El acercamiento de la UE a las monarquías árabes, caldo de cultivo para la corrupción

El 20 de noviembre, el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas se encontraba en Catar para fortalecer "los contactos y la cooperación UE-Catar en áreas como el clima, la movilidad, las reformas laborales y la seguridad". Tres semanas después, estalló el Catargate, el mayor escándalo de corrupción en la historia del Parlamento Europeo. Ocho días después, Schinas daba la bienvenida en Bruselas a Adel Al-Jubeir, ministro de Exteriores de Arabia Saudí. Cuatro años atrás, Jamal Khassogi, el periodista crítico con la dinastía saudí era asesinado de forma macabra en el consulado del país en Estambul.

Los dos hechos son el reflejo de una política controvertida y de connivencia de la UE con países que vulneran los derechos humanos de forma sistemática. En el tablero global, los equilibrios de poder han cambiado mucho en los últimos años. Y ello ha tenido impacto en cómo el bloque comunitario teje y conforma sus nuevas alianzas. La política exterior en torno a los países del Golfo y del Mediterráneo impulsada por Donald Trump estaba destinada a fortalecer a su gran aliado Israel en este nuevo juego de poder. Y fue acogida con cierta complacencia en Bruselas.

En 2020, Estados Unidos anunció "el acuerdo de paz del siglo". Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahréin ponían fin a su rivalidad histórica y abrían el camino para una tendencia que llevaba meses en ebullición: el fin del aislamiento de las monarquías árabes del Golfo hacia Israel. Un paso que asestaba una nueva bofetada a las aspiraciones de Palestina para convertirse en un Estado independiente y libre. En este juego de cartas, el objetivo final era aislar a Irán, el centro neurálgico del eje del mal en la región para Estados Unidos.

La reacción de la UE a los bautizados como Acuerdos de Abraham, que no hacen ni una sola mención a los derechos humanos, fue: "La UE da la bienvenida al establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Reino de Bahréin e Israel y Emiratos Árabes Unidos. La UE reconoce el papel de Estados Unidos y cree que estos desarrollos representan una contribución positiva a la paz y a la estabilidad de Oriente Próximo".

La Unión Europea lleva tiempo, especialmente desde la llegada del huracán Trump, buscando su lugar en el nuevo mundo que se está conformando. La ambición de impulsar una "autonomía estratégica" ha cobrado más fuerza tras el estallido de la invasión rusa en Ucrania. Pero la realidad es que en la praxis el bloque mantiene el seguidismo y la tutela de su hermano mayor al otro lado del Atlántico.

Ni Joe Biden ni la UE han enmendado las controvertidas decisiones de Trump

Tras las primaveras árabes de 2011, el proyecto europeo ha continuado sin desarrollar una estrategia y una política de largo plazo con una región mucho más cercana, volátil y con la que se juego mucho más que los alejados Estados Unidos. Al contrario, ha deteriorado las relaciones con China e Irán, los dos grandes adversarios de Washington en el tablero de ajedrez global. Tras la marcha de Trump, ni Joe Biden ni la UE han enmendado las controvertidas decisiones del republicano como el renacimiento del acuerdo nuclear iraní o el traslado de las embajadas de Jerusalén a Tel Aviv.

Pero el gran giro de guion fue el reconocimiento por parte del magnate y expresidente de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos. Un cambio en el statu quo que se mantiene dos años después. La respuesta de la UE a ese acontecimiento global fue señalar que su postura no ha cambiado: un territorio no autónomo y un conflicto que debe resolverse bajo el paraguas de la ONU. Pero sobre el terreno la relación de Bruselas hacia Rabat en los últimos meses se ha estrechado y consolidado. Algo que ha ocurrido de forma más patente en España con ese cambio histórico de postura adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que asume las tesis del reino alauita sobre el Sáhara como "las más viables" para la paz.

