Financiación autonómica y singularidades, ¿sí o no?

La propuesta de financiación que encierra el acuerdo de gobierno entre PSC y ERC, no del todo dibujada, ha provocado ya ríos de tinta marcados por la inmediatez y la coyuntura. Sin embargo, sólo una perspectiva general y estructural del problema puede aportar luz para encajar singularidades y multilateralidad. Es por ello que conviene elevar el vuelo y abordar, desde lo más alto, una solución al problema competencial y de financiación del actual modelo territorial.

Deficiencias generales y suficiencia global del actual sistema

El sistema de financiación autonómica (SFA) es un pacto político de convivencia que tiene como objetivo lograr que todas las comunidades autónomas (CCAA) dispongan de los recursos necesarios para garantizar el ejercicio de su autogobierno, tanto en lo que se refiere a la prestación de Servicios Públicos Fundamentales (SPF) —Sanidad, Educación y Servicios Sociales—, como al desarrollo del resto de las competencias transferidas. Nos encontramos en un momento crucial en el que no se pueden seguir dando patadas adelante al abordaje de la reforma del SFA, que debería haberse realizado hace diez años. Cada vez que ésta se obvia, se pierde una oportunidad para mejorar en la garantía y expansión en la prestación de servicios públicos del estado de bienestar y en el logro del desarrollo competencial pleno de las CCAA.

Lo primero que conviene destacar es que son manifiestos los problemas de suficiencia global, de estabilidad y de reparto del modelo de financiación vigente, de 2009. El modelo recogía las necesidades particulares en prestación de servicios de cada comunidad autónoma mediante el reparto del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FG-SPF) a través de la población ajustada y tenía en cuenta aspectos singulares como la insularidad, la despoblación, la población mayor de 65 años o la dispersión geográfica poblacional.

Pero ese modelo no estaba preparado para la crisis financiera de 2008, que provocó un terrible desplome de los ingresos fiscales, ni tampoco para el posterior traslado a las CCAA del grueso de los recortes en gastos sociales por parte de las severas políticas de austeridad. El modelo, además, incluye unos fondos de ajuste que más que ajustar, desajustan, porque se distribuyen según criterios muy diversos y a veces contradictorios, en los que la preservación del statu quo representa un papel significativo.

El primer objetivo del SFA debe ser hacer igual a la gente en hospitales, centros de salud o colegios públicos, independientemente de su origen. Porque el derecho a recibir servicios públicos no debe estar vinculado ni a la renta per cápita ni a la cantidad de impuestos pagados. Así se establece en la LOFCA. Sin embargo, aún se acarrean desigualdades preautonómicas, tanto en el despliegue de servicios públicos como en los recursos disponibles por parte de los distintos territorios.

El derecho a recibir servicios públicos no debe estar vinculado ni a la renta per cápita ni a la cantidad de impuestos pagados.

Por otra parte, no hay que olvidar el efecto sede: la recaudación se produce en el lugar en el que se encuentran las sedes sociales de las empresas, en vez de donde se realizan las diferentes actividades productivas. Esto convierte a Madrid y Catalunya en los polos de recaudación. Además, por su centralidad, la Comunidad de Madrid añade al efecto sede la intersección en competencias de gasto por capitalidad de servicios del Estado. Asimismo, también hay que tener en cuenta aquellas comunidades ligadas históricamente, como Andalucía y Catalunya, unidas por la aportación de mano de obra, indispensable en el desarrollo regional catalán.

El reparto y las singularidades competenciales

El segundo reto relevante del nuevo modelo de financiación autonómica está en garantizar el gasto efectivo del SPF de las comunidades autónomas con sus necesidades particulares. Esta es una cuestión central, y aunque habrá quienes pongan encima de la mesa el principio de ordinalidad y la preservación del statu quo, antes de abordar cualquier otro aspecto, será esencial garantizar la prestación de los servicios públicos mediante mecanismos de nivelación adecuados.

