SAO PAULO.- Cuando el PCC cumplió 22 años las bandejas de cocaína se repartían por la penitenciaría femenina de Sant’Ana, al norte de Sao Paulo. Un vídeo grabado con un móvil mostraba cómo cada presa tenía derecho a unos tiros. El polvo blanco se presentaba bajo el siguiente enunciado: “PCC 1533, 22 años”. Así es como el Primer Comando de la Capital (PCC) o 1533 (el 15 es por el número que ocupa la P en el alfabeto portugués, el 3, por la letra C), la mayor banda criminal de Brasil, celebra sus cumpleaños. Entre rejas y con la gallina de los huevos de oro de su negocio: la cocaína.

Tienen presencia en el 90% de las cárceles de Brasil y su hegemonía es incuestionable en el estado de Sao Paulo, donde está presa el 40% de la población carcelaria del país. Pero también dominan el sur y el sudeste, y ahora se encuentran en plena conquista del norte, centro y noreste en una guerra en la que ya han muerto 130 presos en apenas veinte días.

El PCC surgió en Sao Paulo el 31 de agosto de 1993, en el anexo de la Casa de Custodia de Taubaté, una cárcel de máxima seguridad. Su nacimiento no se puede entender sin tener en cuenta las condiciones de vida en las prisiones: celdas sobresaturadas de presos, falta de higiene, comida podrida y escasa, torturas, motines, y episodios de violencia física constante.

La matanza en la prisión paulista de Carandirú en 1991, en la que la Policía Militar asesinó a 111 reclusos (la mayor masacre del sistema penitenciario brasileño) fue la explosión de un sistema fallido que marcó un antes y un después en la historia de las cárceles del país, y para muchos, supuso el verdadero comienzo del PCC: “Ellos mismos reconocen que fue un detonante, que se formaron como una fuerza contra la opresión del estado, esas palabras siempre están en su discurso”, explica la profesora de la Universidad Federal del ABC, Camila Nunes, quien investiga esta banda desde hace más de diez años.

Al igual que Comando Vermelho (la facción carioca que nació en los setenta) el PCC se presentaba ante “la masa carcelaria” (como ellos la llaman) como sus representantes en la lucha contra la violencia del estado: “Paz, justicia y libertad”, era su eslogan.

Pero además de un discurso politizado, centrado en los derechos de los presos, la violencia ha sido su arma definitiva para hacerse con el territorio. Las decapitaciones empezaron en los años noventa, su periodo de conquista: “Las imágenes que tanto han impactado de la masacre de la cárcel de Manaos eran el día a día de las prisiones de São Paulo hace veinte años”, recuerda Nunes, Las decapitaciones su forma de demostrar poder: “Si quieren castigar a alguien lo matan de otro modo, pero para marcar su superioridad ante el enemigo cortan la cabeza”, explica la socióloga.

Hasta 2001 el estado de Sao Paulo nunca reconoció su existencia, pero el PCC ya tenía miles de adeptos. En esa época los bautismos que hacen cada vez que un preso entra en la banda, llegaron a ser colectivos debido a la cantidad de reclusos que querían convertirse en “hermanos”, como se llaman entre ellos. Fue en febrero de aquel año cuando demostraron su fuerza y su capacidad organizativa al montar en un mismo día rebeliones en 29 prisiones del estado: “Fue su presentación en sociedad. A partir de entonces el gobierno de Sao Paulo nunca más negó su existencia”. El PCC dejaba de ser un rumor, se hacía de carne y hueso y de paso, con el control de las cárceles.

Según la socióloga Camila Nunes, la entrada del PCC en las prisiones supuso una nueva reconfiguración del poder. Antes de su llegada, el control lo ejercían diversos líderes que duraban poco tiempo en sus puestos, los asesinatos y las violaciones estaban a la orden del día, y el maltrato por parte de los agentes penitenciarios era constante. Cuando entraron, el poder se centralizó en líderes estables y la violencia se redujo drásticamente.

El PCC impone sus reglas. Entre ellas está el no matar, no violar, no tener armas como cuchillos, estiletes, etc. Ellos deciden si se hace o no una rebelión. Ofrecen protección a los presos y a sus familias, les garantizan que si cumplen las normas nadie les agredirá, violará o matará. A cambio tienen que pagar una cuota mensual de alrededor de 15 euros y ser obedientes. Cuando salen, la mensualidad aumenta hasta los 250 euros, pero tienen un trabajo garantizado dentro del tráfico de drogas.

Dentro de la prisión no exigen que todos los presos sean sus socios, pero sí piden obediencia. “En una cárcel con celdas para doce personas donde duermen sesenta, sin vigilancia, ni seguridad, es normal que un recluso decida pagar al PCC para estar protegido, si el estado no cumple su trabajo, la facción es la que se encarga”, dice el sociólogo Thadeu Brandão, de la Universidad de Rio Grande del Norte (UERN).

Para Nunes una de sus características más llamativas es su función como mediador de conflictos. Cualquier problema entre presos o con los agentes penitenciarios se habla con el líder correspondiente de la banda. “Si hay un conflicto más grave como que un preso le robe algo a otro, el castigo final puede ser desde romperle un brazo o una pierna, hasta matarle, pero esa decisión se consulta con la cúpula que está fuera, en otra cárcel”, explica la profesora.