El 'Catargate' como detonante de un historial controvertido

En medio de esta aproximación, normalización y estrechamiento de relaciones con las monarquías árabes de la vecindad y del Golfo ha estallado el escándalo de presuntos sobornos de estos países a varios eurodiputados. Lo que comenzó como una trama que solo apuntaba a Catar amplía ya la mira e implica también a Marruecos.

De fondo se producía un acercamiento de Bruselas con su vecino predilecto del sur. El pasado agosto, la UE decidió aumentar hasta los 500 millones los fondos europeos asignados al reino alauí en materia migratoria. Bruselas y Rabat también han aunado fuerzas para intentar frenar la quinta sentencia de la Justicia europea que invalida sus acuerdos comerciales y de pesca por incluir los recursos y territorio del Sáhara Occidental. El Consejo de la UE ha recurrido la histórica sentencia del pasado mes de septiembre y el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) debería llegar en los próximos meses.

Catar ocupa los últimos puestos de libertad de prensa

Por su parte, Catar ha acogido la Copa del Mundo más controvertida de los últimos tiempos. El país ocupa los últimos puestos de libertad de prensa, ser homosexual está penado con cárcel, la lapidación está permitida para las mujeres o más de 6.000 migrantes habrían muerto en la última década trabajando en condiciones inhumanas para construir los estadios. En este escenario, el blanqueamiento del país en buena parte de la comunidad internacional ha sido una constante. "Catar, el primer país árabe y el más pequeño en albergar la Copa del Mundo, ha cumplido con reformas y se merece un éxito global", escribía Schinas en Twitter el día de la inauguración.

El caso de los supuestos sobornos de Catar anticipa un trasfondo para edulcorar la imagen del país. La propia Eva Kaili, la ya exvicepresidenta de la cámara y la detenida más famosa de la trama, afirmó en el Pleno de noviembre que el país del Golfo era un "Estado a la vanguardia de los derechos laborales". Pero en el lobby marroquí, uno de los más intensos en la capital comunitaria, los intereses tanto para Rabat como para Bruselas van más allá. Hay muchos millones de euros en juego e intereses profundos en materia comercial, de pesca, de seguridad y migratoria.

España y Francia han sido tradicionalmente el escudo y los ojos de los de Mohamed VI en las instituciones europeas. Desde Izquierda Unida en la Eurocámara denuncian que PSOE y PP pactaron sacar a Marruecos de la resolución que el Pleno de Estrasburgo aprobó esta semana condenando a Doha por los presuntos sobornos. La exeurodiputada socialista Ana Gomes ha contado esta semana a Público cómo el lobby marroquí era una constante en los pasillos de la cámara, una presión que habría tenido mucho que ver en la aguada respuesta de la cámara hacia el Sáhara Occidental.

El gran escándalo va a suponer, sin duda, un punto de inflexión en la arquitectura de la UE y en su tradicional falta de control y transparencia con los lobbies o con países terceros. Ya se han tomado las primeras medidas. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, ha prometido una revisión profunda de los códigos de conducta éticos. La cámara ha congelado todos los dosieres relacionados con Catar hasta que se esclarezcan los hechos. También ha prohibido la entrada a sus edificios a representantes cataríes. Pero de momento impera el silencio sobre reacciones políticas de contundencia. Doha es uno de los mercados favoritos de los europeos para reemplazar la energía rusa. El Gas Natural Licuado y el petróleo del petroestado son un caramelo peligroso para Bruselas, que en plena guerra energética ha virado a países con dudoso historial de derechos humanos como Azerbaiyán.

El Catargate anticipa una reacción firme en materia de más control sobre los lobbies. Más que por buenismo, por una cuestión de propio interés. La UE no puede permitirse perder credibilidad y confianza de los ciudadanos especialmente en tiempos de populismos euroescépticos en tendencia alcista. Pero la clave pasa por ver si la sacudida de este tsunami provoca un cambio de conciencia y una reacción profunda en las relaciones con países que son en muchas cuestiones antagónicos a los derechos y valores que ensalza el proyecto europeo.