Cinco años después de que comenzara a funcionar, el Tribunal Penal Internacional (TPI) todavía no ha juzgado a nadie. Es el hecho que más sobresale en la evolución de una institución cuyo nacimiento fue calificado, a bombo y platillo, como uno de los acontecimientos más importantes en la lucha contra la impunidad en el mundo. Ni siquiera la petición, realizada el pasado lunes por la Fiscalía, de que se inculpe por genocidio al presidente sudanés, logra quitar el mal sabor de boca de quienes depositaron su esperanza en TPI para que juzgara y encarcelara a déspotas y criminales hasta entonces impunes.

'El TPI ha hecho notables progresos para ofrecer justicia a las víctimas de abusos horribles en medio de enormes obstáculos', opina Richard Dicker, de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Pero HRW considera que el TPI 'también ha cometido errores en su estrategia y en su modo de actuar'. Así lo dijo en un informe difundido la semana pasada. Hace hoy diez años, 120 miembros de la ONU aprobaron en Roma el estatuto para crear el TPI, el primer tribunal en la historia encargado de hacer realidad el principio de justicia universal de forma permanente capaz de juzgar delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Hasta la creación del TPI, los esfuerzos internacionales por juzgar crímenes como los cometidos en el genocidio ruandés o en la antigua Yugoslavia se habían hecho desde tribunales ad hoc, específicamente creados para tratar la situación en dichos países. El texto de Roma enviaba una señal a dictadores y señores de la guerra y les advertía de que, a partir de ahora, serían perseguidos por sus crímenes. El balance, a diez años de la firma en Roma y cinco después de que el TPI echara a andar, es ambivalente. 'El tribunal es uno de los instrumentos internacionales más cruciales aprobados en el último medio siglo', afirma Vidal Martín, de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE).

El tribunal se puso en marcha tras la entrada en vigor, el 1 de julio de 2002, del Estatuto de Roma. Los primeros 18 jueces y el fiscal, el argentino Luis Moreno-Ocampo, tomaron posesión de su cargo en 2003.

Moreno ha abierto investigaciones en relación a cuatro países africanos: en el caso de Uganda, República Democrática de Congo y República Centroafricana lo hizo a petición de los propios estados; en el caso de Sudán, la investigación se abrió a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU.

Doce órdenes de arresto internacional se han emitido públicamente y cuatro presuntos criminales han sido detenidos: se trata del ex vicepresidente congolés y ex líder rebelde Jean Pierre Bemba, buscado por su papel en masacres en la República Centroafricana, y los líderes rebeldes de Congo Thombas Lubanga, Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui.

'Nos alegramos del arresto de esos señores de la guerra, pero hay que recordar que no actuaron solos', reaccionaba en su informe HRW. 'Prominentes figuras políticas de Congo, Uganda y Ruanda les armaron y apoyaron', señala.

'La buena noticia es que las investigaciones en curso apuntan a algunas de las peores atrocidades cometidas en los últimos años', opinaba en un reciente artículo el vicepresidente de la organización International Crisis Group, Nick Grono. 'La mala noticia es que aún no ha habido juicios y todos los casos se refieren a África', añadía Grono. Vidal Martín coincide: 'Habrá que ver si el TPI se abre a Colombia y Afganistán, cuándo y a qué velocidad'.

'El tribunal está todavía poniéndose en pie, pero sin más apoyo internacional podría fallar en su objetivos', concluía Grono. Sin policía propia, el TPI depende de la cooperación de los Estados para la detención y entrega de los sospechosos.

El pasado lunes, el fiscal Moreno-Ocampo presentó cargos por genocidio y crímenes de guerra contra el presidente sudanés, Omar al Bashir, y solicitó a los jueces que admitan los cargos y lo procesen. Fue la primera vez que un jefe de Estado en activo veía su nombre en un acta de acusación salida del TPI.

La noticia fue celebrada por quienes denuncian las violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2003 en la región sudanesa de Darfur, y por quienes pensaban que el TPI se estaba centrando en sospechosos de grupos armados, y no en personalidades de alto nivel y que ocuparan posiciones de poder, como jefes de Estado.

La petición del fiscal llegó días después de que éste recibiera el peor varapalo desde que asumió el cargo. El 2 de julio, los jueces de la Sala de Audiencias Preliminares del TPI ordenaron la puesta en libertad del primer sospechoso que llegó detenido al tribunal, el congoleño Lubanga, debido a errores de procedimiento en la investigación.

El juicio a Lubanga iba a comenzar el 23 de junio, pero la sala lo paralizó por considerar que la Fiscalía violó su derecho a preparar su defensa al ocultar a los abogados del miliciano 200 documentos confidenciales que contienen información potencialmente exculpatoria. Moreno-Ocampo ha recurrido.

'La actuación de la Fiscalía no se puede permitir. Que Lubanga salga a la calle por un error es muy censurable. Afectará al ánimo de la comunidad internacional y de quienes trabajan en el tribunal', dijo a Público el investigador de FRIDE.

Pese a las críticas que merece para HRW la actuación del fiscal, la organización cree que hace falta un respaldo más sólido de la comunidad internacional a un órgano prácticamente recién nacido.

HRW considera que otro de los retos que tiene el TPI es acercarse más a las víctimas y lograr que su trabajo resulte reparador y relevante para ellas. Ahora mismo, las víctimas lo sienten lejano y ajeno. 'Al fin y al cabo -dice en su informe-, las víctimas son las comunidades a las que TPI nació para servir'.