La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) acaba de publicar su Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de las Sociedades Cotizadas y el balance es tan contundente como desalentador. De media, los consejeros de las empresas del Ibex 35 cobraron 54 veces más que sus empleados y empleadas. Entre las empresas que no cotizan en este índice, la diferencia media desciende hasta las 17 veces. Estas brechas tan desorbitadas explican por qué en plena ola inflacionista, remontando aún las crisis tras la pandemia, el número de millonarios crece en España mientras los colectivos vulnerables aumentan.
Analizando el total de las empresas cotizadas, la brecha retributiva entre consejeros y empleados es de 31 veces, mientras que si se toma en consideración únicamente a los consejeros no ejecutivos, éstos ganan de media el triple que el resto de los y las trabajadoras. De media, los consejeros ejecutivos cobraron 1,6 millones de euros, mientras que los no ejecutivos ganaron 153.000 euros, frente a los apenas 15.000 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Dicho de otro modo, saliendo del marco de esas empresas y trasladando las diferencias al contexto nacional, un consejero ejecutivo de las empresas cotizadas cobra un 10.500% más que alguien con SMI.
Estos desequilibrios salariales son fuente de pobreza y desigualdad. A pesar de ello, el empresariado ofrece resistencias numantinas a subir el sueldo a sus empleados y empleadas para poder reducir la brecha, pues las ganancias de unos y la pérdida de poder adquisitivo de otros son vasos comunicantes. El fenómeno no es aislado en España; si miramos al otro lado del Atlántico, en EEUU llevan tiempo barajando la posibilidad de establecer topes salariales. No se trata de una medida patrimonio exclusivo del partido demócrata: según una encuesta de Just Capital, el 62% de los republicanos y el 75% de los demócratas estarían a favor de esta limitación salarial.
Ni es sano desde la óptica de la justicia social ni es lógico bajo el prisma económico que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ganaran el año pasado 12,67 millones de euros y 11,74 millones, respectivamente, mientras los salarios de sus plantillas apenas se vislumbran desde sus torres de marfil.
Cuanto más cobran estos ejecutivos, menos ganancias quedan del crecimiento económico para los trabajadores y trabajadoras, precisamente en un momento en el que las energéticas del Ibex dispararon sus ganancias más de un 41% en 2022 y las empresas del Ibex en conjunto facturaron 52.000 millones, con unos ingresos de medio billón de euros.
El informe de la CNMV es demoledor y solo es la punta del iceberg, toda vez que el 75% de las empresas del Ibex 35 ocultan información sobre sus filiales en paraísos fiscales. Quienes defienden esta desigualdad salarial también respaldan la avaricia empresarial que, como ha revelado recientemente el Banco de España, ha llevado a muchas empresas a incrementar sus márgenes muy por encima de la subida de los costes de producción que ha traído la inflación. Hablando en plata, utilizan la inflación como coartada para enriquecerse. Reivindicar esta brecha salarial es defender el incremento de las hipotecas, la escalada del precio de la energía y los abusos en las grandes cadenas de supermercados. No se puede negar lo segundo y defender lo primero, pues son inseparables.
El enriquecimiento de unos siempre es parejo al empobrecimiento de otros, con el agravante añadido de que el mayor damnificado es el Planeta, cuyas condiciones de vida cada vez se tornan más extremas. Por otro lado, los niveles de responsabilidad de estos altos ejecutivos son más que cuestionables, porque cuando la facturación y los márgenes de una organización se precipitan por las malas decisiones directivas, no son los consejeros quienes afrontan las consecuencias, sino que es la fuerza laboral la que asume los despidos. Además, y dado que estamos hablando de empresas cotizadas, también es de ley reconocer que buena parte de los sueldos de estos consejeros vienen derivadas de sus acciones, cuyo precio, además de subir por las actividad específica de la empresa, también se impulsa por las tendencias generales del mercado.
Por este motivo, es importante reequilibrar la situación, no sólo estableciendo topes salariales, sino adoptando otro tipo de medidas que, claro está, requieren de coraje e integridad política para no sucumbir a los grupos de presión empresariales (lobbies). Hablamos de establecer impuestos especiales para aquellas corporaciones cuyas brechas salariales sean desorbitadas o restringir su participación en cualquier tipo de contratación pública. Tal y como indica Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor en la Mondragon Unibertsitatea, el número de personas que acumulan una riqueza superior a los dos millones de euros ha crecido un 33% en la última década en España. Sin embargo, el tipo efectivo que pagan por impuesto sobre patrimonio se ha reducido un 8,9%. El 10% más pobre de España paga un tipo medio en impuestos del 28%, mientras que el 10% más rico, por su parte, un 27%.
Está más que probado económicamente que limitar el crecimiento de esa élite directiva favorece la reducción de la desigualdad salarial, incrementándose las retribuciones de la clase trabajadora. Esta medida impacta positivamente en el conjunto de la economía, acelerándose la reducción de la desigualdad y sacando a colectivos enteros de la exclusión y la vulnerabilidad. Ahora, pregúntese por qué en casi ningún medio de comunicación se analizan los datos del informe de la CNMV desde una óptica económico-social y deducirán el poder de esos lobbies para seguir con su bota en nuestros cuellos.