Desde la tribuna de Les Corts Valencianes, el diputado de IU Lluís Torró describía, indignado y casi gritando, la trama de presunta corrupción del PP de Alicante: 'Negocios, intercambio de regalos, trato de favor, empresas familiares... Sobrecostes que salían del bolsillo del ciudadano para llegar a bolsillos más privilegiados (...). ¡La cosa daría para el guión de una película!'. Mientras, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, principal acusada de la trama, se mostraba ajena a tales truenos dialécticos. Se entretenía con su móvil, hablaba animadamente con su compañero de escaño o escribía rayitas en los folios que tenía delante.

Castedo estaba tranquila. Sabía lo que iba a pasar a continuación: su grupo, el PP, impidió con su voto en contra que se iniciara una comisión de investigación sobre el caso Brugal en Les Corts. Los conservadores se opusieron pese a que todos los grupos de la oposición, PSOE, Compromís y EUPV, apoyaron la petición, que había sido formulada por este último grupo.

El PP afirma que una investigación sólo desprestigiaría a la Cámara regional

La negativa del PP a investigar los presuntos amaños de su partido en la provincia de Alicante contradice la promesa de transparencia que el nuevo president valenciano, Alberto Fabra, ha hecho en reiteradas ocasiones desde que el pasado julio tomó posesión de su cargo. Muy al contrario, los argumentos que los conservadores aportaron ayer para frenar la comisión fueron los mismos que manejaron durante los años en los que gobernó Francisco Camps. El expresident, imputado en el caso Gürtel, se caracterizó por su absoluta opacidad en lo tocante a la presunta corrupción. 'El compromiso de Fabra es simplemente papel mojado', resumió el diputado socialista Javier Macho.

En el caso Brugal se investiga el presunto trato de favor de varios políticos del PP alicantino a dos poderosos empresarios de la provincia Ángel Fenoll y Enrique Ortiz para que lograran adjudicaciones o recalificaciones urbanísticas. A cambio, los cargos públicos conservadores recibieron, supuestamente, regalos en forma de viajes, pisos o coches. El principal imputado es José Joaquín Ripoll, presidente provincial del partido, expresidente de la Diputación y recientemente nombrado presidente del puerto de Alicante por el Ejecutivo de Fabra. Está imputado por cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios.

La oposición recuerda que la actuación judicial no es un obstáculo

De entre los políticos en ejercicio, la más destacada es Sonia Castedo. La Fiscalía Anticorrupción la acusa de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Las conversaciones recogidas por la policía muestran que facilitó los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a un empresario cuando todavía eran secretos. A cambio, supuestamente, recibió regalos y consiguió puestos de trabajo para personas allegadas. Ella ha negado en reiteradas ocasiones que recibiera dádivas y llegó a mostrar las facturas que acreditan su inocencia, aunque no facilitó copias a la prensa. Castedo es diputada autonómica desde el pasado mayo, cuando Camps la aupó a la cabeza de la lista por Alicante.

Los indicios de delito no sirvieron ayer para convencer al PP de la necesidad de investigar el caso en Les Corts. El diputado conservador Antonio Peral, encargado de fijar la posición del grupo, acusó a EUPV de hacer 'campaña electoral' con la propuesta. Afirmó que la comisión de investigación sería una 'aberración, un esperpento' porque supondría hacer un juicio paralelo: 'El asunto está sub iúdice; hay que dejar a la Justicia trabajar'. El diputado añadió que la comisión violaría los derechos de los políticos imputados a un juicio justo, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. Y recordó que algunas de las grabaciones telefónicas del sumario han sido anuladas por el juez.

Peral acusó a los diputados de la oposición de desprestigiar a Les Corts con la propuesta: 'Van a conseguir que la brecha con los ciudadanos sea pronto insalvable'. Otro de sus argumentos fue que el caso Brugal no tiene 'ninguna relación' con la Generalitat. En consecuencia, sugirió a la oposición que pidan la correspondiente investigación en los ayuntamientos afectados. Peral no comentó que EUPV ya solicitó la pasada semana una comisión en el Ayuntamiento de Alicante, que la propia alcaldesa y sus concejales se encargaron de rechazar.

Para terminar, Peral consideró que el propio debate de ayer es muestra suficiente de que el PP no rehúye sus compromisos de transparencia. 'La corrupción debe ser erradicada de la sociedad', dijo, y añadió que el PP está completamente de acuerdo en que 'quien la haga, que la pague'. La frase arrancó un aplauso entre la bancada conservadora en el que Castedo, apartada por un momento de las distracciones que la mantenían abstraída del debate, participó con entusiasmo.

La oposición rebatió los argumentos con los que Peral rechazó la creación de la comisión. Lluís Torró le recordó que la investigación parlamentaria no interferiría en la judicial: 'Estamos hablando de responsabilidades políticas'. Le recordó que la anulación de las pruebas no puede borrar el conocimiento que se tiene de las conversaciones habidas entre políticos y empresarios. Los cargos públicos afectados 'no serán condenados, pero deben dejar la política'.

Mireia Mollà, diputada de la coalición Compromís, pidió al PP que no confunda la separación de poderes. Y recordó varias comisiones de investigación que se han cursado en Cámaras legislativas aunque los asuntos auditados estuvieran siendo instruidos en los tribunales, como el atentado terrorista del 11-M o el accidente de metro de 2006 en Valencia. 'El que nada teme, nada esconde, remachó'. Por su parte, el socialista Javier Macho afirmó no entender cómo el PP se escuda ahora en el proceso judicial, después de 'despreciar a fiscales y a la policía' durante años.