Monarquía, ¿de la Constitución a las urnas?

Monarquía o república. Nunca se planteó esta cuestión al pueblo, pero el franquismo implantó la Corona en el Estado español, y la democracia acató. “Todo está atado bien y atado”, dijo el dictador Francisco Franco en diciembre de 1969. Una forma de dejar claro que su legado se mantendría después de su muerte, como ha ocurrido con esta institución. Ni siquiera la desafección creciente hacia la Monarquía y los casos de corrupción en los que se ve inmersa hacen que su permanencia peligre. Su blindaje se asegura desde la Constitución hasta el Gobierno, pasando por partidos presuntamente republicanos.

La reclamación de una república frente a esta imposición nunca desapareció. Las protestas y reivindicaciones siempre se mantuvieron cada 14 de abril y la figura de la monarquía es cada vez más cuestionada en medios de comunicación que hasta hace pocos años mantenían en la sombra determinadas actividades del rey Juan Carlos. Tampoco se puede obviar que las iniciativas para reclamar un referéndum por el que la ciudadanía pueda decidir siguen creciendo en universidades y barrios. El mito de la monarquía y la democracia ha caído, y un nuevo frente republicano se abre paso de la mano de las nuevas generaciones.

La valoración de la sociedad sobre la monarquía no se conoce con datos oficiales. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha dejado una gran laguna tras de sí y hace más de tres años y medio que no pregunta sobre ella en sus encuestas. La última vez fue en abril de 2015. La Casa Real suspendió: la nota media fue un 4,34. Un dato bajo, pero superior a los últimos años cuando Juan Carlos I estaba al frente. En abril de 2013, obtuvo un 3,68 y, al año siguiente, un 3,72.

María Jesús Funes, licenciada y Doctora en Sociología, especialista en Sociología Política y profesora de la UNED, señala que este cambio en el CIS es un dato importante en sí mismo. “A la hora de valorar una encuesta, es tan importante lo que se pregunta como lo que no. Durante muchos años salía bien valorada la monarquía y yo sospecho que se ha dejado de preguntar porque ya no había una valoración positiva. Esto debe corresponder a una decisión política que gira en torno a que el CIS no quería mantener un dato que era negativo para la monarquía”, indica Funes a Público.

El sociólogo, politólogo y doctor por la Universidad Rey Juan Carlos Roberto Luciano Barbeito coincide en este punto con Funes. “Hay indicios de que el CIS no quiere preguntar porque tiene que hacer públicos los datos y el apoyo ha ido disminuyendo”, expresa a este medio. El CIS, por tanto, ha dejado de preguntar. Al menos, lo preguntó en alguna ocasión. Ningún gobierno democrático ha realizado esa pregunta a la ciudadanía. Nunca. Jamás.

En la carta magna se estableció como forma de gobierno la monarquía parlamentaria. Los padres de la Constitución la blindaron en el Título Preliminar y en el Título II, junto con la defensa de los derechos y de las libertades básicas. De hecho, el principio monárquico se sitúa por encima del principio democrático: cuando las Cortes Constituyentes se proclamaron, la monarquía ya estaba implantada.

Los conductores de la Transición se encargaron así de echar el cerrojo a la monarquía. En el artículo 168 se fijó que cualquier modificación debe pasar una “reforma agravada”: se requieren dos terceras partes del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes y un nuevo apoyo con la misma proporción de votos de las nuevas Cámaras. Además, el artículo 56 se encargó de librar a la figura del rey de responsabilidad asegurando que su persona “es inviolable”.

¿Cómo se llegó a establecer en la Constitución y en la Transición que el modelo de Estado sería la monarquía? Los defensores monárquicos siguen escudándose en que fueron los españoles los que votaron esta cuestión en la carta magna. Pero, como indica Barbeito, se votó en un “paquete único que era el de democracia”. Es decir, se aprobó el texto global que tuvo su origen en la Ley para la Reforma Política, sustituyendo la Ley Fundamental del Régimen de Franco. Un acto de liquidación de leyes franquistas en el que se incluía la monarquía en el paso hacia la democracia.

La Junta Democrática puso la opción de un referéndum sobre la mesa. Entre las doce peticiones del manifiesto constituyente pidieron en el punto once “la celebración de una consulta popular con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado”. Pero la petición de la Junta Democráticanunca se llevó a cabo y ahora sabemos por qué.

El expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, confesó en una entrevista con la periodista Victoria Prego en 1995 que no realizaron la consulta porque la monarquía podía perder. El fragmento en el que Suárez hace la confesión se guardó durante años en la hemeroteca de Antena 3hasta que unos periodistas de La Sexta toparon con él de casualidad. “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum, hacíamos encuestas y perdíamos”, desveló. Y explicó que la solución para no se realizara la consulta fue meter “la palabra rey y la palabra monarquía en la ley”. Así dijo “que ya había sido sometido a referéndum”.

Sin embargo, esta maniobra no fue suficiente para hacer desaparecer la idea de una consulta. Incluso parte de los partidarios de la monarquía consideran necesario revalidar la legitimidad que ofrecen las urnas. Funes considera que la monarquía tiene “legitimidad de origen” porque se votó “dentro del marco de la Constitución”. Sin embargo, diferencia esto de la “legitimidad de ejercicio”. Es decir, “cómo la monarquía española ha actuado para seguir manteniendo el apoyo ciudadano”. La socióloga apunta que hay unas causas judiciales y eventos que rodean a la Casa Real española que hacen muy “discutible” que pueda mantener la legitimidad.

