Las costumbres españolas, impuestas por la fuerza de la Ley, esa es la esencia del contrato de integración que el PP trata de aplicar a los inmigrantes. Mariano Rajoy lanzó la idea el pasado mes de febrero, en plena campaña electoral. Una vez perdidas las elecciones, la idea fue desempolvada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana, en el que el PP disfruta de mayoría absoluta. Su responsable de inmigración, Rafael Blasco, anunció a finales de abril que impondría a todos los trabajadores extranjeros la obligación de firmar un documento de integración con carácter contractual. El PSOE exigió ayer a Blasco que retire esta propuesta 'definitivamente'. La portavoz adjunta en el Parlamento regional, Carmen Ninet, asegura que la iniciativa 'ha conseguido la unanimidad en contra de todas las asociaciones y entidades que tienen algo que decir en este tema, incluida la Iglesia'. La diputada socialista instó al consejero a que 'reconozca su fracaso' en el compromiso de integración de los inmigrantes. El contrato es, a su juicio, simple 'papel mojado' que nació 'como un brindis al sol para hacer la pelota al líder del PP, Mariano Rajoy'.

La propuesta del contrato de integración estaría recogida en la futura Ley de Integración del Inmigrante, que prepara la Generalitat. En la presentación de la propuesta, en abril, el responsable de inmigración del Ejecutivo regional señaló que los extranjeros deberán asumir 'nuestro modelo de convivencia y nuestra escala de valores'. La teoría del contrato señala que obliga a los inmigrantes a respetar los derechos humanos y el sistema democrático.

En la práctica, las leyes españolas ya sancionan a quien no respete estos principios constitucionales, sea extranjero o español. Sindicatos, ONG, colectivos de atención a los inmigrantes y todos los partidos, salvo el PP, son contrarios a la fórmula que se pretende imponer.