El Ministerio de Interior británico pidió este miércoles disculpas por haber enviado por "error" cerca de cien cartas a ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido en las que les amenazaba con deportarles si no abandonaban el país. El portavoz de Interior aseguró que "los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido permanecen inalterados".

El ministerio dijo que estaba investigando cómo fue posible que se enviaran cien cartas diciendo a ciudadanos de otros países de la UE que iban a ser expulsados por la ley de inmigración, un equívoco embarazoso en un momento en el que se negocian los derechos de tales ciudadanos en Reino Unido.

"Un número limitado de misivas se enviaron por error. Estamos analizando de forma urgente por qué ha ocurrido", agregó el portavoz del ministerio, que contactará con los afectados para "clarificarles que pueden ignorar" la carta que recibieron.

Estamos contactando con todo el que recibió la carta para aclararles que no debían tenerla en cuenta", dijo Interior en un comunicado. "Somos absolutamente claros con que los derechos de los nacionales de la UE que viven en Reino Unido siguen inalterables", añadió.

Aunque Reino Unido ha prometido un acuerdo generoso para todos los ciudadanos de la UE tras el Brexit, no hay aún un acuerdo sobre cómo se protegerán los derechos. Cómo serán los derechos de los ciudadanos de la UE en Reino Unido es uno de los tres asuntos que el bloque quiere arreglar antes de que comience a discutirse la futura relación entre Reino Unido y la UE. 

El caso de una académica finlandesa

El caso se ha conocido después de que una académica finlandesa, Eva Johanna Holmberg, denunciara a través de las redes sociales que el Gobierno le conminó a salir del Reino Unido en el plazo de un mes si no quería ser detenida. Holmberg, investigadora de Historia Cultural en la Universidad Queen Mary de Londres, lleva unos diez años en el país y está casada con un británico.

La académica finlandesa relató al diario "The Guardian" que ha recibido una llamada desde Interior para "pedir abundantes excusas", si bien señaló que las autoridades han rehusado confirmarle si se harán cargo de las 3.800 libras (4.140 euros) que se ha gastado en asesoramiento legal para analizar su situación migratoria.