Trillo tacha de "tropelía" el rechazo a su candidato al Constitucional

El PP ha convertido a Enrique López en su vaca sagrada. Ayer miércoles, un día después de que la Mesa del Senado vetara al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional (TC), los conservadores elevaron aún más la muralla de protección que habían construido en torno a él. Federico Trillo-Figueroa, coordinador de Justicia del PP, tachó de "tropelía doble de fondo y de procedimiento" la decisión del órgano rector de la Cámara, que se asienta en un informe redactado por los letrados.

El martes, cuando se conoció que la Mesa excluía a López, el aspirante del que abomina el PSOE por su oposición radical a las reformas sociales de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y del Estatut, Trillo tildó la situación de "inaceptable". Ayer amplió esa crítica en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. El Senado, arguyó, "está diciendo que no tiene los 15 años de servicio como juez necesarios para ser magistrado del TC", cuando cuenta casi 22 en la carrera judicial. La Mesa, siguió, "no puede decir ahora" que López no luce currículum cuando ha sido aceptado "por siete parlamentos autonómicos". Recalcó que deben computársele sus "seis años en el CGPJ".

Por último, censuró la "confusión" alentada por el PSOE, al comparar el descarte de López con el de Juan Carlos Campo Moreno, elegido por el Parlamento andaluz a propuesta de los socialistas. El dirigente conservador vio "obvio" que Campo haya sido rechazado por la Mesa, porque en febrero de 2009 el Gobierno lo nombró secretario de Estado de Justicia, lo que probaría que su designación para el TC, unos meses antes, era "sesgada y parcial".

 López califica de "inaudito" que no se le cuenten sus siete años en el CGPJ

Las palabras de Trillo estaban preñadas de imprecisiones. López accedió a la plaza de juez en 1989, por lo que en 2008, cuando arrancó el proceso de renovación de las cuatro vacantes del TC, y la fecha que ahora se sigue tomando de referencia, llevaba a sus espaldas 19 años de carrera. De ellos hay que restar los casi siete años -y no seis- que permaneció en el CGPJ como vocal-portavoz, desde noviembre de 2001 a septiembre de 2008, un tiempo que se considera en comisión de servicios.

Por tanto, hace dos años y medio, López había culminado 12 años como juez en activo, y no más de 15 de ejercicio profesional, como exigen el artículo 159. 2 de la Constitución y el 18 de la Ley Orgánica del TC (LOTC). Campo, vocal en ese mismo CGPJ, tampoco cumplía ese requisito, y por esa misma razón se le vetó.

El Senado no tomó la decisión por mayoría de forma arbitraria. Se basó en el informe que los letrados de la Cámara habían preparado en 2008. El texto concluía que una "interpretación estricta" de la tramitación parlamentaria de la LOTC, de la doctrina académica y de la sentencia de 1994 por la que el Supremo declaró ilegal el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado conducía a que no se tuviesen en cuenta los años en servicios especiales.

"El problema es del PP", que no se esperaba la decisión, sostiene el PSOE

La Mesa dio por buenos tales argumentos. Tenía, no obstante, otra opción: "La Mesa podría llegar a una conclusión diferente si se considerase que una sola sentencia del Tribunal Supremo no crea, por sí sola, jurisprudencia, y que el tiempo transcurrido desde la aprobación de la LOTC puede abonar una interpretación que difiera de la que se deduce del iter parlamentario de la ley", razona el documento. En aquel texto, de 13 de octubre de 2008, se decía que si la Mesa optaba por el criterio estricto, hacía falta consultar a las CCAA proponentes de los candidatos para que dieran más detalles de los currículos dudosos. Los miembros del órgano rector ya entonces se curaron en salud, reclamaron los datos y los incorporaron al expediente el 4 de noviembre de 2008.

