Arranca el proceso penal por el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú

El proceso judicial por el emblemático caso de esterilizaciones forzadas en Perú empezó este jueves con las diligencias a exministros de Salud, mientras las víctimas exigen que se aceleren los trámites del pedido de ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori "para que sea condenado".

Según confirmaron a Efe fuentes cercanas al caso, el exministro de Salud Eduardo Yong Motta y el exasesor de la misma cartera Ulises Jorge Aguilar acudieron esta mañana para brindar sus declaraciones ante el juez Littman Ramirez Delgado.

También estaban citados, y no acudieron, los exministros Marino Costa Bauer y Alejandro Aquinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular. Bauer no justificó su ausencia, pero el abogado de Aquinaga presentó un escrito indicando que su cliente no asistiría por motivos labores.

Las diligencias de este caso, que se extenderán en un plazo no mayor a ocho meses, prevén que el juez escuche los relatos de más de 750 personas implicadas, tanto procesados como víctimas y familiares, cuyas declaraciones están programadas hasta al menos el 20 de julio, según indica el auto judicial.

Quien, en cambio, no declarará todavía será el expresidente Fujimori (1990-2000) ya que su proceso penal por este caso se mantiene suspendido a la espera de que la Justicia de Chile acepte la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el exmandatario fue detenido en ese país.

Los procesados serán investigados como autores mediatos (con dominio del hecho) del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos por supuestamente impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.

Estas se dieron en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, cuando se incrementó ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, la mayoría mujeres pobres y quechua hablantes, aunque en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas y, por tanto, sometidas a las ligaduras de trompas sin que hubiesen dado su consentimiento, bajo amenazas y coacciones.

Fueron esterilizadas cerca de 300.000 mujeres

Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.

Tras más de dos décadas a la espera de una respuesta de la Justicia peruana, la incertidumbre de las víctimas se palió en diciembre pasado, cuando el anterior juez a cargo del caso, Rafael Martínez, resolvió abrir un proceso penal al determinar que existían indicios suficientes para una investigación judicial.

La decisión del letrado fue considerada "un hito histórico" por las víctimas, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, que ahora exigen condiciones para un proceso que garantice verdad, justicia y reparación.

En esa línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y la entidad feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) urgieron a que se aceleren los trámites para ampliar la extradición de Fujimori, quien hoy cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

"¿Esto perjudica la investigación judicial de los demás procesados? De ninguna manera, pero esperamos que el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia tengan una actuación proactiva en el tema para que podamos tener rápidamente la activación de una nueva investigación judicial", declaró Milton Campos, defensor legal de Demus.

Asimismo, las entidades, víctimas y familiares demandaron, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles, que el proceso sea asumido por un despacho fiscal y un juzgado ad hoc que tengan conocimiento exclusivo de este caso para garantizar su avance.

"El Estado tiene que brindar un camino óptimo de búsqueda de Justicia, por eso es muy importante que se tome la decisión, la voluntad política y económica de que haya un juzgado exclusivo para este caso", sostuvo Campos.

Por su parte, la directora de Demus, Cynthia Silvia, dijo que espera que "las investigaciones sean exhaustivas, se realicen de manera diligente y no discriminatorias para que el caso no quede impune". "Estas primeras diligencias serán importantes para dar paso a la acusación fiscal y luego al juicio que deben enfrentar los denunciados", concluyó.