El próximo jueves se cumple el primer mes de la operación. La anunció el propio Donald Trump el lunes 8 de agosto: el FBI estaba registrando su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida. Él se encontraba en Nueva York porque al día siguiente había sido llamado a declarar por la fiscal de ese estado sobre la presunta manipulación del valor de sus negocios para obtener beneficios fiscales. Trump calificó el registro de "asalto".

El Departamento de Justicia reveló que estaba investigando a Trump en busca de documentos correspondientes a su etapa presidencial. Fue el primer eslabón de un caso cuyos detalles se han ido conociendo tan poco a poco que hasta esta semana no se ha tenido el cuadro completo de la situación en torno a este caso relacionado con el expresidente de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia acusa a Trump de haber incumplido hasta tres leyes federales, entre ellas la Ley de Espionaje y la de Registros Presidenciales, y lo investiga por obstrucción judicial y tenencia ilícita y destrucción de documentos, delitos que pueden conllevar penas de prisión. De ser condenado, el expresidente sería inhabilitado para ejercer un cargo público, por lo que no podría ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024.

El registro que el FBI llevó a cabo el 8 de agosto en la mansión de Mar-a-Lago fue la punta del iceberg de esta investigación contra Trump. Puestas en orden cronológico, éstas son las principales fechas del caso en marcha contra el expresidente de Estados Unidos:

20 de enero de 2021: fin de ciclo

Fue el último día de Donald Trump en la Casa Blanca. Tras la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020, el presidente dejó la residencia presidencial sin asistir, en contra de la tradición establecida, a la toma de posesión del presidente entrante. Antes de tomar el avión que lo llevaría hasta su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, Trump aseguró: "Adiós. Os queremos. Volveremos de alguna forma".

Mayo de 2021: primer requerimiento judicial

La agencia federal Archivos Nacionales, encargada de guardar y conservar toda la documentación generada por las administraciones presidenciales, emite el primer requerimiento a Trump pidiéndole que devuelva documentos de su etapa en la Casa Blanca.

Archivos Nacionales tenía indicios y había recibido información de que el expresidente se había llevado documentos a Mar-a-Lago, lo que está prohibido por varias leyes, entre ellas, la de Registros Presidenciales. La agencia federal le envía al equipo de Trump varias peticiones en ese sentido hasta diciembre de 2021.

18 de enero de 2022: más de 700 páginas recuperadas

Archivos Nacionales recibe, finalmente, 15 cajas de documentos. En 14 de ellas encuentra "un montón de documentación clasificada", según el informe redactado sobre la entrega. En total, más de 700 páginas.

Los archivos clasificados tienen que estar, por ley, en recintos establecidos por el gobierno para tal uso, que cuentan con elevadas medidas de seguridad. El acceso a ese tipo de documentos, además, es muy restringido y está regulado por ley.

Febrero: el FBI empieza a investigar

Archivos Nacionales remite una carta al FBI, oficina policial que depende del Departamento de Justicia, alertándole de que ha recuperado archivos confidenciales de Mar-a-Lago, que se encontraban allí ilegalmente.

La agenda federal comunica al FBI que sospecha que Trump guarda más documentos de ese tipo en su mansión privada. Es entonces cuando el Departamento de Justicia abre la investigación contra el expresidente.

11 de mayo: orden judicial sobre más documentos

Tras varios contactos entre el Departamento de Justicia y los abogados de Donald Trump, Justicia emite un requerimiento judicial para recuperar los documentos que continúan estando ilegalmente en Mar-a-Lago, muchos de ellos de carácter secreto o confidenciales.

3 de junio: declaración jurada del equipo de Trump

Ese día, los abogados de Trump remiten a Justicia 38 nuevos documentos clasificados (17 de ellos etiquetados como "muy secreto"). Acompañan a ese envío una declaración jurada en la que aseguran que han hecho un repaso por todas las estancias de la mansión de Trump y que esos son los últimos documentos que quedaban.

Se cumple ya más del año del primer requerimiento de la agencia Archivos Nacionales. Los abogados de Trump se niegan a que agentes del FBI comprueben in situ si es cierta la afirmación de que ya no queda ningún material de la etapa presidencial en Mar-a-Lago.

8 de agosto: registro del FBI en Mar-a-Lago

Tras recibir información de "testigos civiles" del entorno de Trump que indican que quedan más documentos en la mansión de Florida, el Departamento de Justicia emite una orden de registro en Mar-a-Lago. La orden es aprobada el viernes, 5 de agosto, y fue ejecutada el lunes 8, día en que Trump estaría en Nueva York declarando en otra causa pendiente abierta por la Fiscalía de ese estado.

En un documento hecho público al filo de la madrugada del pasado martes, el Departamento de Justicia asegura que en el registro se recuperaron más de cien documentos reservados de la mansión de Trump, frente a lo afirmado en la declaración jurada del 3 de junio.

Esos documentos contienen información sobre la seguridad y la defensa nacional, como, por ejemplo, la identidad de informantes de los servicios de inteligencia.

11 de agosto: comparece el fiscal general

Tras las acusaciones de Donald Trump de persecución política o fraude u oscuridad en la investigación, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ofrece una comparecencia pública. Lee su intervención, que dura unos escasos cuatro minutos, y no acepta preguntas. Garland defiende la labor del FBI, asegura que la investigación no ha recibido ninguna influencia política y anuncia que va a hacer pública la orden de registro que se aprobó para entrar en la mansión de Trump. El fiscal da hasta las 15.00 horas del día siguiente al equipo del expresidente para oponerse a la publicación de esta orden.

