El primer ministro británico se disculpó ayer en nombre de los 'diputados de todos los partidos' que han deshonrado al Parlamento británico abusando del sistema de remuneración creado y controlado por los propios parlamentarios. El acto de contrición pública de Gordon Brown intenta contener el escándalo de los excesos en las partidas de gastos que representantes del Gobierno y la oposición cargan a Hacienda año tras año.
Ningún partido sale bien parado del torrente de abusos desvelado por el diario The Telegraph desde la semana pasada. En los primeros días, la denuncia se centró en los gastos que presentaron Brown y sus miembros de gabinete desde 2004 a 2007. Trascendieron acuerdos sospechosos, como los 300 euros mensuales que el primer ministro pagaba a su hermano, Andrew, por los servicios de limpieza de su piso de Londres. Y casos potencialmente fraudulentos: la ministra Hazel Blears cargó al erario subvenciones por tres viviendas diferentes en un mismo año.
Ayer, la atención recayó en los conservadores. Michael Gove, portavoz de Educación, cobró unos 22.000 euros para decorar un piso y sufragar la adquisición de una segunda vivienda en 2006. Oliver Letwin,coordinador del programa electoral de los tories, cargó a los fondos públicos 2.200 euros para arreglar la pista de tenis de su mansión campestre. El contribuyente también costeó con unos 76.000 euros un piso que el responsable de Interior, Chris Grayling, compró a pocos kilómetros de su residencia familiar.
'Otro mal día para el Parlamento y, sinceramente, un día malo para el Partido Conservador', dijo el líder David Cameron al publicarse las últimas alusiones. 'El público está realmente enfurecido y debemos empezar diciendo que el sistema es erróneo y que lo sentimos', añadió.
El jefe de los liberaldemócratas, Nick Clegg, advirtió de que las 'disculpas vacías' no aplacarán la 'furia' del electorado. Ningún diputado ha admitido fraude o falta alguna en sus gastos y simplemente culpan al 'sistema' de los excesos desvelados.
La Ley de Acceso a la Información, introducida por el Gobierno laborista, puso contra las cuerdas a los políticos. Los tribunales fallaron a favor de la publicación de todos sus gastos con cargo al erario y el Parlamento se dispone a difundir unos dos millones de recibos presentados por los diputados desde 2004. Pero The Telegraph se ha adelantado a la jugada.
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