Hace tres años, la opinión pública británica quedaba consternada tras salir a la luz la base de datos secreta que una organización clandestina, Consulting Association, comercializaba a más de 40 empresas del sector de la construcción, como Balfour Beatty, Carillion, Amec, Skanska o Taylor Woodrow, entre otras. Los archivos contenían datos personales de más de 3.200 trabajadores, especialmente aquellos considerados agitadores de izquierdas y activistas sindicales, para su posterior uso de cara a futuros procesos de contratación.

Durante la investigación, aparecieron facturas de casi medio centenar de empresas en las que se constataba que mediante el pago de una cuota anual de 3.000 libras (3.700 euros) era posible acceder a la base de datos o, en el caso de consultas puntuales, por 2,20 libras (2,76 euros) por fichero. Mucha de la información recabada –y comercializada- provenía, además, de investigaciones secretas de dudosa legalidad.

A pesar de la gravedad del asunto, éste se zanjaría en 2009 con una multa de 5.000 libras (6.300 euros) al que para muchos no fue más un chivo expiatorio, el administrador de la base de datos, Ian Kerr, un antiguo investigador privado de 66 años. La organización cerraría y apenas una docena de las compañías involucradas recibirían requerimientos legales.

Ahora, tres años después y convencida de que la trama es de igual calado que el escándalo de las escuchas ilegales del diario News of The World, la organización de derechos civiles Liberty vuelve a la carga reclamando al organismo regulador, la Information Commissioner’s Office (ICO), una investigación más exhaustiva. La representante legal de Liberty, Corinna Ferguson explica que “hemos enviado una carta al comisario de Información y, honestamente, no sabemos qué esperar de su respuesta”. Desde su punto de vista, “es increíble que tan sólo 14 empresas de las que hacía uso de las listas negras fueran apercibidas, sin multas ni procesamientos judiciales, y otras 30 ni siquiera recibieran la atención de las autoridades”.

Ferguson lamenta que “aún haya miles de trabajadores que ni siquiera saben que fueron espiados”; de hecho, hasta la fecha, tan sólo 600 de los 3.200 trabajadores incluidos en las listas negras han solicitado a la ICO una copia de sus expedientes.

Los responsables del organismo han confirmado a este medio haber recibido la carta de Liberty, “a la que responderemos en su debido momento” al tiempo que puntualizan que “en 2009 cerramos el caso de la lista negra de Consulting Association en el sector de la construcción con las armas más potentes que teníamos a nuestra disposición entonces y nuestra acción tuvo muy buena acogida”.

A pesar de ello, la abogada de la organización pro derechos civiles considera inaudita “la inacción de la ICO en una violación de derechos humanos de tanta repercusión pública” y avanza que “la semana que viene deberíamos tener noticias del organismo regulador”. En caso de que esta respuesta no satisfaga los requerimientos de Liberty, Ferguson lo tiene claro: “acudiremos a la vía judicial, porque existen suficientes leyes en defensa de la privacidad y la libertad individual para que se reabra el caso y se investigue a todas las constructoras implicadas en esta trama”.

Consulting Association desarrolló su actividad bajo el mando de Ian Kerr durante tres décadas, a lo largo de las cuales confeccionó minuciosos expedientes en los que desgranaba afinidades políticas y sindicales, describía amistades e incorporaba extensos listados de datos personales.

Steve Acheson, electricista de 59 años ha relatado a Público.es “el infierno” por el que atraviesa desde hace doce años. Corría el año 2000 cuando trabajaba en una fábrica y fue despedido al denunciar los riesgos laborales en los que incurría la planta. “Fue entonces cuando se abrió un expediente sobre mi, sin tener yo conocimiento de ello, en ese momento pasé a formar parte de la lista negra por ser considerado un cabecilla sindical”. No sería hasta nueve años después cuando la prensa destapó el escándalo de la base de datos ilegal y con ello, Acheson descubrió que había estado siendo investigado durante toda la década, plasmando en un informe de 22 páginas no sólo datos personales como su número de seguridad social, teléfono, dirección, fecha de nacimiento y afiliaciones políticas y sindicales sino, incluso, detalles como por qué zonas se movía para encontrar trabajo o mentiras “como que he vivido en Alemania, cuando en realidad no he pisado ese país en mi vida, o que había tenido relación con el IRA”.

