La bomba quería "estorbar el plan conciliador de Santos", dice la ONU

Colombia seguía ayer conmocionada tras el atentado con coche bomba que en la madrugada del jueves sacudió el centro de Bogotá, ocasionando decenas de heridos y afectando a cerca de 1.000 viviendas y locales, en el entorno de la sede de la emisora Radio Caracol en la Carrera Séptima, la más importante avenida de la capital colombiana.

Las investigaciones se centraban en Gustavo Ladino, un individuo que se presentó a mediodía de ayer en los juzgados para entregarse como autor del cambio de las placas y números de chasis y motor al coche bomba utilizado en el atentado, robado el 31 de junio a un funcionario militar, para hacerlas idénticas a las de un vehículo similar que transitaba legalmente por la ciudad y cuyo propietario está fuera de toda sospecha.

El servicio secreto montó' en el pasado atentados y los atribuyó a las FARC

El hombre, profesional de esta clase de operaciones para delincuentes en un local de las afueras de la capital, y que en esta ocasión recibió 50.000 pesos (unos 200 euros) por su trabajo, acudió presa de pánico a entregarse a la Justicia, cuando vio en la televisión el uso que se dio al utilitario falsificado en su taller.

También se investiga si una reducción en la escolta policial y militar que los directivos de Radio Caracol han denunciado que se produjo tres semanas antes del atentado pudiera tener alguna relación con la facilidad que tuvo el coche-bomba para aparcar en las inmediaciones de la emisora antes de la explosión.

Los portavoces de la policía y el ejército fueron cautos cuando Público les cuestionó sobre las hipótesis que manejan sobre la autoría del atentado. La mayoría de los analistas independientes lo atribuían ayer a lo que el ex presidente liberal Alfonso López Michelsen denominaba las "fuerzas oscuras de Colombia": una mezcla de militares en activo o en retiro, clases dominantes ligadas a la corrupción conservadora, y caciques de "uribismo rural".

El coche bomba había sido robado a un funcionario militar en junio

Cristian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que cuestionó frecuentemente al presidente saliente Álvaro Uribe en materia de derechos humanos, afirmó en una entrevista con Efe: "El objetivo es estorbar los mensajes conciliadores del nuevo presidente, que ha estrechado la mano a muchos sectores sociales, además de restablecer relaciones con Venezuela, por eso es la bomba".

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos acompañaba ayer a la condena de la acción terrorista un dictamen no menos contundente: "Nos llama la atención que este atentado ocurra en los inicios del Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando la Corte Constitucional estudia la inconstitucionalidad de las bases militares norteamericanas, los anuncios de la oposición de debatir la existencia de fosas comunes de dimensiones catastróficas y, sobre todo, cuando sectores de opinión sugieren la posibilidad de acercamientos para el diálogo y nuevos esfuerzos para una salida al conflicto. Hay que mirar a qué intereses conviene un atentado de esta naturaleza".

Mientras tanto, el DAS, los servicios secretos que la gran mayoría de fuerzas políticas proponen disolver, pero que aún mantienen un considerable poder de desestabilización, atribuían el atentado al dirigente de las FARC Germán Briceño, alias Grannobles, al que, según afirman, habrían interferido llamadas manifestando su plan de atentar en Bogotá.

Los analistas consultados por Público recuerdan que, para acogerse a beneficios y reducciones de penas, los dirigentes del DAS hoy presos por actividades delictivas como la complicidad con los crímenes de los paramilitares y el espionaje y amenazas a opositores están confesando estos días que entre las actividades del organismo al servicio de la ultraderecha estaba la de montar atentados terroristas y atribuirlos a la guerrilla para impedir cualquier posibilidad de negociación de paz.