La Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la pandemia, instaurada hace un mes en el Senado Federal brasileño, ha solicitado la actualización de los datos y el envío inmediato del estudio "La línea del tiempo de la estrategia federal de diseminación de la Covid-19", desarrollado por el Centro de Estudios y Pesquisas de Derecho Sanitario de la Universidad de São Paulo (USP). El documento verifica la hipótesis de que está en curso en Brasil una maniobra premeditada de propagación del virus, promovida de forma sistemática por el Ejecutivo de Jair Bolsonaro.

Según el trabajo, desarrollado desde marzo de 2020, la estrategia de Bolsonaro se ha ido definiendo a través de la defensa de la tesis de inmunidad de rebaño por contagio, "propagando la creencia de que la inmunidad natural efecto de la infección por el virus protegería a los individuos y llevaría al control de la pandemia"; también mediante una incitación a la exposición, negando la gravedad y convirtiendo en política pública esos supuestos tratamientos precoces; con la "obstrucción sistemática a las medidas de contención promovidas por gobernadores y alcaldes", y con la abstención de medidas de prevención, entre ellas las vacunas.

Empleando una detallada cronología, y basándose en actos normativos del Estado, en la actuación del Ejecutivo y en la propaganda contra la salud pública, el mapeo muestra como fundamentales en esta táctica de diseminación del virus, de igual modo, "la banalización de las muertes y las secuelas causadas por la pandemia"; "el ataque a los críticos", incluyendo medios de comunicación, y la conciencia sobre la ilicitud de determinadas conductas, que no han inhibido al presidente de continuar en su empeño. Brasil, hoy, supera ya los 485.000 fallecidos, con 17.3 millones de contagios. Las medias diarias siguen siendo sobrecogedoras, tras un año y cuatro meses de pandemia: 1.900 fallecidos y 65.000 nuevos casos.

Cada minuto que pasa, sin embargo, el estudio, perteneciente al proyecto de investigación "Mapeo y análisis de las normas jurídicas de respuesta a la Covid-19 en Brasil", ha de editarse añadiendo las nuevas afrontas. La penúltima provocación de Bolsonaro fue acoger la Copa América de fútbol, tras retirarse de la organización los dos países que compartían la gestión de esta edición: Colombia y Argentina. La última ha sido colocar a su cuarto ministro de sanidad, Marcelo Queiroga, en una situación complicada tras solicitarle un dictamen sobre la retirada de la obligatoridad del uso de mascarilla. Queiroga, que se posicionó en la comisión de investigación a favor del distanciamiento social y el uso de mascarilla, ahora tendrá que esquivar el impacto.

"Bolsonaro suele presionar y doblar la apuesta, con ideas todavía más desafiantes", explica para Público Rossana Rocha Reis, una de las coordinadoras de la investigación, profesora del departamento de ciencias políticas de la Universidad de São Paulo (USP). Ha sido precisamente ella la encargada de auditar semana a semana el discurso presidencial y su propaganda contra la salud pública.

Sólo ha habido vacunas por la presión de la oposición y el Tribunal Supremo

Brasil solo consiguió iniciar la compra de vacunas cuando partidos de la oposición elevaron hasta el Tribunal Supremo, en noviembre del año pasado, la petición de exigencia de un plan de inmunización al Gobierno Federal. El Supremo amplió la presión sobre Bolsonaro y a mediados de diciembre el Ejecutivo envió a la Corte la primera versión del plan. Fue solo entonces, en diciembre, cuando el ministro de economía, Paulo Guedes, comenzó a desmarcarse ligeramente de Bolsonaro señalando que la recuperación empresarial dependía de la vacunación en masa. Era tarde. Varios países latinoamericanos reaccionaron antes que Brasil: la vacunación no arrancó, con los primeros y espaciados pinchazos, hasta los últimos días de enero.

Resulta inquietante tratar de comprender el objetivo final de Bolsonaro en una contaminación masiva de la población. "No sé decir quién se coloca como el evaluador de esa estrategia, pero en público es el propio presidente", señala la investigadora de la USP. "Alguien hizo ese cálculo, para ver si, en lo que respecta al ámbito económico, valían la pena tantos muertos. Y alguien llegó a la conclusión de que valía la pena. Había conciencia de lo que se hacía y se hizo con ganas". El ejecutivo brasileño ha experimentado con sus ciudadanos, teniendo como ejemplo más aberrante el caso de Manaus, en enero. Con las existencias de oxígeno medicinal a cero, el general Pazuello, entonces al frente de la cartera de sanidad, y el presidente, insistían en curar a los enfermos con cloroquina. Además del procedimiento suicida, tanta circulación del virus convirtió al país en un semillero de nuevas cepas.

La poca esperanza que le queda a Brasil llega cada noche cuando se confirma el número de vacunados de cada jornada. Ahora que por fin se comienzan a recibir o producir los inminuzantes en gran escala, en ocasiones se logran alcanzar cifras cercanas a las que el país está acostumbrado en otras de sus campañas de vacunación masiva. El Sistema Único de Salud (SUS) es capaz de vacunar un millón de habitantes por día, y durante muchos meses ha estado funcionando a una cuarta parte de esa capacidad, o llegando con sufrimiento a la mitad de ese rendimiento. En la actualidad, El 25.43% de la población está vacunado con la primera dosis, y han completado las dos tomas tan solo el 11.16%.

El daño de esta crisis sociosanitaria sobre la población brasileña se arrastrará toda la década. El impacto está siendo tan severo que se confunde con pasividad, o con parálisis.

"Todavía no estamos lo suficientemente indignados", se lamenta Rossana Rocha, sabiendo que se necesita más, pero consciente de que hay mucha gente con miedo, resguardándose del virus. Remarca, a su vez, otro de sus temores: "El nivel de apoyo al presidente aún es impresionante. Esa será otra de las pesquisas que tendremos que desarrollar dentro de unos años: la razón de la tolerancia a este tipo de política".