La prostitución fragmenta al PP entre los partidarios de legalizarla, los de multarla y los de prohibirla

El PP ha entrado en un laberinto sin salida con el tema de la prostitución, a falta de una ley nacional sobre el asunto que los sucesivos gobiernos han sido incapaces de sacar a la luz.

En Madrid, donde confluyen las tres administraciones conservadoras (Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Gobierno central), las diferencias se han hecho tan evidentes que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha instado a Esperanza Aguirre y a Ana Botella a que se pongan de acuerdo para buscar una solución a una actividad que, en su opinión, ha causado el "deterioro" del centro de la capital.

En una entrevista publicada el pasado fin de semana, Cifuentes explicaba que, para ella, la mejor opción es una ley estatal, en la que el Ministerio del Interior estaría trabajando. Sin embargo, la opción con más posibilidades que baraja el departamento de Jorge Fernández Díaz es la modificación del Código Penal para multar a las prostitutas que acepten realizar servicios sexuales. Así lo adelantó el propio ministro en junio. Con esta medida, Interior entra de nuevo en conflicto con la Alcaldía de Madrid, pues su responsable, Ana Botella, siempre se ha manifestado a favor de que pague el culpable (el cliente) frente a la víctima (la prostituta), la cual, con la decisión de Fernández, resultaría criminalizada. Ésta es la medida que, por ejemplo, se sigue en Barcelona.

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto proceder en breve a la actualización de su plan de lucha contra la explotación sexual, centrándose, precisamente, en dar la batalla a los proxenetas y demás delincuentes. Así lo aseguró el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, aporta una tercera vía: la legalización completa de esta actividad para eliminar las mafias, la trata, el proxenetismo o la explotación.

Esperanza Aguirre se pone así del lado del colectivo Hetaira, que desde 1995 trabaja por "combatir el estigma social que recae sobre las prostitutas" y busca que sean reconocidos y defendidos sus derechos laborales, como los de cualquier trabajadora.

Hetaira ha rechazado la opinión de Cifuentes cuando asegura que "la inmensa mayoría de quienes ejercen la prostitución son víctimas de trata". El colectivo sostiene que la delegada del Gobierno no tiene cifras que amparen esta afirmación y así se lo trasladó la misma Cifuentes el 16 de mayo en una reunión con sus representantes. Para Hetaira, la prostitución no es una actividad "degradante", como asegura la delegada, sino "una actividad económica reconocida por el Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo el 20 de noviembre de 2011".

Tesis que Aguirre lleva tiempo defendiendo con pasión. Ya en 2010 le argumentó a Pedro J. Ramírez, en Veo 7, que hay que legalizar “las prostitutas y los prostitutos, que a veces se nos olvida que hay prostitutos […] Soy partidaria de legalizar la prostitución […] Si alguien quiere pagar por el sexo, no veo por qué lo debemos prohibir”. Hace bien poco,  durante la visita al recién construido colegio público Josep Tarradellas el pasado 27 de agosto, insistió: "Creo que la prostitución se debe regular precisamente para evitar la explotación de algunas de estas mujeres. Y me gusta que se hable de prostitución masculina y femenina, que de toda hay".

Aguirre cree que la situación de alegalidad en la que se encuentra la actividad de la prostitución en España "no contribuye en absoluto ni a la tranquilidad de muchos vecinos, que ven el ejercicio de la prostitución en la calle en sus barrios, ni a la propia seguridad de las personas que libremente, repito, libremente, deciden esta actividad que no está prohibida". E insiste: "Si se quiere prohibir, que se prohíba, pero no está prohibida".

Al conocerse la diferencia de opiniones en el PP ante el ejercicio de la prostitución, que ha reventado con las declaraciones de Cifuentes, también los vecinos de Madrid Centro han pedido a los conservadores que se pongan de acuerdo y acaben con el "lupanar" en que se ha convertido la citada zona de la capital.

Concretar en España cuántas personas se dedican a la prostitución es imposible, debido al margen de ilegalidad de muchas de las que la ejercen. Antes de la crisis económica, Médicos del Mundo hablaba de 400.000 personas en España que suponían una cifra de negocio de 18 millones de euros, mientras que la Unidad Central contra la Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Catalunya situaba esta cifra en 300.000 en abril de 2012, debido a la caída de los flujos de inmigración por la crisis económica.

Sin embargo, como admiten varias ONG, también esta coyuntura ha provocado que otras personas recurran a los trabajos sexuales para obtener ingresos. En este sentido, de nuevo Médicos del Mundo advertía el pasado junio de que la prostitución había aumentado un 15% en Madrid.