Los cambios introducidos en la Ley de Ordenación Farmacéutica de Galicia, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, dan vía libre a la Xunta (PP) para reducir los servicios mínimos que prestan las farmacias en zonas rurales.

La medida, aprobada por la vía de urgencia a finales del pasado octubre e incluida en la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 2012, afecta 'a los usuarios en núcleos rurales aislados, que pueden quedarse sin el servicio de guardia, obligándolos a desplazarse', según recrimina en su dictamen el Consello Económico y Social (CES), organismo dependiente del Gobierno gallego.

Según este órgano consultivo, con la modificación legislativa se deja 'claramente la puerta abierta a no garantizar la prestación a un colectivo social o unas áreas geográficas que requieren de medidas de apoyo, no de negación de acceso a un servicio importante'.

El Ejecutivo gallego argumenta que la actual reglamentación 'provoca situaciones incoherentes con enormes pérdidas para los propietarios de algunas farmacias rurales', por lo que la modificación de la norma, allí donde existan tres boticas o menos, responde a 'demandas de los titulares de las farmacias y a los colegios oficiales, que solicitaban mayor flexibilidad'. Un portavoz de la Organización Colegial de A Coruña aseguró a este diario que desconocen el contenido de los cambios aprobados, aunque admiten que emplazaron a la Xunta a modificar la normativa.

'Existen farmacias condenadas a estar 365 días al año de guardia, sin que exista demanda real, por lo que no tiene sentido semejante carga de servicio; máxime cuando la Administración está introduciendo medidas para racionalizar el gasto', señaló dicho portavoz. Los farmacéuticos critican que tienen que asumir unas cargas salariales por dar un servicio que no recuperan.

Otra de las novedades del proyecto legislativo de la Xunta de Galicia contra el que PSdeG y BNG presentaron este lunes sendas enmiendas a la totalidad también tiene que ver con el recorte de farmacias, al elevar de 50 a 100 camas el umbral mínimo necesario en un centro hospitalario para mantener un servicio propio de dispensación de medicamentos.

El Ejecutivo gallego ya ha echado cuentas y estima que con la reordenación farmacéutica ahorrará tres millones de euros. Una cuestión, la económica, que tampoco convence al CES. 'La asistencia sanitaria debe prestarse atendiendo a criterios de calidad y suficiencia asistencial', recalca.