Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados y ex ministra de Fomento, ha recibido, en suelo parlamentario, a las víctimas del Alvia, cinco años después del accidente. Los afectados venían con el propósito de exigirle que "pida perdón y asuma su responsabilidad", por el siniestro de Angrois en el que fallecieron 80 personas y que dejó a 144 con secuelas, y con el de averiguar por qué han hecho falta siete meses para que se constituya la Comisión de investigación Parlamentaria de este accidente, aprobada el pasado 28 de septiembre.

Las víctimas del Alvia acusan a la exresponsable de Renfe y Adif en el momento del siniestro de “engañar, tanto en privado como en sede parlamentaria, no sólo a víctimas y familiares sino a toda la ciudadanía, tratando de ocultar la verdad”. Para demostrarlo, recuerdan que el 9 de agosto de 2013, en su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre lo ocurrido, afirmó que “la Comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) […], si bien está adscrito al Ministerio de Fomento […], goza de total independencia” y que , sin embargo, la UE concluyó, en un durísimo informe, que la investigación llevada a cabo por este organismo no fue independiente y que no se abordaron las causas raíz del accidente, precisamente las que afectan a las empresas públicas de las que ella era responsable.

Además, denuncian que el Gobierno trató de ocultar durante meses dicho informe y recuerdan, también, que, en esa misma comparecencia, Ana Pastor afirmó que “el Ministerio de Fomento” y “los técnicos de Adif y de Renfe” seguían “prestando toda su colaboración” a “el Juzgado” encargado del caso, y que, sin embargo, otra vez, los jueces tuvieron que hacer apercibimientos a Fomento, Adif y Renfe, para que enviaran la documentación que no se estaba enviando.

Señalan también al actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, entonces número dos de Fomento con Ana Pastor (era secretario de Estado de Infraestructuras), porque, inexplicablemente, la auditoría que encargó sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria no “detectó” que faltaba el informe obligatorio de seguridad en la curva de Angrois, de un evaluador independiente, tal y cómo acaba de quedar acreditado en la causa judicial.

Por último, subrayan que, en la etapa de Ana Pastor al frente de Fomento, se desconectó el sistema de seguridad que, según todos los expertos, hubiera evitado el accidente y, que, una vez ocurrida la tragedia, no tomó ninguna medida política ni administrativa contra los responsables.

La hoy presidenta del Congreso ha accedido a recibir solo al presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, a pesar de que venía acompañado de una delegación de la plataforma.

Tras la reunión, Domínguez tenía conclusiones rotundas: la presidenta “ni va a pedir perdón ni va a asumir ninguna responsabilidad”. “Es indignante” y estamos “muy dolidos”.

A los pocos periodistas informados de esta reunión oculta, que no aparecía en la agenda parlamentaria, que le esperábamos a su salida, nos ha relatado el encuentro: “Le he dicho que podía tener la decencia de que no nos pasara como a los del Yak-42, porque los hechos son tan claros que esto al final saldrá todo: muchas negligencias, muchas mentiras, ocultación”. “Podía tener decencia por la gente que ha perdido a sus hijos, a sus familiares, y no hacernos esperar doce años”. “Esto ya fue a Europa y están imputados de ADIF, de Renfe y de INECO y es imparable”. “Y nos volvemos a sentir utilizados: casualmente, justo cuando nos recibe la ministra, hoy, se anuncia la comisión de investigación”, que arrancará el próximo miércoles pero no “nos han dado ni un dato, ni quién la va a presidir”. “Creo que el objetivo es que esta comisión salga a andar lo más tarde posible e incluso si se acaba la legislatura mejor, porque ahí está metido todo el estado”.

Sobre si la presidenta comparecería en esa comisión, según el portavoz de las víctimas, Ana Pastor ha dicho que “lo hará como una ciudadana más; si la llaman irá” y ha continuado con su relato: “Ella siempre me dice que hay un juicio penal”, “que cómo voy a señalar yo a alguien, si se demuestra ya lo diré”. “Vamos a ver, una cosa es un homicidio imprudente o no imprudente y otra cosa es la responsabilidad política que tiene ella, que tenía que haber cesado a alguien o denunciar a quién le ha engañado, y eso tampoco lo hace”.

En la delegación presente, también estaba Teresa Gómez-Limón, la exdiputada del PP y víctima del trágico siniestro ferroviario, que dejó su partido por su mala gestión de este accidente. En su día, denunció que Catalá le había presionado cuando salía de la UVI para que no hablase mal de Renfe.

Hoy Gómez-Limón ha declarado que “lamenta muchísimo haber estado en ese partido, que no me podía imaginar que era tal cosa”. “Estamos involucionando hacia una situación puramente franquista”, ha añadido y ha vuelto a recordar que Rafael Catalá, cuando acababa de salir de la UVI, le “presionó, me llamó y me dijo que cómo podía decir yo esto, que podía perjudicar al partido y yo le dije: mira, he visto muchos muertos, he visto muchos heridos; lo he pasado y lo estoy pasando muy mal y lo que le pase al partido me importa una mierda. Así le contesté”.