La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha decretado esta madrugada prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción.

La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se ha producido después de la petición de prisión provisional comunicada y sin fianza realizada por el fiscal, quien alegó la gravedad de los delitos, que existía riesgo de fuga y la posible obstrucción de las fuentes de prueba.

La orden de prisión se ha dictado a las 6:45 horas de hoy -la juez ha empleado cinco horas y media en redactar el auto de medidas cautelares- después de una jornada de 21 horas que comenzó ayer lunes a las 11.00 horas.

Fernández se convierte de esta forma en el tercer imputado que ingresa en prisión por el caso de los ERE fraudulentos después de que lo hicieron en marzo el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido hoy a la juez la prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero, mientras que la Junta sólo pidió su comparecencia semanalmente en el juzgado.

La petición de la Fiscalía incluye una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad civil y a ella se ha adherido la acusación particular del PP y de Manos Limpias, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

La acusación de la Junta de Andalucía ha pedido que el exconsejero comparezca semanalmente en el juzgado, una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros y la retirada del pasaporte, y a ella se ha adherido la acusación de UGT.

La comparecencia de medidas cautelares, que ha finalizado a las 1:10 horas de hoy tras casi cinco horas, debió ser interrumpida para un descanso después de una hora porque la juez Mercedes Alaya se sintió indispuesta.

Las alegaciones del letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, se han extendido durante dos horas y media, y en ellas ha negado el riesgo de fuga basándose en que el exconsejero ya podría haberse ido del país.

El interrogatorio se ha prolongado durante cuatro días, en los que el exconsejero ha alcanzado las 36 horas de declaración y se ha enfrentado a unas doscientas preguntas de la juez, sesenta de la Junta y 212 de la acusación del PP.