BARCELONA.- La soprano Montserrat Caballé no podrá recibir subvenciones públicas ni gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un año y medio, en virtud de su acuerdo con la Fiscalía, en el que acepta una condena de medio año de prisión y una multa de 254.231 euros por defraudar a Hacienda.

En el escrito de acuerdo, cuyos principales rasgos ya se dieron a conocer el pasado 23 de diciembre, la soprano acepta, además de la pena de prisión de seis meses y la multa de 254.231 euros, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un año y medio.

En caso de impago de la multa, la diva afrontaría un arresto de 28 días, según el acuerdo, alcanzado el pasado 10 de diciembre por el abogado de la soprano, el ministerio público y la Agencia Tributaria tras complejas negociaciones que se prolongaron durante meses.

El acuerdo deberá ser ratificado ante el juez cuando la soprano sea citada por el juzgado de lo penal de Barcelona al que corresponda enjuiciarla.

El pacto también prevé que Caballé indemnice con 72.202,46 euros a la Agencia Tributaria, por los intereses de demora en el pago de la cuota tributaria.

Además, las tres partes también solicitan de común acuerdo que cuando se dicte sentencia y ésta sea firme la justicia suspenda por dos años la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, pese a que en la mayoría de los casos los tribunales eximen del ingreso en prisión cuando las penas son inferiores a los dos años y no hay antecedentes penales.

En virtud de este acuerdo de conformidad, Caballé se beneficia de una rebaja sustancial de la condena solicitada por la Fiscalía, que le aplica la atenuante de la reparación del daño por haber devuelto a Hacienda los 508.462 euros que la Agencia Tributaria le reclamaba por la declaración de IRPF de 2010.

El acuerdo entre las partes se alcanzó cuando la Agencia Tributaria aceptó, como exigía la soprano, rebajar la multa al 50 % de la cantidad evadida, en vez del 65 % que se impone habitualmente a los defraudadores que deciden poner en regla su situación para beneficiarse de una rebaja de condena.

La causa abierta a Caballé, de 81 años, es fruto de una querella que la Fiscalía de Delitos Económicos presentó en abril del pasado año por fraude fiscal contra la diva, a la que acusaba de no haber presentado ante Hacienda la declaración de IRPF de 2010, alegando falsamente que era residente en Andorra, con lo que eludió tributar por los ingresos obtenidos en sus recitales y grabaciones.

En concreto, actuó en 2010 en conciertos en España, Alemania, Suiza, Italia, Lituania, República Checa, Rusia y Ucrania, así como en grabaciones musicales en Moscú, Ginebra y Barcelona, por los que ingresó poco más de dos millones de euros.

De estos dos millones de euros que percibió en 2010 por estas actuaciones, 1,5 millones debían haber integrado la base imponible del IRPF, una vez deducidos los gastos, ya que 439.612 euros se encontraban exentos de gravamen en España.

Sin embargo, Caballé, que estaba obligada a presentar la declaración de renta ante la Agencia Tributaria al ser residente en España, figuró formalmente como residente en Andorra "con el deseo de no tributar en la Hacienda Pública española y no ingresar en este organismo público el dinero que le correspondía por este impuesto", según recoge el fiscal en su escrito de conformidad.

Según este documento, la diva cobró por sus actuaciones tanto en efectivo como por cheque nominativo y por ingreso en cuentas que tenía en el Banc Sabadell de Andorra.