Amnistía Internacional ha instado a Etiopía, Tanzania y Zambia a que detengan al expresidente estadounidense George W. Bush durante su visita a África, por autorizar crímenes de lesa humanidad, como la tortura. Durante sus dos mandatos (2001-2009), Bush acusa Amnistía aprobó, entre otras medidas, el uso de la asfixia simulada (water-boarding) contra detenidos sospechosos de terrorismo, por lo que debe ser llevado a juicio. 'La ley internacional indica que no debe existir un refugio para los responsables de actos de tortura. Etiopía, Tanzania y Zambia deben aprovechar esta oportunidad para cumplir con sus obligaciones y poner fin a la impunidad que ha disfrutado hasta ahora George W. Bush', dijo Matt Pollard, asesor legal de la organización, en un comunicado.

En febrero, grupos de derechos humanos afirmaron que el exmandatario ya canceló una visita a Suiza debido a la amenaza de posibles acciones legales, algo que fue desmentido por los organizadores del evento al que debía asistir. Bush empezó ayer su gira en Lusaka (Zambia) junto con su mujer, Laura, visitando varios hospitales y, de momento, no parecía que el llamamiento de Amnistía fuera a surtir efecto.

Le acusa de haber aprobado el uso de la asfixia simulada con los detenidos

La ONG ha armado un caso bastante amplio contra el exmandatario estadounidense. Le acusa de 'actos de tortura cometidos contra los detenidos ilegalmente en las cárceles secretas operadas por la CIA entre 2002 y 2009', programa que fue autorizado por la Casa Blanca. Amnistía también responsabiliza a Bush de haber justificado el uso de estas 'técnicas mejoradas de interrogación' y de haber reconocido su uso 'contra ciertos individuos en particular'. Asimismo, asegura que los malos tratos 'no sólo ocurrieron en las instalaciones secretas de la CIA sino también con los prisioneros de la cárcel de Guantánamo en el contexto de los conflictos de Irak y Afganistán', cuando era 'el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas'.

Bush, afirma Amnistía Internacional, decidió 'que la Convención de Ginebra de 1949, incluido el artículo tres, no podía aplicarse a los detenidos de Al Qaeda ni a los talibanes', en el marco de la respuesta de EEUU a los atentados del 11-S.