12 de agosto: se hace pública la orden de registro

Los abogados de Trump no se oponen y aceptan que la orden se haga pública. La publicación de la orden de registro permite que salga a la luz una primera lista de los documentos que Trump guardaba en Mar-a-Lago (entre ellos, información clasificada, un dosier sobre Macron, notas manuscritas, fotografías o el indulto a Roger Stone) y los cargos por los que se investiga a Trump.

El presidente habría incumplido hasta tres leyes federales, entre ellas las de Espionaje y Registros Presidenciales, y está acusado de obstrucción a la justicia y tenencia ilícita y ocultación o destrucción de documentos.

Trump vuelve a insistir en la persecución política y asegura que todos esos documentos habían sido ya desclasificados por él mismo como presidente. Sin embargo, aunque el presidente dispone de esa autoridad, eso nada cambia la ilegalidad presuntamente cometida por Trump puesto que las leyes que se aplican a este caso no distinguen entre documentos clasificados o no, sino el hecho de tener en propiedad archivos presidenciales, del tipo que sea, que son propiedad de la institución y no de la persona, por lo que esta no podría tenerlos en propiedad una vez deja el cargo.

18 de agosto: el juez ordena liberar más documentos

Tras un recurso de diversos medios de comunicación, entre ellos la CNN, el New York Times o el Washington Post, un juez de Florida celebra ese día una audiencia para decidir si ordena hacer público todo el expediente completo de la investigación contra Donald Trump.

El Departamento de Justicia se opone alegando que revelarlo al completo pondría en peligro los próximos pasos de la investigación y daría a conocer la identidad de los agentes y los muchos testigos civiles que han participado en el caso.

El juez resuelve que Justicia elabore un documento editado del expediente de investigación, a fin de que este pueda ser publicado sin comprometer los próximos pasos ni a ninguna persona. Da una semana a Justicia para entregarlo.

26 de agosto: publicado el expediente del caso

Se ha pública la versión editada del expediente de la investigación. Se trata de un documento de 38 páginas, de las que 22 están total o parcialmente tachadas. Incluso así, se ofrecen nuevos detalles del caso. Se hace público que en enero Trump entregó a Archivos Nacionales 15 cajas de documentos, en 14 de las cuales había información clasificada. Y se concreta: en total, en esa primera entrega, había 184 documentos, de los que 67 eran confidenciales, 92 estaban etiquetados como secretos y 25 como muy secretos.

El equipo de Trump anuncia que va a presentar una demanda para evitar que el FBI pueda revisar los documentos requisados hasta que se nombre a un juez especial que supervise esa revisión.

La magistrada federal de Florida que lleva este recurso da hasta el martes 30 de agosto al Departamento de Justicia para presentar alegaciones, y fija una vista oral para el 1 de septiembre con el fin de decidir sobre la petición del equipo de Trump.

30 de agosto: más de 320 documentos reservados

Justicia presenta sus alegaciones en un documento de 36 páginas. Se opone al nombramiento del juez especial para revisar este caso y alega que los documentos ya han sido revisados por el FBI. En su escrito, el departamento judicial ofrece nuevos detalles de la operación contra Trump.

A pesar de que en junio los abogados de Trump comunicaron en una declaración jurada que se habían entregado todos los documentos de Mar-a-Lago, en el registro del 8 de agosto, el FBI recuperó más de cien documentos clasificados. Esto eleva la lista total de archivos reservados que tenía Trump en su mansión de Florida a más de 320.

1 de septiembre: debut del caso en un juzgado

El pasado jueves se celebró en Palm Beach, Florida, la vista oral convocada por una jueza federal en ese estado para decidir sobre la petición de los abogados de Trump de que se nombre a un magistrado especial que supervise los documentos requisados al expresidente en su mansión de Mar-a-Lago. Los letrados de Trump solicitaron también a la jueza que realizara un inventario más detallado de los elementos que el FBI requisó de la mansión de Florida puesto que, alegaron, habría objetos que deberían ser devueltos al no estar bajo la orden de registro.

Fue la primera vez que los abogados de Trump tuvieron que pronunciarse ante un tribunal sobre la investigación del Departamento de Justicia. Este caso lo lleva la jueza federal Aileen Cannon, que fue propuesta para ese cargo por Trump en 2020. Cannon no decidió ese día sobre la petición de un juez especial, pero señaló que era proclive a hacerlo.

Por su parte, los abogados del expresidente rebajaron la gravedad del caso abierto por el Departamento de Justicia y equipararon la tenencia ilícita de Trump de documentos presidenciales a cuando uno "tiene en casa libros atrasados de la biblioteca pública".

El Departamento de Justicia señaló en esa vista oral que se opone al nombramiento del juez especial puesto que toda la documentación del registro ya ha sido revisada por el FBI y los servicios de inteligencia y señalaron que los abogados de Trump habían realizado la petición muy tarde, muchos días después del registro.

2 de septiembre: 13.097 documentos requisados

La juez federal de Florida hace público el inventario detallado de todo lo que el FBI decomisó en Mar-a-Lago. Entre ellos, 103 documentos con información reservada (31 con la etiqueta de confidencial, 54 con la de secreto y 18 con la de top secret) y 90 carpetas vacías, 48 de ellas con la etiqueta de clasificado y otras 42 con otra que especifica devolver al asistente militar/secretario. En total, según el inventario hecho público, en el registro de la mansión privada del expresidente, los agentes se incautaron de 13.097 documentos u objetos de la etapa presidencial de Trump.

La documentación estaba desordenada y repartida por varias estancias y no en el almacén de la residencia de Trump, como este ha asegurado desde el registro. En algunas cajas, según el inventario, había documentos clasificados junto a recortes de prensa y material personal como ropa y regalos.