El proyecto de Ley de la Memoria Histórica superó ayer en sólo media hora el trámite de la ponencia con una novedad llamativa: el Gobierno podrá sancionar a quien no retire símbolos franquistas.

Esta medida afectará a ayuntamientos y a entidades privadas y la manera de penalizar su mantenimiento será mediante la 'retirada de subvenciones o ayudas públicas'.El texto no precisa más que 'escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura'.

Nombres de calles
En esa amplia definición podrían entrar también los nombres de las calles que evoquen a personajes o acontecimientos del franquismo y, teóricamente, podría suponer que el Gobierno podría retirar ayudas o subvenciones a ayuntamientos que mantengan esa nomenclatura.

Incluso, como afecta también a entidades privadas, sería posible que el Gobierno retirara esas ayudas o subvenciones a la Iglesia católica que en algunos edificios mantiene placas recordando 'a los caídos' o referencias similares sobre el 'Alzamiento de 1936' y de evocación de episodios de la Dictadura.

Es novedad fue incluida ayer en la ponencia, donde se ratificó el acuerdo de todos salvo el PP y ERC para seguir adelante en la tramitación. El miércoles próximo se verá en la Comisión Constitucional y en la última semana de octubre en el Pleno del Congreso.

Dificultades de ultima hora
No obstante, aún persisten dos dificultades: la diferencia de criterio entre el Gobierno e Izquierda Unida sobre los efectos jurídicos de la anulación de sentencias y las reticencias de PNV y CiU.

Lo primero no impide el acuerdo y se manifiesta en la interpretación dispar que cada parte hace de la literalidad de la ley. El Gobierno cree que no tiene más efecto jurídico que el simbólico de declaración de ilegitimidad de esos tribunales, sin que afecte a la eventual revisión de sentencias que cada particular pueda pedir ante los jueces, como ya se hace ahora. IU, por el contrario, considera que la ley podrá ser invocada por las víctimas de la Guerra y la Dictadura para forzar automáticamente la anulación de sentencias.Respecto a los nacionalistas, su discrepancia se mantendrá hasta el final del trámite con la posibilidad de escenificar desacuerdos parciales con votaciones particulares a su articulado. Ambos mantienen sus enmiendas vivas, pero el Gobierno da por hecho que CiU está dentro del acuerdo tras lograr que se haga referencia a los perseguidos por sus creencias religiosas.

El PNV insiste en la exigencia de devolución de papeles del Archivo de Salamanca, pero no tiene ninguna posibilidad de lograrlo. No obstante, su voto servirá para sacar adelante el resto de la ley.

Sin posibilidad de acuerdo
Quienes están fuera del acuerdo y no estarán nunca dentro son ERC y PP por distintos motivos.. Los independentistas porque la consideran una ley de punto final muy insuficiente y el PP porque la cree innecesaria por anular leyes que ya lo están desde la entrada en vigor de la Constitución y por abrir heridas cerradas en la Transición sin solucionar a cambio ningún problema concreto.