López, siguiendo las tesis del PP, juzgó ayer "inaudito" que se entienda que sus siete años en el CGPJ queden ajenos al Poder Judicial, informa Europa Press. Reiteró, como hizo el martes, que si hubiera creído en 2008 que no tenía la experiencia sufiente, no habría "aceptado" la candidatura del partido de Mariano Rajoy. 

El presidente riojano no sabe si «mandar a tomar viento» al PSOE, ratificar a López o buscar otro

Los conservadores, oficialmente, no han revelado qué harán en las cinco autonomías (no siete, como decía Trillo) que en 2008 promovieron a López y que ahora deberían designar sustituto, si quieren, y antes del 29 de junio. En Extremadura y Cantabria el PP no gobierna, y le será imposible colar al ex portavoz del CGPJ. Pero podría repetir la treta en Madrid, La Rioja y Castilla y León, aun con el rechazo del PSOE.

Ayer sugirió en Logroño esa opción el presidente riojano, Pedro Sanz: "En esta juerga que están montando, no sabemos lo que hacer: si mandarlos a tomar viento [al PSOE], nombrar al mismo [López] o buscar otro candidato, aunque esta decisión es la más difícil", señaló, informa Efe.

El PP pretende recurrir la decisión de la Mesa, aunque "está evaluando la fórmula", apuntan a Público fuentes de la dirección del Grupo Popular.

Los socialistas creen que no habrá relevo en el TC porque el PP se mueve por la «desestabilización»

"El problema es ahora del PP. Si presentan a López, será declarado no idóneo de nuevo. Tendrán que sufrir el desgaste de decir que no quieren renovar", indica una responsable del PSOE que, como otros cargos del partido, sospecha que no habrá relevo en el tribunal. En todo caso, llegarán al pleno del Senado, en julio, con cuatro nombres, "quiera o no el PP". Ahí se frenará el proceso: sin los votos de los tres quintos de la Cámara, no hay nada que hacer.

Los socialistas entenderían como un "boicot directo" que el PP presentara a López otra vez. No obstante, creen que la sentencia de la Mesa pilló a los conservadores "a contrapié", lo que explica su reacción "exagerada". "Pero si el PP se declara en rebeldía y hace tambalear el sistema, la democracia deberá defenderse", avisa una dirigente. Y una opción, desliza, es cambiar la Ley del TC para forzar la renovación, como pidieron hace dos semanas el Tripartito y CiU.

Una dirigente de la ejecutiva del PSOE expone la "lógica" que mueve al PP: "¿Para qué van a renovar si ven con esta estrategia ganan? ¿Qué les importa? Esto forma parte de su plan de desestabilización, igual que pasó con el decreto ley de recorte presupuestario: si se tumba, para ellos mejor". Los conservadores, agrega, "van a empujones", y hasta ahora "creen que les funciona", porque las encuestas les conceden ventaja. 

Francisco Caamaño verbalizó ayer lo que el PSOE no ceja de repetir: no hay discrecionalidad, sino ley. “Los letrados del Senado, que son profesionales al servicio de la Cámara, gobierne quien gobierne, no vetan a nadie”, sino que se han guiado por “los requisitos de idoneidad jurídicamente establecidos”, aseguró el ministro de Justicia en Elx (Alicante) tras inaugurar un congreso de criminología, informa Efe.

En el informe que los juristas del Senado emitieron en 2008, señaló, “no hay valoración política”. La Mesa, por tanto, se ajustó a esos “criterios técnicos”. Caamaño recordó, como suele hacer, que en 2007 se cambió la Ley del TC para que los parlamentos autonómicos pudieran proponer sus candidatos, una reforma que el PP recurrió y perdió. Pero, como no le gustó la sentencia, promovió el “bloqueo institucional” y conminó a sus comunidades a elegir a Enrique López y Francisco José Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Esta reacción “ejemplifica dónde está la voluntad de renovación: quiénes, como el PSOE, quieren renovar, y quiénes no”, agregó el ministro.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, subrayó que hay que propiciar el relevo de cuatro magistrados del TC “cuanto antes” y “de manera limpia”, sin añagazas.