Corría marzo de 2016. En la Comunidad de Madrid, los partidos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) daban a luz a la ley trans. Por aquel entonces, el PP desplegaba banderas arcoíris en las instituciones y el colectivo LGTBI conquistaba derechos con su beneplácito. El gobierno de Cifuentes se abstuvo para que saliese adelante una ley pionera en el mundo que supuso un gigantesco avance para las personas trans. La ley ha funcionado sin ningún tipo de problema hasta ahora. Pero casi 8 años después, el pasado mes de diciembre, el PP de Ayuso tomó la decisión de modificarla.  

Este inexplicable hecho tiene el dudoso honor de haber supuesto el primer recorte en materia LGTBI de la historia de nuestra democracia. El argumento esgrimido para hacerlo fue el de dotar las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de "mayor rigor científico". Un volantazo que ha significado un viaje hacia atrás en el tiempo, alejando la acción política del sentir de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Madrid, que veían cómo una parte de los derechos reconocidos del colectivo LGTBI se esfumaban. 

"¿Qué derechos se han recortado?" Es la pregunta que se ha repetido irónicamente hasta la saciedad, como un mantra, tras la modificación de la ley. Pues bien, es en materia educativa y sanitaria, donde las competencias están transferidas a las autonomías, donde los retrocesos más flagrantes se han llevado a cabo.  

Con la reforma aprobada, en Madrid las personas trans vuelven a necesitar requisitos patologizantes e informes médicos para iniciar su transición. Especialmente preocupante es la situación de los y las menores trans, a quienes la nueva norma exige contar con apoyo de profesionales de la salud mental. Recordemos que en el año 2018 la transexualidad dejó de ser considerada como una patología por la OMS y, por tanto, las personas trans no necesitan ser tratadas como enfermas. Lo que sí necesitan es que se garantice la igualdad y la protección de sus derechos para que puedan habitar en un entorno sin sufrir violencia ni discriminación. ¿Es que acaso esto no es un derecho? 

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Estaremos de acuerdo en que la etapa de la infancia y la adolescencia es fundamental para el desarrollo de la propia identidad. Por tanto, negar a los menores trans una correcta atención sanitaria y los recursos de apoyo necesarios, supone arrebatarles el derecho a su libre desarrollo. Y esto puede acarrear consecuencias terribles en su salud física y mental, aumentando el riesgo de depresión, ansiedad e incluso de suicidio. 

Estos requisitos médicos solicitados solo sirven para hacer un dibujo caricaturesco de los menores trans, situándoles como potenciales enfermos, paternalizando su identidad y cuestionando su madurez, lo que se traduce en una evidente vulneración de sus derechos que abre un nuevo escenario de exclusión al negarles su reconocimiento legal y la protección adecuada. 

El Defensor del Pueblo, en una acertadísima decisión, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta modificación a fin de evitar que siga perpetuándose la situación de marginalidad históricamente vivida por las personas trans y considerando que la nueva ley patologiza a los menores y vulnera sus derechos.  

El Defensor del Pueblo recurre ante el Constitucional la ley trans de Madrid por vulnerar derechos de los menores

Los menores trans merecen vivir acorde a su identidad de género y poder desarrollarse de manera sana y feliz. No se trata de una mera cuestión de justicia, también lo es de salud pública y bienestar social. De que se reconozcan y garanticen los derechos de las personas LGTBI y trans, especialmente de los más vulnerables: los menores. 

No podemos hablar de democracia cuando convivimos con un colectivo que ha sido históricamente humillado, perseguido, torturado, encarcelado y, desgraciadamente, también asesinado en nuestro país. Las personas trans merecen que, como sociedad, garantizaremos que dejen de vivir en los márgenes y que puedan tener infancias felices y alcanzar la adultez acorde a su identidad. Merecen que asumamos la responsabilidad de derribar las barreras que impiden, desde que son menores, que puedan poner en marcha su proyectos vitales. Recurrir el recorte en Madrid es sinónimo de recurrir una medida que, lejos de hacer mejor sus vidas, les vuelve a robar la dignidad que durante tanto tiempo les negamos como país.  

Es una cuestión de justicia democrática.