En los últimos doce años, este electricista tan sólo ha podido trabajar de manera temporal, muy esporádica y con contratos precarios. Así sucedió en 2008, justo antes de que la trama se hiciera pública, cuando la contrata BMSL le ofreció un puesto de supervisor en la central energética Fiddlers Ferry en Cheshire. A las cuatro horas, la oferta era retirada. Acheson lleva desde entonces protestando en las puertas de la central, con pancartas que reclaman un trabajo digno. “Yo me quedé sin trabajo porque resultaba molesto”, explica, “porque me preocupaba por la seguridad laboral y era un activista sindical”. De hecho, su entrada en el sindicalismo se produjo en 1996, a raíz de la muerte de un compañero en un caso de siniestralidad laboral

En los tres últimos años no he recibido ni una sola oferta de trabajo, a pesar de haber enviado cientos de currículums. Acheson no recibe ayudas del Estado y su familia se mantiene con el trabajo a jornada completa de su mujer Debra. El electricista es uno de los que demandarán a las compañías involucradas, como Carillion, reclamando daños y perjuicios por “este grave caso de discriminación, de violación de nuestros derechos humanos”. En su opinión, “ni siquiera se trata de una cuestión de dinero, aunque por culpa de esta lista negra he perdido 400.000 libras (más de 500.000 euros) en sueldo al haber sido privado de trabajo. Es una cuestión de dignidad, de orgullo; queremos ver en la cárcel a los responsables de esta violación”.

Carillion, una de las mayores constructoras británicas, es una de las compañías que en los próximos meses habrá de enfrentarse a acciones populares en los juzgados. Uno de los sindicatos que representaba a buena parte de los trabajadores investigados entonces, el GMB, ya se ha puesto en contacto con un bufete de abogados para reclamar indemnizaciones a esta compañía.

GMB lo ha hecho público recientemente, durante la celebración en Brighton de su conferencia anual en la que ha presentado un informe donde denuncia cómo 2.863 trabajadores de la construcción ignoran aún hoy haber sido objeto de investigación. Según el documento, entre octubre de 1999 y abril de 2004, la constructora habría gastado más de 32.400 libras (unos 42.800 euros) en acceder a los datos personales de trabajadores, esto es, el equivalente a más de 14.700 consultas puntuales.

Este fue el caso de Dave Smith, un ingeniero de 46 años cuyo expediente constaba de 36 páginas con todo lujo de detalles, hasta el punto de que, tal y como apunta Ferguson, “aunque no estamos seguro de la afirmación, un miembro de la propia ICO ha llegado a admitir que los expedientes contenían información que sólo podría haberse obtenido a través de la policía o de los servicios de inteligencia”.

Smith reclamó a Carillion una indemnización por daños y perjuicios de 175.000 libras (220.000 euros). Los tribunales desestimaron su demanda por considerar que, a pesar de que la propia compañía reconoció la utilización de los servicios de Consulting Association a través de sus filiales Carillion (JM) Limited y Schal International Management Limited, él no era empleado directo de Carillion, sino de una contrata. Ahora, a las puertas de un nuevo juicio, la constructora ha emitido un comunicado en el que niega “aprobar o participar en listas negras”, así como estar “en contra de los sindicatos”. El escrito justifica su presencia en la lista como consecuencia de haber adquirido previamente una compañía implicada y asegura “tomarse muy en serio este tipo de denuncias”.

Paul Kenny, secretario general de GMB afirma que “Carillion ha utilizado ilegalmente su poder y dinero para crear listas negras de ciudadanos y negarles su derecho a trabajar”. Secundando sus palabras, el profesor de la Derecho Público en el King’s College de Londres, Keith Ewing, asegura que “se trata de la mayor violación de derechos humanos en relación con los trabajadores de los últimos 50 años en Reino Unido”.

El caso de la lista negra de Consulting Association ha cobrado aún fuerza en los últimos días con las acciones legales emprendidas contra Sir Robert McAlpine, constructor del estadio olímpico de Stratford y conocido donante del Partido Conservador, al que en la campaña 2008-2009 donó 100.000 libras (unos 126.000 euros).

La compañía, según ha podido saberse por los archivos incautados, podría haber gastado 28.000 libras (35.200 euros) en consultas a esta base de datos ilegal. Sir Robert McAlpine ya aparecía en la lista de empresas implicadas publicada por la ICO en 2009. Entonces, hacía un año que había arrancado el proyecto del estadio de Stratford y aún restarían dos más para su finalización, que en ningún momento se vería afectada por estos hechos. No sólo eso, sino que también continuaría con otros contratos, como la ampliación de la autopista M1.

La demanda interpuesta ahora ha sido presentada por 86 de los más de 3.200 afectados por el espionaje. Reclaman 17 millones de libras (21,4 millones de euros) por daños y perjuicios, cifra que incluso podría alcanzar los 600 millones de libras (más de 755 millones de euros) a medida que se sumen nuevos demandantes en los próximos meses.

Preguntas por Publico.es, fuentes de Sir Robert McAlpine se limitan a declarar que “dado que los procedimientos judiciales están en marcha, no sería apropiado para la compañía hacer ningún tipo de comentario al respecto en estos momentos”.