Diez multinacionales se embolsan el 65% del dinero que España destina a frenar la migración

En 2013, la Administración Obama redujo el presupuesto militar estadounidense (equivalente al 38% del gasto mundial en defensa) por primera vez desde la caída de la URSS. Las grandes corporaciones de ese país reaccionaron y en menos de un año lograron readaptar sus productos (radares militares, drones, detectores de minas...) y hacerse con buena parte del negocio en torno a la frontera de México, un movimiento que relata en varios reportajes The New York Times. Estas empresas contaron con conocidos ex altos cargos de los partidos republicano y demócrata para presionar a los legisladores y representantes públicos a su favor y conseguir contratos millonarios en el mercado antimigratorio.

En España se dio un proceso similar, pero en magnitudes más modestas y con menor difusión informativa. La industria armamentística nacional y otros grandes contratistas del Estado amortiguaron los recortes en defensa y otros presupuestos, en parte gracias al emergente gasto antimigratorio de España y Europa, ajeno a las políticas de austeridad. Esta estrategia de negocio se vio favorecida por la llamada crisis de los refugiados de 2015.

En los últimos cinco años, casi siete de cada diez euros del Gobierno de España para gestión migratoria fueron desembolsados a un grupo de diez empresas, que suman más de un centenar de puertas giratorias, principalmente entre ex altos cargos del PP y el PSOE.

La Industria del Control Migratorio (ICM) tiene rasgos similares a la industria armamentística, pero también comparte características de otros sectores profundamente dependientes del dinero público y sensibles a los cambios normativos, como el farmacéutico o el de las obras públicas. Las empresas y organizaciones patronales de la ICM usan métodos de captura política similares a los de los fabricantes de medicamentos o armas, como invitar a representantes públicos a grandes eventos o galas de fundaciones creadas ex profeso, mantener ingentes plantillas de lobbistas en los centros de toma de decisiones, copar espacios clave en los medios de comunicación y contratar a ex altos cargos políticos con importantes agendas de contactos.

La confluencia de intereses que generan cientos de empresas y miles de lobbistas a todos los niveles permite que la ICM y las autoridades públicas que la financian remen en la misma dirección a la hora de abordar las migraciones.

Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno de España adjudicó al menos 660 millones de euros para obras y servicios relacionados con el control migratorio. La cifra engloba todos los contratos públicos y publicados relacionados con la gestión migratoria en España (1.677 adjudicaciones), pero no refleja la totalidad del gasto español en control migratorio. De las 819 empresas de la ICM adjudicatarias de estos contratos, un reducido grupo de diez acaparó el 64,8% de todo el dinero adjudicado.

Las empresas que más dinero ganan con la ICM en España pertenecen a los sectores naval, de la defensa, aviación y obras públicas, aunque también hay organizaciones no gubernamentales y compañías de alimentación, tecnológicas y de limpieza y mantenimiento, entre otros.

Los órganos de dirección de las grandes protagonistas de la ICM en España se han beneficiado de al menos 121 casos de puertas giratorias, de los que 68 siguen en su puesto en la actualidad, según la investigación de porCausa y Público. Entre estos casos destaca la presencia de ex altos cargos del Partido Popular y del PSOE.

También abundan los nombres de antiguos altos cargos autonómicos, miembros de la familia real, aristócratas, ex altos mandos del Ejército, antiguos jerarcas del franquismo e incluso personal del CNI. En este sentido, las multinacionales de la ICM con mayor número de puertas giratorias son Indra y Repsol (26 puertas giratorias cada una), Telefónica (29), Grupo ACS (18), Acciona (15), Everis (10), El Corte Inglés (15), Airbus (7) y Ferrovial (6). Ninguna de estas empresas ha querido responder a las preguntas formuladas por este medio.

El negocio de Salvamento Marítimo: Babcock Mission Critical

Babcock Mission Critical es la compañía que más dinero facturó en el negocio migratorio en España, gracias a que en 2018 obtuvo un contrato de 217,8 millones de euros para encargarse del servicio aéreo low cost de Salvamento Marítimo. A pesar de la cuantía de ese contrato, Babcock fue la única que se presentó al concurso público. Desde 2014, esta empresa británica ha incrementado su negocio en España de forma notable, especialmente tras hacerse con el control de Inaer, una compañía alicantina aeronáutica con más de cien helicópteros y una decena de aviones en su flota.

A principios de 2019, una investigación reveló que los radares de los aviones de Salvamento Marítimo, fundamentales para rastrear la presencia de personas en el mar, llevaban al menos cinco meses rotos. Estos radares tienen un alcance de 30 millas náuticas, mientras que la visión humana a la que se limitaban los rastreos no supera las 3,5 millas de distancia.

