Con diferentes denominaciones la genérica es 'bandas emergentes' se asiste en la mayor parte del territorio colombiano a una recomposición del fenómeno paramilitar con los mismos elementos presentes desde comienzos de los noventa: narcotráfico, extorsión, toma de tierras con desplazamiento forzado e intervención en la política. La inseguridad y el crimen se extienden en Colombia como evidente fracaso de la bandera con la que el presidente Álvaro Uribe trata de ser reelegido: la 'seguridad democrática'.

Para la politóloga Claudia López, que levantó el escándalo de la parapolítica, 'los hechos demuestran que si las FARC desaparecieran hoy, las cifras de violencia, excepto los muertos por atentado y minas, permanecerían prácticamente iguales'. El Gobierno de Uribe ha centrado su política de seguridad en la derrota de la guerrilla, mientras el fenómeno más extendido por todo el país es el resurgimiento del paramilitarismo. Según la Policía Nacional, el problema incluye a ocho bandas con 4.500 integrantes. Pero diversas ONG y la propia Defensoría del Pueblo tienen registradas más de 82 bandas que operan en 273 municipios, con no menos de 10.000 hombres bien armados, la mitad de ellos procedentes del viejo paramilitarismo, supuestamente desmovilizado.

Desde el inicio de su segundo mandato en 2006, Uribe emprendió un proceso de desmovilización pactada con los paramilitares, agrupados en su mayor parte en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Se produjeron entregas públicas de armas, participación de organismos internacionales y hasta la intervención de sus máximos dirigentes como Salvatore Mancuso en la tribuna del Parlamento para explicar los 'servicios' rendidos a Colombia en su lucha contra la guerrilla. En realidad, como denunció pronto la misión de seguimiento de la Organización de Estados Americanos, no se entregaba la totalidad de armas, ni las más modernas, y el paramilitarismo se ibareorganizando en zonas como Nariño, Córdoba, La Guajira o Bolívar. En el norte de Santander, el propio Mancuso reconstruyó a través de sus mandos medios el temible Bloque Catatumbo, responsable de unos 2.000 asesinatos.

En Sucre, los hombres de Jorge 40, extraditado actualmente como Mancuso en EEUU por narcotráfico (no por los crímenes del paramilitarismo) reconocieron al menos 1.500 muertes, que no han recibido ningún castigo, y siguen operando, combinando el desplazamiento forzado de campesinos con la actividad legal a través de políticos, empresarios y funcionarios. En realidad, el paramilitarismo nunca ha sido castigado realmente por sus masacres y negocios ilícitos.

Las bandas emergentes más importantes que se extienden por el país son: las Águilas Negras, que actúan ya en Córdoba, Santander, Magdalena Medio, Antioquia e incluso en barrios populares de Bogotá, como San Cristóbal; Los Rastrojos, herederos del cártel del norte del Valle del Cauca y extendidos ya por gran parte del país, y Los Paisas. Practican sus actividades de siempre (narcotráfico, extorsión, toma de tierras y desplazamiento forzado de los campesinos, violaciones como arma de presión) y actúan en 25 de los 32 departamentos de Colombia.

También intervienen en política con la persecución de líderes comunitarios, de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, y están enquistados en estructuras del Estado. El escándalo más reciente ha sido el del jefe de Fiscalías de Medellín, Valencia Cossio, hermano del ministro de Justicia, cuya actividad estaba presuntamente vinculada al servicio de los más temibles paramilitares de la región y que hoy se encuentra a la espera de sentencia.

La propia Defensoría del Pueblo ha sido objeto de las acciones del nuevo paramilitarismo. En realidad, el de siempre, porque, como señalan fuentes de esa institución: 'Se trata del reagrupamiento de paramilitares que se habían desmovilizado y que siguen reclutando menores'. El pasado día 11, el edificio de la Defensoría en Córdoba fue allanado y sólo se robó un ordenador que contiene información sobre violaciones de derechos humanos por parte de paramilitares y de las fuerzas de seguridad. Lo mismo ha sucedido en las sedes de Barrancabermeja y Cartagena.

Según el Defensor del Pueblo, las amenazas a ONG y defensores de Derechos Humanos son constantes en Bogotá, César, Magdalena y Bolívar. También los crímenes y amenazas para lograr el desplazamiento violento de los campesinos. Hoy hay en Colombia más de tres millones y medio de desplazados y su número sigue en aumento.

Sin embargo, el Gobierno de Uribe no da respuesta al fenómeno, actuando de forma débil y tratando la acción paramilitar (asesinatos, extorsiones, expulsiones) como actos aislados de 'delincuencia común'. Y a menudo se produce una connivencia de las fuerzas del orden y las bandas del paramilitarismo, con los fabulosos beneficios del narcotráfico engrasándolo todo.

Como escribía esta semana la citada analista Claudia López en el diario El Tiempo: 'El narcotráfico se limpia y legitima a través de políticos y funcionarios que posan de gobernadores, alcaldes, coroneles y toda una gama de funcionarios públicos y empresarios legales a costa de decenas de miles de muertos'. Con decenas de parlamentarios que le sirvieron de apoyo a Uribe en su primera reelección presos por sus nexos con el paramilitarismo, la política colombiana, según López, 'está más tomada por la mafia y la corrupción que nunca'.