PSOE y PP pactan limitar el déficit en la Constitución
Acuerdan acometer la reforma constitucional en dos semanas y sin someterla a referéndum. La izquierda minoritaria exige una consulta para evitar que "un texto de consenso se convierta en uno de derechas"
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"Estamos haciendo un trabajo que será una buena señal y un buen camino de futuro. No va a arreglar el empleo ni la crisis, pero es un buen camino". El presidente del Gobierno instó a encarar con esta "naturalidad" la reforma de la Constitución que planteó ayer para incluir en su texto una regla que limite el déficit público a todas las administraciones.
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El objetivo es garantizar por ley -y no la hay de mayor rango- un compromiso de estabilidad presupuestaria que ponga un dique al déficit por mandato constitucional. Es la fórmula que acuñó Alemania hace dos años. Su constitución limita, a partir de 2015, al 0,35% del PIB el déficit público en el que puede incurrir cada año el Gobierno. Otros países como Francia o Italia persiguen la misma idea.
El texto sobre el que trabajan socialistas y conservadores modifica el artículo 134 y eleva ese techo hasta el 0,40% del PIB a partir de 2018, admitiendo excepciones, como las de la fórmula alemana, que contempla la posibilidad de rebasar el límite en caso de catástrofes naturales o recesiones graves. Además, PSOE y PP pretenden que la reforma incluya una salvaguarda que garantice el pago de prestaciones como el desempleo.
El Gobierno baraja fijar en el 0,40% del PIB el déficit a partir de 2018
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Los socialistas habían evitado hasta ahora este mecanismo que rechazan la izquierda minoritaria y los sindicatos, al entender que antepone los principios de la ley de la selva de los mercados a los del Estado del bienestar. Por el contrario, el PP abrazó la idea después de que fuera bendecida por el Gobierno alemán.
Las circunstancias han cambiado y en un momento de ralentización económica y turbulencias financieras, la reforma verá la luz en el Parlamento en 15 días, ya que será debatida la próxima semana.
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Su aprobación busca consolidar dos mensajes, según fuentes del Ejecutivo: acreditar que las emisiones de deuda española tienen la misma garantía que la de países que abogan por este mecanismo de consolidación presupuestaria y trasladar a los inversores que el problema del déficit público no volverá a repetirse.
Zapatero pretende lanzar una señal de estabilidad a los mercados de deuda
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¿Por qué ahora? Según explican los mismos interlocutores, Italia tiene que emitir 70.000 millones en deuda en las próximas semanas y el Gobierno estima la posibilidad de que tenga dificultades para colocarlos, lo que repercutiría negativamente sobre la deuda española. Este es el origen de la urgencia. Socialistas y conservadores tienen la llave y el Gobierno prisa. Ambas formaciones suman 321 de los 350 escaños del Congreso, lo que garantiza un paseo parlamentario sin sorpresas para la iniciativa, que precisa tres quintos del Parlamento para ser validada. Esta mayoría cierra el paso, además, a la posibilidad de someter la reforma a un referéndum.
La izquierda minoritaria, que se decanta por esta vía, se apresuró ayer a pedir la consulta, aún consciente de la dificultad aritmética que convierte en inviable su petición. Su demanda caerá, previsiblemente, arrollada por el peso de PSOE y PP y de los nacionalistas mayoritarios.
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ERC (3), IU-ICV (2), BNG (2) y Na Bai (1) suman ocho representantes. UPyD (1) podría sumarse a esta petición de consulta. Pero seguirían siendo un número insuficiente de escaños para forzar un referéndum, ya que la ley determina que hacen falta el 10% de los parlamentarios para avalar su celebración, es decir, 35 diputados y 26 senadores.
Petición casi en vano, por tanto, para someter a consulta "la amputación del Estado del bienestar" que denunció el diputado de IU, Gaspar Llamazares. A su juicio, este retoque constitucional exige un referéndum "para evitar que una Constitución de consenso se convierta en otra de derechas y ultraliberal".
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Rajoy recrimina al Gobierno que criticara la reforma que ahora defiende
"Parches y más parches: medidas para contentar a los mercados", resumió sus críticas la portavoz de ICV, Núria Buenaventura. "No le perdonamos no tener la voluntad política de enfrentarse al capital, ni a los obispos ni al nacionalismo de derechas", concluyó desde ERC Joan Tardà.
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Al margen de estas críticas, el jefe del Ejecutivo defendió la reforma tras asegurarse el respaldo del líder de la oposición y del candidato socialista, reticente, según confesión del propio Rubalcaba. "Me convenció anoche, cuando me dijo que tenía un acuerdo con Rajoy. Entonces pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos", se justificó el candidato socialista. Hace un año, Rubalcaba tachó irónicamente de "idea genial" esta reforma cuando Rajoy abogó por su aprobación. Por eso, el líder del PP buscó ayer la revancha: "Me gustaría saber si quien hizo descalificaciones, gracias y chanzas hoy dice exactamente lo contrario", disparó.
Rubalcaba afirma que se «convenció» el lunes, tras saber que Rajoy daría su apoyo
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"Cuando me llamó el presidente, le dije que estaba de acuerdo y que yo lo había propuesto", resumió poco después Rajoy. Como novedad, enterró su reiterada petición de adelanto electoral. Fijada la fecha del 20-N, Rajoy dio los comicios por celebrados: "Me gustaría decir que fue un Gobierno encabezado por un presidente modélico en el traspaso de poderes", dijo a Zapatero.
En cuanto al resto de formaciones, CiU nadó entre aguas: "De entrada, compartimos el espíritu [de la reforma]; hay que ver cuál es la letra que se propone", señaló su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida. Refractario, el responsable de Grupo Vasco, Josu Erkoreka, reclamó flexibilidad: "O está dotada de las medidas necesarias para adaptar al ciclo o será absolutamente estricta, rígida e inútil para las necesidades de los poderes públicos", advirtió.
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1 Ahorro de 5.000 millones
Las abstenciones de PP, CiU, PNV, CC y UPN avalaron en el Congreso el último paquete de medidas contra el déficit aprobado ayer. Este conjunto de iniciativas procurará un ahorro de 5.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. ERC, IU-ICV, BNG y UPyD votaron en contra. Sólo el PSOE lo hizo a favor.