Argentina recobra la memoria para juzgar la dictadura

Las violaciones a los derechos humanos son imposibles de evitar en una guerra". Con esta frase el capitán Jorge El Tigre Acosta defendió el jueves pasado ante un juez en Buenos Aires su actuación como jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA), el símbolo de la brutal represión durante la dictadura argentina. Acosta se convirtió esta semana en el primer alto cargo militar que admite que la ESMA servía como cárcel clandestina. Sus declaraciones significan un paso importante en los esfuerzos de la justicia argentina para aclarar lo que pasó en aquella época oscura.

"No se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado [soportado] los fusilamientos. ¿Dar a conocer los restos? Pero ¿qué es lo que podemos seña-lar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo".

Por primera vez, un alto mando militar admite que la ESMA fue una cárcel

El ex general argentino Jorge Videla admitía así, en el libro El Dictador, publicado por los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro en 1998, la desaparición forzada de miles de personas durante la dictadura que él encabezó entre 1976 y 1983.

Videla fue juzgado junto a sus compañeros de la Junta de Comandantes el almirante Eduardo Massera y el general Orlando Agosti, entre otros por el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Pero las leyes de Punto Final y Obediencia Debida firmadas por Alfonsín en 1987 y la amnistía dictada en 1989 por su sucesor, Carlos Menem, convirtieron en papel mojado las condenas e impidieron cualquier juicio posterior.

La impunidad duró más de 15 años, hasta que un juez, posteriormente el Congreso y finalmente la Corte Suprema, certificaron la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. Desde entonces, las investigaciones judiciales sobre hechos ocurridos durante la dictadura se han multiplicado en Argentina. En 2009, el número de causas judiciales abiertas al respecto creció un 300% en relación a 2008, y el número de condenas en ese mismo periodo aumentó un 70%

El propio Videla tiene en la actualidad tres causas abiertas en Buenos Aires y otra en la provincia de Córdoba, aunque todavía no se ha fijado ninguna fecha de audiencia para los procesos. Él aguarda a que estos se celebren desde la cárcel, donde cumple su condena desde 2008.

A pesar de esta elevada actividad judicial, el balance de los juicios abiertos no es del todo satisfactorio para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que participa en muchos de los procesos como parte querellante. "Si bien 2009 terminó con un número elevado de condenas, sigue siendo muy alto el valor de causas que están en etapa de instrucción, que son el 70% de un total de 318. Eso es demasiado", indica Carolina Varsky, abogada del CELS.

Más de 200 sospechosos han muerto antes de que fueran juzgados

De hecho, hasta la fecha 226 personas han muerto antes de ser juzgadas dado su estado avanzado de edad o por problemas de salud, y existe el riesgo de que muchos otros fallezcan sin ser juzgados dada la lentitud de los procesos. "Al paso que vamos, los juicios no terminarán hasta el año 2024", lamenta Varsky.

En diciembre de 2009 había 634 personas procesadas por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar, según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Para los responsables de este organismo, el fiscal general Jorge Auat y el abogado Pablo Panteri, el camino que ha emprendido Argentina es muy valioso "porque fue el primer país del mundo que juzgó el terrorismo de Estado en los años ochenta, aunque fuera de una manera limitada".

"Luego vino un periodo de impunidad, característica general de todos los países, y después el país fue capaz de dar la vuelta a esta situación", opinan Auat y Panteri. Algunos de los que sobrevivieron a la represión militar son hoy testigos clave en los procesos abiertos.

Entre los juicios más destacados de los que se han iniciado figura el que se sigue en la actualidad contra el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz. Conocido como el ángel de la muerte, es juzgado junto a otros 18 militares por los crímenes perpetrados en la ESMA. Astiz está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos contra 87 víctimas, entre ellas las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo.

En su informe final de 1984, conocido con el nombre de Nunca Más, la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor argentino Ernesto Sábato, estimó que casi 9.000 personas habían desaparecido de manera forzada. Muchos casos ni siquiera fueron denunciados. Conadep calculó que el 30% de los desaparecidos eran obreros y el 21% estudiantes. Casi el 33% de los detenidos no tenía más de 25 años.

Durante los años de Videla se construyeron 364 centros clandestinos de detención, en donde se torturó y asesinó de forma sistemática a los opositores del régimen. La llamada solución final argentina se aplicó, según organizaciones de derechos humanos, a unas 30.000 personas.

"La instrucción tarda y faltan salas para los juicios", se queja una abogada

No ha sido fácil tratar de hacer justicia. Lo intentó el primer presidente democrático tras la dictadura, Raúl Alfonsín. "Él tuvo una plan para hacer justicia bastante claro", señalan Auat y Panteri. Alfonsín ordenó el procesamiento de las cúpulas militares en lo que se conocería como el Juicio a las Juntas. Pero después de la condena a cadena perpetua de Videla y Massera cundió el miedo, y algunos oficiales se sublevaron.

El juicio contra el jefe de la Policía de Buenos Aires, Ramón Camps, quien reconoció que había contribuido a la desaparición de 5.000 personas, fue la última causa que se abrió antes de que Alfonsín aplacara el levantamiento militar con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El comienzo de una nueva etapa en la historia de la justicia argentina se inicia el 6 de marzo de 2001, "cuando el juez Gabriel Cavallo dicta por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final", señalan Auat y Panteri. En 2005, la Corte Suprema ratificó el auto de Cavallo.

"En esta segunda etapa no hay un plan. No hay un modelo predispuesto por alguien", precisan los jefes de la Unidad Fiscal. "Tiene un mayor grado de espontaneidad. Se trata de juzgar todos los hechos y a todos los autores". A finales de 2009, ya se había condenando a 73 personas por crímenes de terrorismo de Estado.

Pero aún hay muchos obstáculos a la hora de juzgar crímenes que sucedieron en la clandestinidad y hace tantos años. "Las causas se traban, muchos procesos se demoran mucho en la etapa de instrucción, a veces faltan los jueces, y hay incluso problemas logísticos como falta de salas para celebrar los juicios", explica la abogada Varsky.

En la memoria de quienes hoy hacen justicia quedan las frases que pronunció el fiscal Julio César Strassera durante su alegato final en el primer juicio a las Juntas de 1985: "Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más".

Eduardo Grande. Presidente de la Asociación Argentina de Salud 

¿Cómo entiende la sociedad los procesos judiciales sobre la dictadura abiertos en los últimos años?
Los juicios son más apoyados por los que somos mayores de 40 años que por los que hoy tienen 35, que no conocieron ese periodo y sólo saben de él por referencia, por comentarios, por escritos. La sensación de temor de esos años no fue conocida por los jóvenes, con excepción de quienes tuvieron algún familiar directo que vivió aquellos momentos, en los que sólo existía la justicia empleada por el Gobierno militar, que era unilateral. Ahora se está intentando otra justicia diferente, a través de civiles, para evaluar lo que pasó.