Actualmente, a la insuficiencia global del sistema, se une el gran perjuicio ocasionado a las comunidades infrafinanciadas: Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. Y es que cuando las CCAA no tienen suficientes recursos, no solo no pueden desarrollar sus competencias, sino que se endeudan a causa de la “infrafinanciación autonómica”. En el primer trimestre de 2024, la deuda de la Comunitat Valenciana alcanzaba el 41,5% de su PIB, lo que supone casi veinte puntos por encima de la media del Estado español (22,2%).

Resulta importante recalcar que el SFA no solo persigue financiar el SPF, sino las demás competencias transferidas. Por este motivo, creo que es el momento de avanzar y analizar cómo financiar las singularidades competenciales de desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental para garantizar todos los autogobiernos autonómicos, no solo el catalán. La demanda de Catalunya puede y debe ampliar las financiaciones singulares del resto de las autonomías, que deberían ser factibles y deseables.

Las soluciones y el federalismo

Las soluciones que se proponen ante la insuficiencia global del sistema requieren una reforma tributaria integral en España que garantice ingresos suficientes y mejore la justicia redistributiva. También sería el momento de renegociar las aportaciones de Euskadi y Navarra, que recaudan y gestionan sus impuestos a través del sistema de “cupo”. Además, debe incluirse un cambio en el reparto entre la Administración central y las CCAA a favor de las autonomías, dado el actual desequilibrio vertical en la distribución de los recursos públicos en favor del Estado. Y cortar, a base de solidaridad, el camino a la vía recentralizadora que asume la insostenibilidad del estado de bienestar; que defiende la modificación a la baja de la cartera de servicios y que no reconoce las singularidades territoriales.

El avance en el SFA nos lleva a hablar sobre la necesidad de ajustar el modelo autonómico a prácticas y principios federales, tal y como se recoge en la reciente obra La cuestión territorial en España, coordinada por Adoración Galera. Como allí se indica, la distribución competencial desigual no está claramente definida; los mecanismos de conexión y entre administraciones no están bien diseñados y los mecanismos de solidaridad y cohesión son disfuncionales. Por tanto, se abre una oportunidad para aclarar los aspectos competenciales y desarrollar las autonomías, pero no solo la catalana.

Financiación autonómica, políticas neoliberales y deslealtad institucional

Por último, debe quedar claro que el sostenimiento del SFA es incompatible con las políticas neoliberales y con la deslealtad institucional. Y de esto se habla poco, tal vez porque no interesa a determinados partidos, adictos a las prácticas neoliberales de recortes de servicios públicos y privatizaciones. Lo que socava los servicios públicos y no permite el acuerdo no son las singularidades, que se debe aspirar a atender, sino otras cuestiones como la falta de responsabilidad fiscal que se produce cuando se acude al aumento de la financiación estatal en lugar de al aumento de impuestos, y se asignan recursos a áreas menos prioritarias para evitar los costes políticos directos de su financiación.

¿Acaso no resulta incoherente pedir más financiación autonómica con una mano mientras con la otra se ponen en marcha políticas de dumping fiscal, de fomento de la insolidaridad fiscal o de privatizaciones? Pongamos como ejemplo el caso de Andalucía, donde vemos un progresivo maltrato a los servicios públicos por la vía de las privatizaciones: la comunidad ya cuenta con siete universidades privadas; se va reduciendo la cuota de la enseñanza pública en el sistema educativo a favor de la privada; y se registra una caída del gasto por habitante en el sistema público de salud, mientras crecen los conciertos privados. Atacar el funcionamiento de los servicios públicos tiene como consecuencia la debilitación del marco común de convivencia entre comunidades diversas y resulta incompatible con la defensa de un SFA justo.

Volviendo al título de este artículo Financiación autonómica y singularidades, ¿sí o no? Definitivamente, sí. Las singularidades deben tener cabida en el nuevo SFA y no son incompatibles con la igualdad ni con la solidaridad. Básicamente, se abre una oportunidad para evitar asimetrías en lugar de fortalecerlas, a través del diálogo y la negociación política. Si no, ¿qué sentido tiene un gobierno compartido entre el Estado y las CCAA? ◼