Su estructura es completamente jerárquica y “particularmente democrática”, dice Nunes. En el escalón más bajo está el representante de cada celda. Por encima, el líder del pabellón al que se le conoce como “disciplina” o “sintonía”, más arriba, está el “sintonía general” que es el líder máximo de la unidad penitenciaria. En las calles están los “sintonía regionales” de cada municipio, y después la cúpula con los jefes más antiguos repartida en varias cárceles del país.

Tanto Nunes como Brandão coinciden en afirmar que el móvil se convirtió en el arma clave para su supervivencia y expansión: “El motín de 2001 organizado en 29 prisiones al mismo tiempo sólo se consiguió porque existían teléfonos móviles”, recuerda Nunes. A medida que esta herramienta se perfecciona la capacidad de expandir sus negocios aumenta: “La llegada del smartphone fue importantísima, todos hablan por whatspp para que no les controlen las llamadas, sus negocios internacionales los llevan desde el móvil. Por eso insisto en definirlos como redes de crimen organizado, porque tienen una capilaridad muy poderosa, mucho más que una simple banda”, dice el sociólogo.

El 90% de los negocios del PCC están vinculados con el tráfico de drogas, especialmente con cocaína, marihuana y crack. Los robos de bancos, asaltos y secuestros son otras de sus formas de ganar dinero. Todas las decisiones las toman desde dentro de las prisiones, donde “residen” algunos de sus grandes líderes, como es el caso de Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como “Marcola”.

Informes de la Policía Federal aseguran que el PCC mueve al menos 50 millones de euros al año, aunque piensan que esa cifra podría ser mucho mayor. “Es una empresa capitalista más y se mueven exclusivamente por el lucro, ganar dinero y ampliar horizontes son sus objetivos”, dice Nunes. Fuentes de la Policía Federal reconocen que su capacidad organizativa es “impecable”.

Para Brandão es importante puntualizar que la expansión de sus negocios no se podría hacer sin la ayuda de representantes del estado: “Aquí en Rio Grande del Norte hay al menos una veintena de despachos de abogados que trabajan para ellos y les ayudan en todo, tanto pasándoles celulares como defendiéndolos en el Tribunal. Lo mismo pasa con muchos jueces que están comprados, su poder se extiende por los servicios públicos. Por eso corremos el peligro de convertirnos en un narcoestado como México o Colombia”, advierte el sociólogo.

Las relaciones entre el estado y el PCC siempre han estado en el punto de mira, y según Camila Nunes se podrían definir como “nebulosas”. El último enfrentamiento abierto entre la banda y el estado se produjo en mayo de 2006 cuando montaron rebeliones en diversas prisiones de Sao Paulo, y paralizaron la mayor urbe latinoamericana con ataques indiscriminados por comisarías de toda la ciudad. “A partir de ese día todo cambió y hubo una tregua en las prisiones que duró diez años”. Fue por ese alto al fuego que los rumores sobre pactos y negocios entre la banda y el Gobierno de São Paulo se desataron: “El estado nunca lo va a reconocer, esos pactos son tácitos, se hacen entre bambalinas, no hay pruebas que los confirmen”, dice Nunes.

El PCC hizo músculo en otros regiones a partir del 2006 cuando el gobierno de Sao Paulo decidió trasladar a algunos de sus líderes a cárceles de otros estados. “A Natal llegaron en 2010 y aunque son minoría se impusieron con violencia. Por su presencia nació el Sindicato del Crimen”, dice Brandão, refiriéndose a la facción local de Rio Grande del Norte, la misma que ha entrado en guerra esta semana en la cárcel de Alcaçuz, en Natal.

Esta situación fue la que se dio en Manaos, allí el PCC también es minoría. Fue en la capital del Amazonas donde la banda local Familia del Norte decidió el pasado 1 de enero enfrentarse a los paulistas y matar a 56 reclusos. Pocos días después el PCC se rebelaba en la prisión de Roraima (33 muertos), y luego en la de Natal (29 muertos).

Ser minoría no les preocupa: “Su objetivo es tener la hegemonía de todas las cárceles del Norte y Nordeste, y aunque son menos el poder simbólico que tienen es innegable. No hay preso que no se acuerde de Carandirú, que no se acuerde de lo que hizo el PCC en 2001 o en 2006, saben que son los más fuertes”, dice Brandão.

Detrás de la hegemonía de las cárceles están los negocios y su objetivo de ser cada vez más internacionales. La triple frontera (Paraguay, Brasil, Argentina) la tienen controlada, pero ahora quieren hacerse con las fronteras de Perú y Colombia que ofrece una cocaína de mejor calidad, lo que se traduce en más dinero. Según Camila Nunes, la inestabilidad que se vive en las cárceles del país desde que comenzó el año “puede empeorar” y la única solución que ve a corto plazo es que las propias bandas lleguen a un acuerdo: “El estado no puede hacer nada, no controla las cárceles, son los presos los que tendrán que ponerse de acuerdo. Todo está en sus manos”.