Coincidiendo con esa publicación, Salvamento Marítimo anunció un cambio en su protocolo de comunicación y estableció un apagón informativo en sus redes sociales sobre su labor de rescate. Desde entonces, esta institución dependiente del antiguo Ministerio de Fomento no informa en sus redes de los rescates de pateras que realiza, como hacía a diario y casi en directo.

Por otro lado, el sindicato CGT ha denunciado en reiteradas ocasiones que Babcock no cuenta con el personal necesario para operar la flota aérea de Salvamento, mientras que los 1.300 rescatadores de su plantilla han protagonizado varias protestas y huelgas contra los continuos recortes en personal, salarios y material. Babcock declina responder a las preguntas de este medio.

Helicópteros de rescate de Inaer (Babcock Mission Critical) para Salvamento Marítimo. Vídeo: INAER (Babcock)

ACS y las obras para frenar y retener a migrantes

La segunda empresa más destacada del negocio antimigratorio en España es ACS, la multinacional de obras públicas que preside Florentino Pérez y segunda empresa del Ibex 35 con más filiales en paraísos fiscales. A través de Abertis y las filiales del Grupo Clece, entre 2014 y 2019 ACS ingresó al menos 44 millones de euros a través de 14 contratos por servicios variados, que van desde las labores de reparación y mantenimiento en las vallas fronterizas (ACS, Indra y Ferrovial acaparan dos tercios del dinero para las vallas de Ceuta y Melilla), hasta la impartición de cursos para extranjeros, el despliegue de guardas de seguridad y el suministro de comida e higiene en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Con frecuencia, la calidad de los servicios de ACS en estas cárceles de migrantes es objeto de denuncias por parte de internos, trabajadores e incluso la dirección de los mismos.

Algunos de estos contratos públicos a favor de ACS revelan inconsistencias. El caso más ilustrativo es el de los dos contratos que el Ministerio de Fomento adjudicó a su filial Abertis en 2016 y 2017 respectivamente, bajo el concepto “prestación del servicio de socorro para la seguridad de la vida humana en el mar”. Ambos contratos son similares, pero su cuantía no: en 2016, este contrato fue adjudicado a Abertis por 6,8 millones de euros. Un año después, ese contrato volvió a recaer sobre la misma compañía, pero por valor de 29,7 millones de euros. A pesar de las elevadas cuantías de estos contratos, Abertis (a través de su filial Retevisión) fue la única que presentó una oferta al concurso público.

El consejo de administración de ACS contaba ya con al menos 14 ex altos cargos del Estado cuando recibió estos contratos, sin contar al presidente de esta multinacional, Florentino Pérez, que en el pasado ocupó puestos de relevancia en los ministerios de Industria y Agricultura, y en el Ayuntamiento de Madrid. En esas puertas giratorias figuran antiguos altos cargos del Ministerio de Fomento como Antonio Botella García y Emilio García Gallego.

Indra, tecnología militar antimigratoria

Indra es una de las multinacionales más destacadas del Ibex 35, la única española en el top 100 de la industria armamentística mundial y uno de los principales exponentes de la ICM en España y Europa. Esta empresa, cuyo principal accionista es el Estado (18,7% de las acciones), obtuvo al menos 26,6 millones de euros en 40 contratos públicos (28 sin concurso público), en su mayoría de los ministerios del Interior y Defensa, para labores de control migratorio que van desde el mantenimiento de las instalaciones del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil (12 contratos —diez sin concurso público— que suman más de 11,6 millones de euros), hasta la instalación de radares en la frontera sur y sistemas de reconocimiento facial en puestos fronterizos, o la integración del nuevo sistema de "fronteras inteligentes".

Entre los servicios y obras de control migratorio adjudicados a Indra hay al menos cinco contratos menores (sin concurso público) de servicios en la categoría "perímetro fronterizo", por 17.990 euros y otros importes similares, todos ellos cercanos al límite legal -en aquel entonces de 18.000 euros- que obligaba a la Administración adjudicadora a abrir un concurso público para que las empresas que lo deseen presenten sus ofertas.

Indra, una de las principales beneficiarias de las políticas antimigratorias a nivel europeo, es también una de las empresas españolas con mayor número de ex altos cargos públicos en nómina, aun sin contabilizar a políticos como el expresidente Felipe González, que prestaba asesoría al presidente de Indra y emprendía negocios conjuntos con su hijo y esta empresa armamentística. En los últimos años, Indra contrató al menos a 25 ex altos cargos del Estado, entre ellos los exministros Juan Carlos Aparicio, Miguel Sebastián, Antonio Cuevas y Fernando Abril-Martorell —este último, presidente de Indra en la actualidad—, además de a dos embajadores, varios altos mandos militares del Ejército español y la OTAN (incluidos dos ex jefes del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire), y otros ex altos cargos de los Gobiernos centrales y autonómicos, exdiputados y antiguos altos cargos del Banco de España, entre otros.

