Assange, a las puertas de la extradición a EEUU: la libertad de información en manos de la Justicia británica

En abril de 2010, la grabación de dos militares estadounidenses disparando desde sus helicópteros Apache a civiles desarmados en un barrio de Bagdad (Irak) corrió como la pólvora en Internet. El ataque, en el que fueron asesinadas 12 personas, había tenido lugar en julio de 2007 durante una de las muchas incursiones militares de EEUU en la región aquel año.

El vídeo fue publicado por WikiLeaks gracias a la filtración de una fuente anónima. El portal había sido fundado en 2006 por Julian Assange con el objetivo de divulgar las injusticias de gobiernos opresores. El vídeo de los asesinatos de Irak fue solo una de las muchas filtraciones difundidas en esta web que sacudieron el mundo, a la que se sumaron los miles de documentos sobre la guerra de en Irak y Afganistán –Diarios de Afganistán–; los cables diplomáticos que exponían los entresijos de la política exterior estadounidense –Cablegate– o las torturas en la prisión de Guantánamo. Pero también la corrupción en Islandia o las ejecuciones extrajudiciales en Kenia, entre otras revelaciones.

EEUU ha sido el único país del mundo que ha tomado represalias legales contra las informaciones secretas difundidas por WikiLeaks, acusando a su fundador de cometer 18 delitos relacionados con espionaje y crímenes informáticos. Por la presunta comisión de estos delitos pende sobre Assange la amenaza de 175 años de prisión.

En 2012, ante la sospecha de la existencia de una causa secreta abierta contra él en EEUU y otra investigación abierta en Suecia por una presunta violación a una mujer y abuso a otra, el periodista australiano se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres (Reino Unido). En ella permaneció encerrado siete años gracias al asilo diplomático concedido por el que fuera presidente del país latinoamericano, Rafael Correa.

La llegada de Lenín Moreno al Gobierno de Ecuador en 2017 supuso el cese del refugio político de Assange y su expulsión de la Embajada. El 11 de abril de 2019, el periodista fue sacado a rastras de ella y encerrado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido), dando comienzo su proceso de extradición a Estados Unidos. Tras cuatro años de lucha legal, la defensa del periodista juega este 20 y 21 de febrero su última carta para impedir la entrega de Assange a Washington.

Inicio de la causa y asilo en la Embajada de Ecuador

En 2010, apenas unos meses después de que WikiLeaks publicara miles documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, el tribunal del Distrito Este de Virginia (EEUU) inició una investigación judicial contra Julian Assange por la difusión de secretos oficiales. Los fiscales estadounidenses argumentaron que Assange no se limitó a difundir las filtraciones que llegaban a WikiLeaks, sino que ayudó a la exmilitar Chelsea Manning –fuente de las informaciones– a llevarlas a cabo, cometiendo presuntamente un delito informático.

Además, el periodista también fue acusado de haber violado la Ley de Espionaje, promulgada en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, al revelar las informaciones secretas. Esta norma se ha utilizado varias veces para encausar a sospechosos y responsables de otras importantes filtraciones, como ocurrió con Daniel Ellsberg, fuente de los Papeles del Pentágono. En este caso, la causa no llegó a prosperar.

La defensa de Julian Assange cree que la apertura del caso en Virginia no es casual. En este estado se encuentran las sedes de las principales agencias de inteligencia estadounidenses, entre las que destaca la CIA. El abogado del periodista, Aitor Martínez, explicó en un coloquio sobre el caso celebrado el pasado enero en el Ateneo de Madrid que, debido a que la causa de Assange es extraterritorial, "el Departamento de Justicia de EEUU puede juzgarlo allí donde le resulte más favorable, y ya sabemos que los jurados en Virginia están compuestos por familiares de los agentes de inteligencia o contratistas de las agencias de inteligencia".

Paralelamente a la investigación judicial en EEUU, la Fiscalía de Suecia abrió en agosto de 2010 una investigación preliminar contra Assange por la presunta violación y abuso a dos mujeres en Estocolmo (Suecia). En 2012, la Justicia sueca pidió a Londres la extradición del australiano. La petición fue aprobada por el Tribunal Supremo de Reino Unido en mayo de 2012, momento en el fundador de WikiLeaks solicitó el asilo diplomático en Ecuador. Ante la negativa de Reino Unido de facilitarle un salvoconducto para llegar al país latinoamericano, en junio del mismo año Assange se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde residiría hasta abril de 2019.

