Un tribunal militar de Marruecos juzga estos días a 24 civiles saharauis por los enfrentamientos  de Gdeim Izik, un campamento de protesta levantado por 20.000 residentes del Sáhara Occidental a las afueras de El Aaiún para reivindicar derechos sociales y económicos. El 8 de noviembre de 2010, fuerzas de seguridad marroquís desmantelaron el asentamiento de forma violenta, provocando cientos de heridos y las muertes de tres saharauis. Durante el asalto murieron también once policías de Marruecos, un hecho que se atribuye a la mitad de los 24 detenidos. Sin embargo, las muertes violentas de los tres saharauis no forman parte de la investigación marroquí.

Los procesados fueron arrestados durante los días y semanas posteriores al derribo de Gdeim Izik excepto uno de ellos, que fue detenido un día antes y ahora se le imputa la autoría intelectual del levantamiento del campamento. 'Le acusan de haber retenido a los 20.000 saharauis que participaron allí', señala Luis Mangrané, abogado del Observatorio Aragonés para el Sáhara, que acudió a Rabat como observador internacional la semana pasada. Al igual que Mangrané, juristas de diferentes países y organizaciones como el Consejo General de la Abogacía española, así como miembros de asociaciones marroquíes de derechos humanos, han observado cada día las sesiones del juicio cuyo fallo se espera esta noche, tras darse por concluida la fase de audiencias a los acusados y una vez que terminen los alegatos finales.

Mangrané presenció la primera sesión de la vista oral en Rabat. Ese día, la acusación aportó 'un cajón de hierro con bengalas, machetes y cuchillos'. 'En otra caja había teléfonos y tarjetas de identidad; eran las pruebas físicas con las que supuestamente habían matado a los agentes', detalla. 'Desde el punto de vista del derecho internacional, se trata de un juicio nulo porque les está procesando la potencia ocupante [Marruecos]; no nos merece credibilidad', añade Mangrané, quien también destaca el hecho de que el fiscal se dirigiera constantemente al público en lugar de al tribunal, un detalle anómalo. 'Parecía un juicio de cara a la galería'.

Los observadores internaciones allí presentes coinciden en la falta de garantías procesales y en la vulneración del derecho internacional y de la propia legislación de Marruecos. Una de las transgresiones de la normativa tiene que ver con el tiempo que los detenidos llevan en prisión preventiva: más de dos años desde sus detenciones, cuando la ley marroquí establece un máximo de doce meses. Además, la propia Constitución del reino alauita prohíbe los tribunales especiales, pero en este caso los 24 activistas se enfrentan a una corte militar.  

El juicio comenzó el pasado 1 de febrero después de dos aplazamientos sin justificar, y la vista oral el viernes 8. En la sesión de ayer, los abogados defensores denunciaron la ausencia de pruebas incriminatorias. Según los letrados, la acusación sólo ha podido aportar las confesiones de algunos de los detenidos, unos testimonios puestos en duda por la sospecha de haber sido obtenidos mediante torturas. La defensa solicitó en la sesión anterior pruebas médicas para demostrar dichas torturas, unos episodios que los procesados corroboran a la vez que insisten en la falsedad de sus declaraciones, las cuales se obtuvieron, dicen,  mediante graves vejaciones y humillaciones. 

'La declaración de uno de los acusados está firmada con su huella dactilar, pero se trata de una persona con estudios avanzados', indica Mangrané. Los acusados también insisten en que su detención y enjuiciamiento obedece a razones políticas, por su activismo en la defensa de los derechos humanos y de la autodeterminación del pueblo saharaui.

Asimismo niegan su responsabilidad en los hechos que se les imputan: 'Pertenencia a banda armada; utilizar la violencia contra la fuerza pública de Marruecos, ocasionar la muerte a los agentes marroquís, atentar contra la seguridad interior y, a dos de los detenidos, profanar el cadáver de un policía'. Respecto a esta última acusación, el procurador [fiscal] que ejerce las acusaciones ha presentado como prueba unas fotografías de extrema dureza, pero en ellas no se ha podido identificar a ninguno de los inculpados.  Además, los testigos presentados por la defensa aseguraron que varios de los acusados ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos. Cuando este punto quedó aclarado, la acusación retiró de la sala a sus propios testigos, según han confirmado fuentes de Rabat a Público.

Tampoco se han hallado huellas dactilares de los saharauis en las supuestas pruebas materiales -hachas, cuchillos y machetes-, según estas mismas fuentes. El juicio ha levantado una oleada de apoyos hacia los acusados. En las cercanías del tribunal, decenas de saharauis apoyan a los 24 inculpados con pancartas y coreando eslóganes por la independencia del Sáhara y solicitando su libertad.

La mañana del lunes 8 de noviembre, la localidad de El Aaiún amaneció  envuelta en la habitual calma que precede a la tormenta. A eso de las 06.00, agentes de la policía y del ejército de Marruecos accedieron al campamento Gdeim Izik [dignidad], levantado a las afueras de la ciudad, y lo desmantelaron de manera violenta. Tres semanas antes, el terreno prestado por familias de pastores saharauis se fue cubriendo con 7.500 jaimas, las tiendas tradicionales de los habitantes del desierto. Desde el asentamiento, cerca de 20.000 peronas reinvindicaron al gobierno de Mohamed VI el cumplimiento de unas condiciones de vida  y unos derechos que les son vulnerados desde que Marruecos ocupó el territorio en 1975.  Politólogos como Noam Chomsky han considerado los sucesos de Gdeim Izik como el detonante de la Primavera Árabe.