El TC censura a Camps por vetar a la oposición

El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado sobre el bloqueo permanente al que el PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), presidido por Francisco Camps, somete a las preguntas de la oposición en el Parlamento regional. En una sentencia con fecha del 26 de julio, el alto tribunal considera que la Mesa de Les Corts, controlada por los conservadores, vulneró "los derechos fundamentales" de cuatro diputados de Compromís al rechazar tramitar una serie de iniciativas sin dar la explicación pertinente. Gran parte de ellas hacían alusión al caso Gürtel, que mantiene en el precipicio político a Camps, imputado en esta causa.

El PPCV se ampara en la mayoría que ostenta en la Cámara autonómica para justificar su rechazo a las iniciativas de la oposición. Pero hay cuestiones que ni siquiera llegan a debatirse. La Mesa, el órgano encargado de coordinar la agenda del Parlament y de tramitar las solicitudes de los diferentes grupos se encarga de frenarlas. El TC ha censurado este comportamiento condenando a Les Corts a declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas y reconoce el derecho de los diputados de Compromís a la "participación política en condiciones de igualdad".

La Mesa tramitará las iniciativas en la primera semana de septiembre

La sentencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 12, da respuesta a un recurso de amparo promovido por varios diputados de Compromís, entre otros Enric Morena, su portavoz y Mónica Oltra, su portavoz adjunta. En concreto, los parlamentarios ponían el énfasis en cinco acuerdos por los que la Mesa no admitía 30 iniciativas parlamentarias.

Se da la circunstancia de que Milagrosa Martínez, actual presidenta de Les Corts, está implicada en el caso.

Es la tercera sentencia del TC contra Les Corts por iguales motivos

Entre otros asuntos, el citado órgano parlamentario acordó no admitir 14 preguntas de Morera dirigidas a las diferentes consejerías acerca de si habían contratado con una serie de empresas relacionadas con la trama corrupta. Se trata de las firmas que supuestamente regalaron trajes a Camps y a otros miembros de su gobierno al mismo tiempo que recibían millonarias adjudicaciones de la Generalitat.

Esta batería de preguntas fue presentada en marzo de 2009, un mes después del estallido del escándalo. Para justificar su negativa a la tramitación, la Mesa argumentó que "el contenido de las mismas se refiere a persona física o jurídica que no tiene trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma".

Es una justificación que el TC tira por tierra en la sentencia al considerar que la inadmisión de preguntas debe ir incorporada de "una motivación expresa, suficiente y adecuada". Es más, añade que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten sobre personas jurídicas sin trascendencia pública". Y que del contenido de las preguntas "se deduce una innegable vinculación con la actividad de control del Gobierno que integra la esencia de la actividad parlamentaria".

Iguales argumentos esgrime el alto tribunal a la hora de pronunciarse sobre el rechazo de la Mesa a una pregunta de Morera dirigida al conseller de Economia sobre el pago de facturas de su departamento a un listado de empresas entre las que figuraban Special Events u Orange Market.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Aragón Reyes, fue dictada sin ningún voto particular. Con esta resolución, el PPCV no sólo tendrá que hacer frente a los avances judiciales del caso Gürtel, si no que tendrá que dar respuesta a las preguntas de Compromís que en su día rechazó.

Fuentes de la Presidencia de la Mesa consultadas aseguraron ayer que el citado órgano admitirá a trámite en su primera reunión las iniciativas de Compromís. La cita está prevista para la primera semana del mes de septiembre.

Es la tercera ocasión en la que el TC emite una sentencia desfavorable para Les Corts por los mismos motivos. Las dos anteriores, conocidas en los últimos meses, hacían referencia a cuestiones de la pasada legislatura. Por ello, el tribunal no pudo adoptar medidas encaminadas a restablecer el derecho vulnerado.