Cuando tomó más peso el debate sobre monarquía o república fue después de la abdicación del rey Juan Carlos I. “La desafección con la Casa Real viene del tiempo del rey emérito y de los casos de corrupción”, señala a Público Berta Barbet, politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, doctora en Ciencias políticas por la Universidad de Leicester y miembro de Politikon. El exmonarca abandonó el frente después de los primeros suspensos en el CIS y de comenzar a destaparse el caso Nóos que llevó a Iñaki Urdangarin a prisión.

Al mismo tiempo, se celebraban las primeras manifestaciones de Jaque al Rey. Elena Martínez, una de las organizadoras de estas manifestaciones convocadas por la Coordinadora 25S, señala a Público que la movilización puso sobre la mesa “en un momento de crisis” que “un proceso constituyente tiene que ser republicano”. “Por eso los diversos jaques, porque monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción”, indica.

El discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 sobre la situación en Catalunya marcó otro antes y después. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo por la Universidad de Yale y referente internacional de los movimientos de izquierdas, considera que esta intervención fue “el comienzo de su fin”. “Un político puede hablar así, un rey no puede porque tiene que respetar todas las opiniones, también la de las minorías como pueden ser los independentistas. Felipe VI se manifestó como rey de una fracción”, asegura a Público. Desde el panorama europeo, Sousa Santos apunta que varios países tienen monarquías pero, la diferencia, es que en ellas “prácticamente no se nota su presencia pública” como en Dinamarca o Inglaterra. “En el Estado español hay una monarquía que quiere tener influencia en la vidapolítica y financiera”, asegura.

Junto con esto, el pasado julio se destapó otro caso que alertó de la corrupción en la monarquía. Los audios de la aristócrata Corinna zu Sayn-Wittgenstein pusieron el foco a Juan Carlos I. Unidos Podemos y ERC intentan crear una comisión de investigación desde entonces en el Congreso. Pero la Mesa de la Cámara Baja, con los bloqueos de PP, PSOE y Ciudadanos, ya ha vetado hasta en tres ocasiones esta posibilidad. Los partidos alegan la inviolabilidad de la figura del monarca, indistintamente del momento de su abdicación.

Unos de los pocos sondeos sobre la percepción de la ciudadanía lo realizó Podemos en estas fechas. Un 16% de los preguntados asocia la monarquía con la democracia y un 54% quiere que se celebre un referéndum para decidir sobre la forma del Estado, revelan estas encuestas avanzadas por Público. Además, un 46% de los ciudadanos quiere una república, duplicando a los que abogan por mantener la monarquía. Otro dato relevante es que cuanto más jóvenes son los encuestados, más se apuesta por la república.

Esto coincide con la encuesta del Instituto de la Juventud de 2017 que mide la valoración de la juventud sobre las instituciones. La monarquía suspendió con un 3,3. Más allá de los datos estadísticos, Funes considera que desde hace una década hay una juventud “muy comprometida políticamente que está manifestándose en contra de la monarquía”. “Pulsando la opinión pública de los jóvenes, no hay dato que lo ponga en duda. El 15M fue unpunto de inflexión en la política española que se promueve y mantiene gracias a un sector muy importante de la juventud, un sector que está, fundamentalmente, en contra de la monarquía”, precisa.

Junto a esta desafección, crecen las voces que reclaman un referéndum. La activista Elena Martínez, de la Coordinadora 25S, señala las movilizaciones republicanas y las consultas populares que ya han comenzado a hacerse en Madrid. “El pasado 23 de junio se realizó el Vallekas Decide, y ya está en marcha en otros tres distritos. Los estudiantes de la Autónoma también la están preparando”, recuerda. Además, las iniciativas se extienden a otros siete distritos y cinco municipios madrileños y otros centros de estudios de la capital. Todo ello pone en el debate los valores democráticos de mantener una monarquía como la actual sin pasar por un referéndum. “Siempre que tenga únicamente funciones de representación y simbólicas, creo que el sistema puede ser plenamente democrático, a pesar de que la institución no lo sea del todo”, apunta Barbet.

Pero, de otra parte, Boaventura asegura que “es necesario un referéndum pactado vinculante”. “La gente tiene que decidir. La Iglesia católica, que siempre fue monarquista, tiene que manifestarse. Ahora se está pagando el precio de una Transición que fue demasiado suave y hay mucho desasosiego por los problemas no fueron resueltos. 40 años después. Hay heridas que siguen abiertas y la monarquía es una de ellas”, incide. Y, más aún, Barbeito considera que “toda generación tiene problemas propios y en una democracia deben tener el derecho a poder debatirlos y decidir sobre ellos”.

Por ello, apunta que en términos de legitimidad democrática “un referéndum es una fórmula razonable para que se exprese el apoyo o no a la forma política de Estado”. Con todo ello, no queda más que preguntar si ha llegado ya el momento de que la monarquía pase por las urnas.