La querella argentina contra el franquismo crece con más de 5.000 casos gallegos

La querella presentada en Argentina para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista en España se ampliará esta semana con 5.000 casos documentados de víctimas en Galicia, confirmaron a Efe fuentes judiciales.

Entre los nuevos casos que se presentarán ante la justicia argentina figuran las denuncias de Flor Baena, hermana de Humberto, miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y de Silvia Carretero, esposa de Luis Sánchez Bravo, también miembro de esta organización.

Baena y Sánchez Bravo fueron dos de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista, el 27 de septiembre de 1975.

La querella pide datos de Fraga, entre otros gobernantes franquistas

La documentación que se presentará el próximo viernes ante la jueza María Romilda Servini de Cubría en la Cámara Federal de Buenos Aires documenta más de 5.000 casos de torturas, detenciones ilegales y crímenes cometidos en Galicia entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, incluidas las desapariciones de una veintena de ciudadanos argentinos, explicó a Efe el abogado Gustavo García.

Los informes, agregó el abogado español, están documentados con declaraciones oficiales, fotografías e incluso vídeos, resultado del trabajo de investigación que comenzaron a realizar en 2006 tres prestigiosas universidades gallegas bajo el lema "Los nombres, los lugares, las voces".

Parte de estos documentos integran la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, actualmente procesado por investigar los crímenes del franquismo.

El objetivo es lograr "que se reconozca que en Galicia hubo un genocidio, aunque no hubo frente de guerra", agregó García, que recordó que organizaciones de memoria histórica gallegas cifran en más de 25.000 el número de víctimas en esta comunidad autónoma española.

"Nosotros mismos no reconocemos nuestro propio genocidio", dijo, y afirmó que Galicia es diferente a la que hubiera sido si no hubieran faltado esas 25.000 personas. "Somos consecuencia de aquello y lo que queremos es que la Historia ponga a en su lugar a cada uno".

"Aquí no hay un cuestión de ideologías. Son criminales, son crímenes contra la humanidad y deben juzgarse", insistió.

Gustavo García, que trabaja desde hace más de diez años con abogados argentinos y chilenos que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en sus países, confía en que la Justicia argentina lleve adelante el proceso, como ocurrió cuando Garzón juzgó a represores argentinos.

"Ahora pedimos que nos devuelvan el favor y que se investigue aquí el genocidio gallego", apuntó.

Para lograrlo, los demandantes se sumarán a la querella presentada el pasado 14 de abril en Buenos Aires por un grupo de abogados encabezados por Carlos Slepoy con el respaldo de organizaciones de argentinas de Derechos Humanos.

La denuncia presentada en Argentina se fundamenta en el principio de "jurisdicción universal" para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución argentina y consagrado en el Derecho Internacional.

La querella solicita a la Cámara Federal de Buenos Aires que recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos del Ejército, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española.

Entre los nombres y domicilios que piden recabar se encuentra el del presidente fundador del Partido Popular (PP), Manuel Fraga.

Además, solicitan listas de desaparecidos, asesinados y torturados y de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas".