Esta semana hemos asistido a un muestrario perfecto de lo que puede dar de sí la política en términos opuestos, aunque es verdad y desgraciadamente, que sobre la opinión pública ha impactado de lleno lo negativo, probablemente, porque lo positivo se le presupone -y por tanto no debería ser noticia- a la política y a quienes trabajan en ese servicio público.

Pese a todo, en Público queremos acabar la semana subrayando la buena noticia, una noticia trascendental y de impacto directo en la vida ciudadana de muchas personas, que ha sido la aprobación de la reforma de la ley del aborto, una nueva ley del aborto que incluye el derecho a abortar con 16 y 17 años sin el permiso de los padres, entre otras cuestiones.

La ley considera la realidad: abortar con 16 y 17 años es decisión de la mujer embarazada, una mujer lo suficientemente madura para saber qué le conviene. Los derechos de las mujeres avanzan pese al esfuerzo de arrastre que suponen las resistencias reaccionarias de los poderes patriarcales, ultrarreligiosos o machistas.

Pero vayamos al otro extremo que nos ha brindado un lamentable uso político del Tribunal Constitucional: el PP, en clara connivencia con los magistrados de su cupo, cuyo mandato lleva caducado desde el 13 de septiembre, han pretendido bloquear un debate y una votación en el Congreso, sede de la soberanía nacional, de tu voto y el mío; del corazón de la democracia. De momento, el Constitucional ha frenado y la votación tuvo lugar el jueves, pero queda la votación
del Senado y el bloqueo del ejercicio soberano es posible aún.

Si esto se produce, la democracia estaría vendida, con un TC abierto a bloquear votaciones parlamentarias. ¿Imaginan qué habría pasado en este caso con la aprobación de la nueva ley del aborto y PP y Vox, antifeminista declarado, en el Gobierno? ¿Pueden adivinarlo?

Yo sí, por eso, y aún sin saber qué pasará la semana que viene con el Constitucional y la votación en el Senado, creo que la enseñanza es clara: primero, los y las demócratas tenemos la obligación de defender con uñas y dientes nuestro voto. Segundo, los partidos democráticos y los y las políticas que se jacten de ello, están obligados a renovar nuestros órganos constitucionales y garantizar con una reforma profunda estructural que ninguna institución del Estado, sean su Jefatura o sus tribunales, puede silenciar lo único que tenemos los y las ciudadanas para conformar los sistemas que nos gobiernan: nuestro voto.