TOLEDO.- Los gobiernos del PP de Murcia, Valencia, Andalucía y Madrid han presentado este martes su propuesta para la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura en el marco de la consulta pública abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pivotando su planteamiento en que cualquier cambio a realizar no tenga como base los caudales ecológicos fijados en el plan de cuenca.
Una planificación hidrográfica aprobada en enero de 2023 por el Gobierno central, en el que por primera vez se contemplaba el establecimiento de caudales mínimos para el Tajo -atendiendo así la directiva europea y varias sentencias del Supremo-, confirmando así el recorte al trasvase.
Un documento que ha sido recurrido ante el Supremo por los gobiernos levantinos y el madrileño, que ahora de cara a la modificación de las reglas de explotación vuelven a utilizar como argumento que los caudales ecológicos que establece fueron fijados sin criterio científico, por lo que ahora reclaman que no sirvan de base para la nueva regulación, sino que se tengan en cuenta "criterios objetivos".
Asimismo, en el documento presentado ante el ministerio defienden también que en ninguna de las cinco sentencias del Tribunal Supremo incluidas en la información publicada por el departamento que dirige Teresa Ribera de cara a la modificación de las reglas de explotación se determina el caudal concreto que se debe fijar, y por ello consideran que no deberían tampoco ser argumentos en esta actualización regulatoria.
Un cambio en las reglas de explotación para el que se ponía en marcha la maquinaria por parte del Gobierno central el pasado 18 de abril, abriendo un plazo de quince días -que concluye este jueves, 2 de mayo- para que todos los interesados pudieran plantear sus propuestas.
Alegaciones pactadas por los gobiernos populares de Fernando López Miras, Carlos Mazón, Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, en las que plantean que cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentren en nivel 3, situación de excepcionalidad, la toma de decisiones sobre los trasvases a autorizar debe basarse en criterios objetivos, para lo cual piden incorporar "la regla del tercio", con la que se tendrían en cuenta los recursos disponibles en ese momento y la previsión de los dos siguientes meses.
Propuestas elaboradas desde el Gobierno murciano y que las otras tres comunidades autónomas gobernadas por los populares han refrendado, tal y como ha señalado su presidente, Fernando López Miras, en presencia de su homólogo valenciano, Carlos Mazón, durante el acto celebrado en Murcia con motivo del 45 aniversario del trasvase.
Acto en el que ha defendido los criterios técnicos por los que siempre se han regido las reglas del trasvase, por lo que ahora cree que no deben ser "criterios políticos alentados desde Castilla-La Mancha" los que primen en este cambio en la regulación de los envíos de agua desde la cabecera del Tajo hacia el levante.
López Miras ha apelado a "la época de consenso vivido en la Transición" en la que se inició el trasvase, al considerar que la importancia de esta infraestructura se ha contrastado en las últimas décadas, "con una reutilización de agua del 98 por ciento y con el 85 por ciento del riego modernizado".
Por ello, el presidente murciano ha criticado a quienes "intentan hacer creer que los trasvases son de derechas y la desalación de izquierdas", puesto que "no es así", ha argumentado, al tiempo que ha acusado al Gobierno central, obligado a gestionar las políticas de agua, de "mirar hacia otro lado" y no abordar un plan nacional del agua.
Un planteamiento en el que, sin embargo, va un paso más allá el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, quien directamente ha señalado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por "achuchar" al ministerio para aprobar la modificación de las reglas de explotación "a su conveniencia".
En este sentido, considera que tras él ha surgido "todo el coro de ángeles y arcángeles que se lanza a la calle a pedir con urgencia la modificación de las reglas de explotación", las cuales -ha recordado- debían haberse aprobado en febrero, pero ahora el ministerio "dice que no estarán antes de octubre". Algo que dice les preocupa, al considerar que "algo conoce Castilla-La Mancha que no conocemos nosotros".
"Sospechas" del sindicato de regantes que pasan también por el hecho de que el aumento de los caudales ecológicos del Tajo se traduciría en un primer recorte al trasvase de al menos 30 hectómetros cúbicos.
Así, a ese planteamiento conspiratorio se sumaba también el presidente valenciano, argumentando que que se han producido "26 o 27 recortes injustificados" por no tener unas reglas de explotación "de rigor, de justicia, técnicas y serias", y por dar "demasiado margen al capricho político" de la ministra Ribera, a la que ha criticado que no haya otorgado "una audiencia mínima" a las autonomías afectadas.
Del mismo modo, Mazón ha pedido al Ejecutivo que "abandone de una vez" la ideología y el sectarismo y que se ponga a trabajar "con rigor, con ingenieros, con datos, con justificaciones adecuadas".
Mensaje al que se ha sumado López Miras, advirtiendo que si se intenta imponer esa ideología: "Aquí vamos a dar la batalla y vamos a hacer lo que haga falta". "Si se ponen fuertes, nosotros seremos más fuertes, porque tenemos la razón, que es lo que da la fortaleza".
AYUSO SE SUMA A LA BATALLA
Argumentos esgrimidos desde el Levante, a los que ahora se suma también en pleno la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ya recurriera ante el Tribunal Supremo, en noviembre del año pasado, el plan hidrológico del Tajo al considerar que "boicoteaba" el sistema de abastecimiento de agua madrileño.
Entonces, cabe recordar, acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "obsesionado" con Madrid y de querer hacer que su región "se muera de sed".
Acusaciones que la presidenta popular justificaba señalando que la nueva planificación encerraba "impedimentos" a los trasvases necesarios para que el agua llegara a las casas de los madrileños, impidiendo a la vez "cumplir los requisitos de depuración". Todo ello pese a que el plan hidrológico del Tajo contempla 900 millones de euros para depuración de aguas en la Comunidad de Madrid.
Frente a ello, y pese a haberla puesto como modelo para distintas políticas en Castilla-La Mancha, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha desmarcado en esta ocasión de Ayuso, y de los otros tres presidentes autonómicos del PP, para dejar clara su defensa de los intereses de la región en materia de agua.
Núñez, que se atribuye haber liderado los consensos alcanzados en la región en este sentido, considera que deben blindarse los derechos hídricos de Castilla-La Mancha y que los trasvases únicamente deben producirse en caso de "necesidad real".
Por su parte, desde el PSOE castellanomanchego ven en este movimiento, al que ahora "se ha apuntado" la Comunidad de Madrid, un paso más en "la estrategia de expoliar el agua a Castilla-La Mancha de las comunidades del PP".
