“En cuestión de poco tiempo, conseguiremos que no haya una sola calle dedicada a un terrorista”. Ayer, durante su comparecencia en el Senado, Rubalcaba asumió por completo los compromisos pactados el pasado 23 de julio entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy respecto a terrorismo y seguridad. Aunque adelantó la intención de modificar la Ley de Víctimas para lograr el objetivo a nivel nacional, el ministro aseguró que se ha abierto un nuevo camino en virtud de una norma del Parlamento vasco.

La Abogacía del Estado mantiene ocho procesos contencioso-administrativos para reclamar a otros tantos municipios que eliminen de sus callejeros los nombres
de terroristas.

Rubalcaba aprovechó para desgranar las medidas de acoso a la banda que PP y PSOE han negociado para construir el frente común contra el terrorismo. El objetivo principal de todas ellas: salvaguardar la dignidad de las víctimas frente a sus verdugos.

La mayoría eran ya conocidas: entre ellas, perseguir el patrimonio de los etarras condenados y evitar el uso del lenguaje ambiguo o equidistante, cuando no ofensivo. Además, el ministro adelantó que tratarán de definir mejor tanto las distintas situaciones de victimización como el reconocimiento de las situaciones de acoso, o de los españoles que sufran atentados en el exterior.

Rubalcaba quiso destacar también los últimos éxitos policiales como la desarticulación del comando Vizcaya y la lucha contra la kale borroka. El ministro destacó que la lucha callejera es la cantera donde ETA busca liberados y legales para sus operativos.

Por su parte, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes, señaló en rueda de prensa con el ministro de Justicia que “lo lógico y previsible” es que la sentencia de Estrasburgo sobre la ilegalización de Batasuna sea dictada antes de fin de año, porque “el pleito
está terminado”.