Los socialistas reactivan la agenda social para remontar

No sólo estamos ya en el ecuador de la campaña, sino que ayer empezó, de hecho, otra campaña. Una nueva, tras el parón por el luto de Lorca y superado el plazo legal para impugnar Bildu, con la incógnita con más potencial de enredarla despejada al fin. Empieza el sprint final, con el PP por delante pero con el PSOE convencido de que aún tiene opciones de dar la campanada si logra eliminar el ruido alrededor de lo que cree su mejor carta ante los tiempos de crisis: la agenda social.

El ruido es, claro está, los recortes, que han desmotivado a parte de su base social, pese a que los líderes socialistas insisten en que son imperativos precisamente para salvar el Estado del bienestar del torbellino que amenaza con llevarse por delante incluso al euro.

Y José Luis Rodríguez Zapatero, que involuntariamente había contribuido a generarlo tachando de "bellacos" a los que le acusan de hacer recortes sociales, se entregó ayer en cuerpo y alma en Balears a tratar de convencer de que el PSOE sigue donde siempre: en la defensa de la educación pública, de la sanidad pública, de lo público, del Estado del bienestar, de la extensión de los derechos, de la igualdad... O sea: dueño de la política y no esclavo de los mercados.

El listado lo fue recorriendo Zapatero para llegar a una conclusión: "El 22-M está en juego el Estado del bienestar. Si con bonanza el PP no lo mejoró, con crisis haría un drástico recorte". Pese a la crisis, insistió Zapatero y repiten todos los candidatos socialistas, los niveles de protección social son los más altos que España ha tenido nunca y por ello debe sacar pecho el PSOE en lugar de bajar la cabeza por los últimos ajustes.

Plantear la batalla final en términos de izquierda-derecha tras los recortes, por necesarios que sean y por coordinados que estén con la UE, tiene ciertamente riesgos, pero el PSOE está convencido de que es su gran baza si logra explicarse. Y mientras lo cuenta en los mítines, el Gobierno ha proporcionado en dos días sendos ejemplos prácticos que le ayudan a subrayar la diferencia: el diálogo social y la Ley de Muerte Digna.

El jueves, y en plena presión de los mercados y de la UE para que el salario se vincule a la productividad, Zapatero se vio con la cúpula patronal y sindical. Aún no hay pacto ni foto, pero sí mensaje: la presión será la misma gobierne quien gobierne, pero ahora en España los sindicatos cuentan mientras sectores del PP lideran la ofensiva para deslegitimarlos, como se vio en la última huelga general.

Y ayer se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley de muerte digna. Dista mucho de ser revolucionaria -ni eutanasia, ni suicidio asistido: sólo aspira a evitar el ensañamiento terapéutico-, pero proyecta igualmente un imaginario en las antípodas del laboratorio que el PP tiene en Madrid, donde el Gobierno de Esperanza Aguirre persiguió con tanta saña a Luis Montes que hasta la sedación supone ahora un gran riesgo para cualquier médico.

Mientras tanto, el PP empuja en dirección contraria: que no cale el mensaje de la diferencia política de fondo, sino que el debate se centre en que los socialistas son, dicen, malos gestores que han llevado a los cinco millones de parados por incompetencia.

De ahí el perfil plano, moderado y supuestamente despolitizado que trata de ofrecer Mariano Rajoy incluso cuando habla de Bildu: "Es un contratiempo de la lucha antiterrorista, pero en España el Estado de Derecho siempre gana", subrayó ayer en Vitoria.

Hoy, Rajoy delegará en Jaime Mayor Oreja la representación de la cúpula del PP en la marcha convocada en Madrid por algunas agrupaciones de víctimas contra Bildu. Pero alrededor del líder abunda la reacción estridente contra los magistrados del Constitucional y ayer la exhibió nada menos que Federico Trillo, exministro de Justicia: "No hay palabras en el diccionario para calificar a los magistrados del Constitucional", dijo.

Los ejemplos que sirven al PSOE para reforzar el duelo político por encima del mero debate de la gestión, van más allá de Bildu: ayer, fue la inmigración.

La postura de fondo del PP al respecto es de orden, pero evitando en general la estridencia y permitiéndola sólo en determinados lugares. Sobre todo en Catalunya, donde la mayor competencia en el campo de la derecha y la irrupción del xenófobo Plataforma per Catalunya en algunas comarcas ha hecho aflorar un PP con el mismo discurso de fondo, pero expresado de forma más dura, nunca desautorizada por Génova.

Ya no se trata sólo de Xavier Garcia Albiol, el ya famoso candidato en Badalona, que casi a diario vincula inmigración y delincuencia con la esperanza de encaramarse como fuerza más votada, sino que el ensayo es general, con un paso al frente, simultáneo, de la líder regional, Alicia Sánchez-Camacho, y el alcaldable en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ayer.

Sánchez-Camacho, que en las recientes autonómicas lanzó (y luego retiró) un videojuego para liquidar inmigrantes, se plantó ayer en Salt (Girona), una de las localidades con más potencial de convertise en un polvorín, acusando a CiU y el PSC de facilitar la entrada de 145.000 inmigrantes entre 2009 y 2010 pese a la "crisis gravísima".

Y Fernández Díaz introdujo ayer otro mensaje de gran carga estigmatizadora: "Enfermedades que estaban erradicadas en la ciudad desde hace mucho tiempo han vuelto a aparecer traídas por inmigrantes", afirmó. El propio Zapatero le contestó anoche sin citarle: "El respeto a los inmigrantes es lo que hace a un país más digno". El socialista Zerolo sí le citó: "Representa la extrema derecha".

El PP cree que nadie se va a creer las advertencia de ¡Que viene la derecha!. Pero el PSOE aún confía en que los más escépticos lleguen a escuchar las palabras de Fernández Díaz.