A su vez, Indra está siendo investigada en el marco de la operación anticorrupción Lezo por supuestos pagos ilegales al PP de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Javier Monzón, que fue presidente de Indra entre 1993 y 2015, fue absuelto en esta causa en enero de 2020. Actualmente, Monzón es presidente no ejecutivo de la corporación mediática PRISA, editora de El País.

Drones de vigilancia nocturna desarrollados por Indra. Fuente: INDRA.

Gauzón Ibérica y las patrulleras de la Guardia Civil

La cuarta empresa que más dinero público obtuvo en el mercado antimigratorio es la armamentística Gauzón Ibérica (al menos seis contratos del Ministerio de Defensa desde 2014 hasta 2019, y tres de Interior, por valor de 31,5 millones euros en total). El repertorio de adjudicaciones a Gauzón revela cuantías dispares, desde contratos de menos de 9.000 euros por la revisión de chalecos salvavidas, hasta uno de 18,7 millones para prestar servicios auxiliares a la flota de la Guardia Civil. Entre los contratos millonarios otorgados a Gauzón, destaca uno del Ministerio de Defensa valorado en siete millones de euros para la “gestión marítima de los buques oceánicos de la Guardia Civil”. Este contrato fue adjudicado sin concurso público, a través de un procedimiento negociado a puerta cerrada con Gauzón, y hasta la fecha no se ha hecho público su pliego de condiciones.

La fragata 'Canarias rescata a 112 inmigrantes durante la operación Sophia frente a la costa libia.

Eulen y los multiservicios antimigratorios

Otra de las grandes receptoras del gasto público de España y fondos europeos en materia migratoria es Eulen, la empresa de la ICM que mayor número de contratos acumula desde 2014 hasta 2019 (45 en total). Eulen no publica sus cuentas ni facilita información detallada sobre sus negocios. El nicho de mercado de esta empresa en el negocio migratorio se centra en la prestación de servicios sanitarios y de seguridad, limpieza y mantenimiento, principalmente en los CETI de Ceuta y Melilla.

Eulen también destaca como una de las principales beneficiarias de las causas Ópera, Tosca y de otras operaciones anticorrupción en la ciudad fronteriza de Melilla, en las que estuvo imputada por la supuesta creación de empresas pantalla, el presunto desvío de fondos públicos y la contratación de familiares y allegados del Gobierno de Juan José Imbroda (PP), que durante 20 años presidió esta ciudad autónoma, punto caliente del mapa de las migraciones mundiales.

Los autos de Tosca señalan que Eulen habría incurrido en fraccionamiento fraudulento de contratos, “amaño” de licitaciones, dobles contrataciones innecesarias y sobrefacturación, entre otros cargos. Al menos 18 de los 45 contratos para control migratorio que Eulen ejecutó desde 2014 hasta 2019 tuvieron lugar en Melilla, mientras que en Ceuta fueron cinco. Varios de esos contratos tienen fechas y conceptos similares. Por ejemplo, en 2019, Eulen recibió dos contratos del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, por valor de 27.905 y 187.076 euros respectivamente, con idéntico objeto: "Servicio de mantenimiento preventivo y reparador para el CETI de Melilla".

La relación de Eulen con el Partido Popular va más allá de los casos de corrupción en los que ambos están imputados. Una de las principales directivas de Eulen, Micaela Núñez Feijóo, es hermana del presidente Xunta de Galicia (PP), Alberto Núñez Feijóo. Otros históricos del PP que pasaron por Eulen son el implicado en el caso Gürtel Jaime Mayor Oreja, exdiputado y exministro del Interior durante el primer Gobierno de José María Aznar, y Rodolfo Martín Villa, también exministro del Interior, que llegó a ser vicepresidente de Eulen. Esta empresa ha declinado responder a las preguntas formuladas por este medio.

Otras empresas involucradas

En el top 10 de las empresas de la ICM en España también figura el gigante tecnológico francés Atos, con al menos 26 contratos del Ministerio del Interior desde 2014 hasta 2019 que suman más de 18,7 millones de euros. Al menos 17 de esos contratos fueron adjudicados sin concurso público (entre ellos, un contrato de más de cinco millones de euros, dos que superan los dos millones, y tres de más de un millón), mientras que cuatro contienen importes muy cercanos al límite legal que obliga a convocar concurso público. La mayoría de estos contratos son para la reparación y suministro de equipos para el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, creado en el marco de la política antimigratoria de la Unión Europea (UE).