La defensa de Assange justificó este movimiento en las fundamentadas sospechas que tenía de la existencia de una investigación judicial secreta en EEUU contra el periodista por las publicaciones de WikiLeaks. De hecho, entre 2010 y 2013, la fuente de las filtraciones, Chelsea Manning, había sido procesada y condenada por el caso WikiLeaks. Por esta razón, la defensa vio en la aprobación de la extradición a Suecia la posibilidad de otra extradición encubierta a EEUU. La investigación preliminar de los delitos sexuales contra Assange fue cerrada definitivamente en 2019 por falta de pruebas.

Aún así, la estancia de Assange en la Embajada ecuatoriana no fue apacible. Durante varios meses, el periodista y aquellos que le visitaron, incluidos sus abogados, fueron espiados por la CIA, que instaló sistemas de grabación en la Embajada con la colaboración de la empresa española UC Global SL, encargada de la seguridad de la misión diplomática. Así lo reconoció un juzgado de Nueva York a finales de 2023.

Con el cambio de gobierno en Ecuador y la llegada de Lenín Moreno al poder, las relaciones entre Assange y su anfitrión se recrudecieron. De la parte diplomática, se aludió a la falta de cumplimiento de unas normas de convivencia dentro de las instalaciones de la Embajada. Del otro, a la publicación de una investigación sobre el entramado offshore de Lenín Moreno, y de la que el presidente hacía responsable a WikiLeaks. Las tensiones se resolvieron con la retirada del asilo diplomático a Assange y su expulsión de la Embajada.

Sólo tras su detención por parte de las autoridades británicas, la Justicia estadounidense hizo explícitos los delitos de los que se acusaba al periodista.

Detención y proceso de extradición

La detención de Assange dio inicio a un intercambio de recursos y apelaciones por su extradición a EEUU a tres voces entre su defensa, la Justicia estadounidense y la británica. El primer paso de la defensa fue presentar ante el órgano judicial competente ocho puntos de apelación –argumentos– contrarios a la extradición de Assange.

Estos versaban sobre el error que supondría aprobar su entrega para enfrentar un proceso por sus opiniones políticas y exponer la criminalidad de EEUU. También, por obtener o publicar –que no filtrar– información veraz, atentando asimismo contra la libertad de expresión. La defensa también ha argumentado que es posible que Assange no sea sometido a un juicio justo, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el espionaje al que fue sometido tanto él como sus abogados durante su estancia en la Embajada de Ecuador.

A ello se suma la propuesta de admitir las evidencias sobre los planes de EEUU de secuestrar, entregar o asesinar a Assange, publicadas por Yahoo News en 2017 en base a las declaraciones de un ex agente de contraterrorismo y más de 30 oficiales americanos.

Consideran también que la del australiano es una causa política, y que, por tanto, su entrega violaría el tratado de extradición entre Reino Unido y EEUU. Este acuerdo, además, deja la puerta abierta a los estadounidenses a que modifiquen o añadan cargos que podrían exponer a Assange a condenas aún más duras, incluida la pena de muerte.

Por último, argumentaron que la extradición de Assange podría poner aún más en riesgo su frágil estado de salud. A excepción de este último, todos ellos fueron rechazados por la magistrada del District Judge (Magistrates Courts) –similar a un juzgado de paz en España–, Vanessa Baraitser, encargada de estudiar el caso. Es decir, que la extradición de Julian Assange fue rechazada únicamente en base a razones humanitarias.

Estados Unidos apeló esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido (Hight Court), ofreciendo una suerte de garantías diplomáticas por las que se comprometía a salvaguardar la integridad y bienestar físico y psicológico de Assange durante todo el proceso judicial y posterior condena. El Tribunal Superior tomó por buenas las alegaciones de EEUU y aprobó su extradición, revirtiendo la decisión de Baraitser. La defensa trató de apelar este fallo en la Corte Suprema británica, donde ni siquiera fue admitido a trámite.

El segundo asalto tuvo lugar en instancias gubernamentales, en donde la entonces ministra de Interior británica, Priti Patel, asumió la postura del Tribunal Superior de Justicia y en junio de 2022 firmó la orden de extradición de Julian Assange a EEUU. De nuevo, la defensa apeló esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia, que una vez más volvió a rechazarla.

