La Cámara Federal de Casación de Argentina confirmó hoy la pena a cuatro años y seis meses de prisión contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) por el pago de sobresueldos durante su Gobierno, aunque no podrá ser detenido por ser senador y contar con fueros parlamentarios.

Según informaron fuentes judiciales a la agencia estatal de noticias Télam, el más alto tribunal por debajo de la Corte Suprema decidió también confirmar la condena de tres años y medio de cárcel para el exministro de Economía Domingo Cavallo, quien tampoco será arrestado de forma inmediata porque aún puede presentar un recurso extraordinario para intentar llegar al Supremo.

El juicio por esta causa comenzó en marzo de 2015 y culminó en diciembre de ese año con las condenas a Menem —que incluía la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos—, Cavallo y al exministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo a 3 años y 3 meses de cárcel. Por el contrario, se absolvió a la exsecretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, fallecida en diciembre de 2017.

En el expediente se investigó una "maniobra delictiva" llevada a cabo durante los dos períodos presidenciales de Menem, que consistió en la "implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica por parte de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".

En 2005, Alsogaray reveló detalles sobre los sobresueldos que recibieron funcionarios durante el Gobierno menemista, al confesar que como secretaria de Estado llegó a cobrar hasta 40.000 dólares mensuales al margen de su salario, mientras que en el caso de los ministros, la suma extra rondaba los 100.000 dólares, según sostuvo la exfuncionaria.

Menem fue acusado de venta ilegal de armas

Ese mismo año, Alsogaray fue liberada luego de permanecer en prisión durante 21 meses por presunto enriquecimiento ilícito.

Menem, de 88 años y senador desde 2005, fue investigado en varias causas por presuntos actos de corrupción en su Gobierno y ya fue condenado a siete años de prisión por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.

Sin embargo, la pasada semana la Cámara de Casación le absolvió por este delito al considerar que se superó el "plazo razonable" en la causa —el litigio se demoró de manera prolongada, durante dos décadas—.