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar".

Además, en caso de incumplir las normas, se estipulan sanciones de 50.000 euros para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque.

La semana pasada el Consejo de Europa escribió al Gobierno italiano para pedirle que dé marcha atrás con la norma, debido a que podría privar a los migrantes de una "asistencia vital".

Por su parte, el Gobierno italiano explicó en su respuesta que "lo que la nueva norma pretende evitar es, más bien, la actividad sistemática de recuperar migrantes en aguas de las costas libias y tunecinas para llevarlos exclusivamente a Italia, sin ningún tipo de coordinación"..

Según datos del Ejecutivo italiano, más de 4.000 migrantes han llegado a Italia en lo que va de año a través del Mediterráneo central, respectó a los 1.700 del mismo periodo del año pasado, mientras que fueron más de 100.000 los que llegaron a las costas italianas en 2022.