El Gobierno ha informado de que la defensa de la infanta Cristina, imputada en el caso Nóos, no se 'va a pagar' con el dinero de la Administración General del Estado ni correrá a cargo de sus Servicios Jurídicos. Por su parte, Miquel Roca confirmó que su despacho asumiría esta defensa tras pedírselo el rey personalmente, lo que sitúa la factura dentro de los gastos personales del monarca o la infanta, que, en cualquier caso, reciben su asignación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El montante de éstos destinado a la Corona en 2013 asciende a 7,93 millones de euros.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha querido desvincularse completamente de esta defensa, situándola en el marco del 'respeto a las decisiones y acciones judiciales', cuyos efectos el Ejecutivo evita valorar. Sólo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, confesó ayer la 'enorme preocupación' del Gobierno por la imputación de Cristina de Borbón, aunque horas más tarde, el presidente Mariano Rajoy no quiso entrar en 'estados de ánimo' e insistió en el 'respeto a las decisiones judiciales' y a la 'presunción de inocencia'.

La portavoz del Gobierno ha confirmado -horas después de hacerlo La Zarzuela- que la Casa Real estará en la ley de transparencia, para lo cual, el Ejecutivo lleva 'unos dos meses' trabajando con aquélla. Según Sáenz de Santamaría, el detonante se produjo cuando Rajoy anunció en el Debate sobre el Estado de la Nación la inclusión en este futura norma de los organismos financiados con dinero público, incluidos partidos políticos y sindicatos. La vicepresidenta quiso insistir en la 'máxima disponibilidad' que ha mostrado la Casa Real en este asunto desde ese momento, aunque no ha aclarado por qué el anuncio de las negociaciones y de la inclusión se ha hecho tras haber sido imputada la Infanta cuando la prensa ha estado preguntando por este asunto desde que el primer texto de la ley se aprobó en Consejo de Ministros, el pasado 27 de julio.

El propio Rajoy, preguntado ayer por la posibilidad de incluir a la Casa Real en la ley de transparencia, la de pedir la renuncia de la Infanta a sus derechos dinásticos o la de desarrollar la ley orgánica que prevé la Constitución Española para una posible abdicación del rey, se desmarcó asegurando que no se iba a hacer 'absolutamente nada'. Más adelante, matizó que sobre las negociaciones parlamentarias a este respecto, él sólo era 'un diputado más'. En realidad, quien está llevando las gestiones para sacar adelante esta norma, que lleva más de siete meses en el Congreso, es la vicepresidenta con la ayuda de su mano derecha, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Luis Ayllón. Precisamente, será éste quien informe a los grupos sobre la inclusión de la Corona en la ley 'la semana que viene', informó Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha evitado aclarar quién llamó a quién para posibilitar la entrada de la Casa Real en la ley de transparencia: si el Gobierno se lo ofreció a La Zarzuela o ésta autorizó al Ejecutivo a dar luz verde a su incorporación. De momento, sin embargo, el ritmo de la información sobre lo que le concierne de la ley lo ha ido marcando La Zarzuela, incluido el anuncio de que la Jefatura del Estado estaría en ella.

El Gobierno y el PP han tratado de mantenerse en su posición inicial, que era la de mantener a la Corona al margen del proyecto, pero la presión de los grupos parlamentarios ya provocó en febrero que se añadiesen las instituciones y organismos 'financiados con dinero público', abriendo así la puerta a la Monarquía.

El Ejecutivo no tiene claro aún cómo será el formato de inclusión de la Casa Real en la ley de transparencia, aunque sí ha confirmado su número dos que se le dará 'una tratamiento específico', puesto que la Jefatura del Estado no es una 'administración pública'. Se le buscará un 'régimen adaptado a sus circunstancias', que se está estudiando conforme a las leyes que rigen a otras monarquías europeas, aunque no todas las tienen. La vicepresidenta ha asegurado que se hará con la Corona como se ha hecho con otros organismos no administrativos, como el Congreso o el Senado, cada uno con su tratamiento.