Ahora, los días 20 y 21 de febrero, dos nuevos jueces del mismo organismo revisarán los ocho argumentos presentados por la defensa de Assange en 2019 para evitar su extradición y que fueron inicialmente rechazados –a excepción del humanitario– por la jueza Vanessa Baraitser. Este es el último cartucho que le queda por quemar en instancias judiciales nacionales. De rechazarse, al fundador de WikiLeaks sólo le quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –Tribunal de Estrasburgo–, cuyas resoluciones están obligadas a cumplir los Estados pertenecientes al Consejo de Europa, entre los que se encuentra Reino Unido.

Sin embargo, Londres ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de abandonar la corte de Estrasburgo en otras ocasiones. La última, en 2022, después de que el Alto Tribunal suspendiera la deportación de un solicitante de asilo iraquí a Ruanda. Por ello, en palabras del abogado de Assange, Aitor Martínez, "hay incertidumbre con lo que pudiera pasar" con el cumplimiento de Reino Unido a una posible sentencia favorable a Assange en el organismo judicial europeo.

Durante los cuatro años que ha durado este proceso, Assange ha estado encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido), sometido a un estricto régimen de visitas, que según varios reportes de Nils Melzer, relator de la ONU para la tortura, ha deteriorado su salud física y mental. En 2019, tras una visita al fundador de WikiLeaks en prisión junto a un equipo médico, Melzer declaró que "a menos que el Reino Unido cambie urgentemente de rumbo y mejore la inhumana situación [de Assange], la continua exposición de Assange a la arbitrariedad y al abuso podría acabar costándole la vida".

Asimismo, la también relatora para la tortura del organismo internacional, Alice Jill Edwards, hizo hincapié recientemente en el riesgo de tortura al que se expone Assange de ser extraditado a EEUU.

Apoyos a la libertad de información

"Si Assange es extraditado será el fin de la democracia", declaró a este periódico Stella Moris, abogada y esposa de Julian Assange, en una entrevista a Público en mayo de 2023. No es la única que defiende esta hipótesis. Algunos de los medios de comunicación de mayor renombre inciden en la idea de que la extradición y encarcelamiento de Assange en EEUU puede sentar un precedente peligroso para la libertad de información y prensa.

Junto a ellos, numerosas organizaciones periodísticas a un lado y otro del planeta, como Reporteros Sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) o el PEN Internacional, pero también organizaciones no gubernamentales, tales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han desarrollado campañas por la liberación del periodista.

En 2022, The Guardian, The New York Times, Le Monde, El País y Der Spiegel firmaron una carta abierta titulada "Publicar no es delito" al Gobierno de EEUU pidiéndole que frenara la extradición de Assange. Todos estos medios habían desarrollado importantes investigaciones periodísticas partiendo de las filtraciones publicadas en WikiLeaks. Con ellas, se destaparon casos de corrupción en Marruecos o Rusia, escándalos diplomáticos –como el bloqueo estadounidense a Irán y Venezuela– o espionajes por parte del Gobierno americano a líderes políticos como el expresidente francés Nicolás Sarkozy o el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

EEUU busca tomar represalias contra aquel que hizo posible las publicaciones que retrataron los intestinos de la política estadounidense, haciendo valer la "seguridad nacional" sobre el derecho a la información.

Por eso, mientras el contador corre para Assange, los apoyos se multiplican. Varios líderes mundiales ya se han posicionado a favor del fundador de WikiLeaks, como los latinoamericanos Lula da Silva, presidente de Brasil o Xiomara Castro, presidenta de Honduras, el expresidente argentino Alberto Fernández o el dirigente colombiano Gustavo Petro. También algunos políticos europeos, como Claudia Roth, ministra de Estado de Cultura y Medios de Comunicación alemana se reunió con Moris y explicitó su apoyo a Assange, según las palabras de la abogada.

En los últimos años, también el Gobierno de Australia, país natal del periodista, se ha pronunciado en contra de la extradición de su ciudadano. Hace tan sólo una semana, la Cámara de Representantes australiana aprobó una moción en la que instaba a la Justicia norteamericana e inglesa a detener el proceso de extradición.

En septiembre de 2023, una delegación de diputados australianos del Gobierno y representantes de partidos de la oposición acudió a Estados Unidos para reunirse con varios funcionarios y congresistas estadounidenses para abordar la situación de Assange. El último movimiento en apoyo a su causa que ha trascendido ha sido la concesión, por parte del Ayuntamiento de Roma, de la ciudadanía honorífica al fundador de WikiLeaks.