El Salvador vive desde el domingo en estado de excepción. La medida fue decretada por el Congreso a petición del presidente, Nayib Bukele, tras la terrible ola de asesinatos del fin de semana. Los salvadoreños pagan así los errores del mandatario en su intento de someter a unas pandillas criminales con las que había llegado a una suerte de tregua no declarada oficialmente. El asesinato indiscriminado de decenas de ciudadanos en los últimos días sugiere algún tipo de incumplimiento en ese pacto secreto entre Bukele y los jefes de las pandillas.

El estado de excepción planteado por Bukele fue aprobado por un Congreso dominado por el oficialismo. Desde la madrugada del domingo han quedado suspendidas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, la libertad de expresión o la confidencialidad de las telecomunicaciones y la correspondencia. El plazo de detención sin acusaciones se amplía de tres a 15 días y se restringen los derechos de defensa de los arrestados. El estado de excepción se prolongará durante 30 días y contempla también restricciones a la entrada y salida del país. Las pandillas hicieron estragos durante el fin de semana. El viernes mataron a 14 personas y el sábado, a 62, el récord de homicidios en un solo día. Más de mil presuntos pandilleros han sido detenidos desde el fin de semana, según el gobierno.

Bukele, un amante de las redes sociales como herramienta política, ha amenazado a los pandilleros por Twitter: "Tenemos 16.000 homeboys (pandilleros) en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también". El ejército pandillero, sin embargo, abarca un contingente mucho mayor de los 17.000 miembros encerrados en las cárceles. Se calcula que las tres principales organizaciones criminales del país (MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) cuentan con unos 70.000 efectivos, una tropa en la que se alistan jóvenes arrastrados por la miseria y la falta de oportunidades en uno de los países más pobres de América Latina.

La ofensiva criminal constata una gran laguna en la política de seguridad de Bukele, bajo cuyo mandato había descendido drásticamente la tasa de homicidios. Hace un año y medio, el periódico El Faro sacaba a la luz los entresijos de un supuesto pacto entre el gobierno y las principales pandillas. Bukele negó que hubiera una tregua y que se hubieran otorgado concesiones a los delincuentes. La tasa de homicidios se desplomaba así, según el relato gubernamental, por arte de birlibirloque.

El Salvador llegó a contabilizar en 2015 la tasa de homicidios más alta del hemisferio occidental (103 muertes violentas por cada 100.000 habitantes) tras el fin de la tregua firmada entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). Los asesinatos, que habían caído de 14 a cinco al día, volvieron a repuntar en 2015 hasta la veintena diaria. Bukele ha logrado reducir esa cifra a unos cuatro homicidios al día y una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021, la más baja de los últimos 25 años. Esa paz en las calles le ha supuesto una gran popularidad entre una población exhausta ante las acciones violentas de las pandillas. El gobierno asegura que la reducción de la criminalidad se debe a la aprobación hace tres años del Plan Control Territorial (PCT), un programa de seguridad que, en teoría, reforzaba los medios policiales y militares para el control de los barrios más conflictivos del país.

La negociación fallida

Para El Faro, sin embargo, el PCT no ha sido más que la coartada de Bukele para ocultar un pacto secreto con las pandillas. En un editorial publicado el lunes, el periódico independiente da por finiquitado ese plan: "El engaño del llamado Plan Control Territorial ha terminado con un baño de sangre inédito en lo que va del siglo XXI y el grupo que gobierna detrás de Bukele ha recurrido a los trucos de siempre para hacer frente a la crisis: el histrionismo mediático y la mentira para ocultar la negligencia y la improvisación. Los salvadoreños amanecimos este lunes con nuestras garantías cercenadas y con un gobierno autoritario que ya no necesita órdenes judiciales para abrir nuestra correspondencia o escuchar nuestras conversaciones o detenernos hasta por quince días sin acusación. ¿Por qué? Porque a Bukele le falló su negociación secreta con las pandillas".

Según el diario salvadoreño -una de las escasas voces independientes que quedan en El Salvador-, la ola salvaje de homicidios del fin de semana responde a la manera en que las pandillas expresan su fuerza en una negociación que parece haberse roto con el gobierno. Una válvula que los criminales abren cada vez que ven incumplidas determinadas promesas inconfesables.

Desde que ganó las elecciones hace tres años con el 53% de los votos, la popularidad de Bukele no paró de crecer hasta finales del año pasado, cuando cayó levemente. Su forma de gobernar a golpe de tuit y su discurso populista calaron en un amplio sector de la población muy decepcionado con las prácticas corruptas de los partidos tradicionales. Bukele apuntaló su poder hace un año tras arrasar en las elecciones legislativas, en las que su partido, Nuevas Ideas, cosechó el 66% de los votos. La vieja política quedaba marginada. El derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo el 12% y el progresista FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), apenas el 7%. Tras el control del Parlamento, el autócrata centroamericano estrechó el cerco a la justicia al destituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado.

Como ocurriera cuando El Faro publicó el pacto secreto con las pandillas, Bukele, poco amigo de las críticas, carga contra sus detractores. Si entonces amenazó al periódico con una investigación por un supuesto caso de blanqueo de capitales, ahora acusa sin pruebas a la oposición de ser responsable de la oleada criminal de las pandillas, y arremete contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), verificadores del acuerdo de Funes con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2012. "Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la 'Tregua' que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento, y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país", ha escrito Bukele en su cuenta de Twitter. Previamente, Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, había tildado de "populismo penal" las medidas aprobadas por el presidente salvadoreño".

El paso dado por Bukele es de una extrema gravedad al cercenar derechos constitucionales de los seis millones y medio de salvadoreños. Su autoritarismo ya había quedado acreditado desde el inicio de su mandato, pero el estado de excepción decretado ahora traspasa todos los límites democráticos. Es hora de que los organismos regionales e internacionales pongan freno al autócrata centroamericano.