El actual comisario de Mercado Interior de la UE, el francés Thierry Breton, fue presidente de Atos desde 2008 hasta una semana después de ser nombrado comisario en octubre de 2019. Antes de ponerse al frente de la compañía, Breton fue ministro de Economía en el Gobierno de Nicolás Sarkozy.

Otras dos empresas francesas que destacan en el mercado antimigratorio español son la armamentística Thales y el gigante aeronáutico Airbus. Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno de España adjudicó a Thales al menos 11 contratos de control migratorio (3,8 millones de euros en total), la mayoría para suministrar sistemas de visión nocturna y sus respectivos servicios de mantenimiento. El precio de cada cámara térmica de Thales desplegada en las fronteras de Ceuta y Melilla oscila entre los 50.000 y los 500.000 euros, mientras que sus repuestos cuestan entre 80.000 y 165.000 euros.

Por otro lado, en ese periodo Airbus facturó más de 15 millones de euros por el mantenimiento y venta de repuestos para aviones y helicópteros de patrulla marítima, y por sus servicios de vigilancia satelital en la frontera sur española.

La financiación pública analizada en esta investigación se centra en los contratos del Gobierno central relacionados con control migratorio. No incluye subvenciones, nóminas de los funcionarios al servicio de la ICM ni otros gastos sufragados con dinero público, pero sí los de las múltiples empresas que sacan provecho de los negocios aledaños al control migratorio, desde los servicios de reparación y mantenimiento de drones o cámaras térmicas, hasta el suministro de combustible para los patrulleros.

Esta razón es la que sitúa a la petrolera Repsol (tercera del Ibex con más presencia en paraísos fiscales) como una de las grandes beneficiadas del negocio antimigratorio. Con apenas cuatro contratos de Salvamento Marítimo (a través del Ministerio de Fomento) ingresó casi diez millones de euros en 2015 y 2017. También destaca Telefónica, que desde 2014 hasta 2019 cobró algo más de tres millones de euros por el suministro de unidades móviles para el SIVE y el mantenimiento de redes de datos para control fronterizo. En la lista otra empresa destacada es El Corte Inglés, con al menos 13 contratos (incluyendo Uniones Temporales de Empresas) en el mismo periodo y por valor de más de seis millones de euros por prestar servicios informáticos, suministrar ropa y hacer el mantenimiento de máquinas en pasos fronterizos o el SIVE, a menudo de la mano de Indra.

Además de Indra, Repsol, Telefónica o ACS, entre las empresas que más se lucran con el negocio antimigratorio de España también destacan Duro Felguera (a través de su filial Epicom), Navantia, Ferrovial y Amper, que a finales de noviembre fichó a Pedro Morenés, exministro de Defensa y exembajador de España en Washington.

En la lista también aparece Mora Salazar, que desde 2006 instala concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla. Esta empresa malagueña saltó a la fama después de verse las imágenes de migrantes con las heridas que causan sus alambradas, y que la propia compañía niega alegando que “su efecto es psicológico”. Mora Salazar ya exporta estas cuchillas a una veintena de países dentro y fuera de la UE.

El negocio de los vuelos de deportación

Desde 2009 hasta 2019, España organizó al menos 996 vuelos de deportación en solitario y participó en otros 152 organizados por Frontex y también en 943 dispositivos de expulsión por vía marítima. Ni Interior ni Frontex facilitan detalles sobre estos vuelos, sobre el destino de los expulsados ni sobre su paradero.

Frontex, la "máquina de deportaciones" de la Unión Europea. Fuente: Statewatch.

Según cálculos de Frontex, en el periodo de 2009 a 2019 España deportó al menos a 4.667 personas en situación irregular en vuelos organizados por el propio país, sin contar con otras formas de expulsión. Muchos de esos migrantes proceden de países en conflicto o son víctimas de persecución por su orientación sexual o su religión.

Los vuelos de deportación forzosa son un negocio atractivo para las aerolíneas, hasta el punto de competir con ahínco para que Interior les adjudique las expulsiones en avión. Desde 2014 hasta 2019, seis aerolíneas (Swiftair, Air Europa, Air Nostrum, Orbest, Evelop Airlines y Aeronova) ingresaron 45,6 millones por fletar estos vuelos.

El Defensor del Pueblo, que tiene entre sus competencias las relativas al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, señala una y otra vez que, a menudo, las personas expulsadas no pasan reconocimiento médico ni son informadas sobre sus derechos (incluido el de solicitar asilo), a pesar de que el Estado destina medios a tal efecto.

*Ninguna de estas empresas privadas e instituciones públicas respondieron a las preguntas de esta investigación: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes, Indra, Everis, Acciona, Babcock, Evelop, Swiftair, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen y Telefónica.