"Estado policial" contra un movimiento pacífico

Hace un año la rabia de una generación, cuyos jóvenes encaran una tasa de paro de en torno al 50%, cristalizó en un movimiento de protesta eminentemente pacífico. Las plazas de decenas de ciudades se llenaron de tiendas de campaña, ingeniosas proclamas y manos levantadas votando propuestas. El epicentro del movimiento, la madrileña Puerta del Sol, llegó a periódicos de todo el mundo que destacaban el pacifismo de las protestas. Incluso el Ayuntamiento de Madrid presumía ante el Comité Olímpico Internacional del "carácter pacífico" del movimiento de los indignados, que "acata la legislación" y "se opone a ser instrumentalizado por sectores extremistas".

Sin embargo, a escasos días del aniversario de la simbólica fecha, con varias jornadas de protesta en el calendario y con los recortes sociales del Ejecutivo de Rajoy como telón de fondo, la tónica desde la Administración es demonizar al movimiento y todas las protestas que vienen desarrollándose en la calle ante la crisis, como vienen denunciando desde los grupos vinculados al 15-M.

Ahora las acampadas son "ilegales" y no se tolerarán, los estudiantes que protestan son "el enemigo" e incluso se ha anunciado que la "resistencia pasiva", símbolo de la protesta pacífica en todo el mundo, se considerará "atentado a la autoridad".

Asociaciones pro derechos civiles y los propios miembros del Movimiento 15-M consideran que las autoridades han reaccionado a las crecientes protestas con miedo y que su política ha sido la de sacar a la policía a las calles y endurecer las leyes.

Desde Democracia Real Ya (DRY) aseguran que se está intentando dar la imagen de que son un movimiento radical y violento. Uno de sus portavoces en Madrid, Kike Castelló, considera que tratan de crear un clima de miedo en la gente que se quiera acercar al 15-M de cara a las protestas que empiezan el día 12. "Se nos ha llegado a comparar con la kale borroka", dice. Desde DRY han denunciado el "acoso policial" al que se ven sometidos.

DRY denuncia la creciente presión policial contra sus actos

Se han disuelto asambleas y se identifica constantemente a sus participantes sin motivo más allá de "las pintas", relatan. Calculan más de 75 detenidos en movilizaciones, 33 sanciones administrativas, 114 identificados en okupaciones vinculadas al movimiento y cinco casos de juicios de faltas, sólo hasta enero de 2012.

De cara al aniversario, el Gobierno ha anunciado que no permitirá acampadas y recientemente la Policía Municipal impidió a miembros del 15-M a instalar una mesa de información en Sol. En Barcelona, la Generalitat ha delegado en los alcaldes la potestad de permitirlas o no. Mientras en Madrid la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ya ha dejado claro que no se tolerarán.

Castelló considera que sería más adecuada una solución de consenso que les permita una concentración de unos días. "Si actúan con inteligencia podemos hacer de esos días una protesta festiva bonita incluso de cara al exterior, está en su mano que no derive en otra cosa", apunta.

Los casos de enfrentamientos violentos entre manifestantes y policía en el último año han tenido dos escenarios principales, Barcelona y Valencia, con cargas y decenas de detenidos y heridos, escenas de persecuciones por las calles y denuncias contra el "uso desproporcionado de la violencia policial". En ambas comunidades los responsables policiales se han destacado por su beligerancia con los movimientos de protesta civil. Tanto Antonio Moreno -responsable último de las cargas contra los estudiantes del Instituto Lluís Vives de Valencia- como Felip Puig -conseller de Interior catalán- han realizado declaraciones en las que uno tildaba a los jóvenes estudiantes de "enemigos" y el otro deseaba endurecer las leyes para un mayor "miedo al sistema".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) critica el "uso partidista" de la Policía por unos y otros partidos. "La Policía no tiene autonomía. Cumple estrictamente lo que le ordena el Gobierno de turno", explica José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del sindicato.

Fornet destaca el carácter "eminentemente pacífico" del Movimiento 15-M, "por mucho que algunos políticos traten de hacer ver lo contrario para tratar de recortar derechos constitucionales", dice.

Sobre la negativa del Gobierno a la acampada en Sol es claro: "Es un gravísimo error, porque vamos a tener la plaza bloqueada tres o cuatro días, con un desgaste terrible de funcionarios y de cansancio y no se va a lograr nada". Coincide en que permitir a los indignados estar en Sol de forma pacífica y ordenada unos días sería lo más inteligente y adecuado.

Desde el SUP aseguran que hay ciertas leyes que permiten que se use a la policía para identificar ciudadanos o cortar una calle sin motivo alguno.

Un grupo de Mossos rodea a varios manifestantes, que intentan protegerse de las porras.- REUTERS

El Gobierno central anunció recientemente el endurecimiento del Código Penal. Se considerará "atentado a la autoridad" la "resistencia pasiva". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también ha detallado que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" convocar concentraciones violentas por Internet. Entre la escalada de decisiones políticas en este sentido durante los últimos meses también destaca la creación de una web de los Mossos para identificar a supuestos participantes violentos en las manifestaciones de la huelga general del 29-M, que entre otras cosas incluyó la foto de un menor que se vieron obligados a retirar.

"Es la estrategia del shock, sobredimensionar ese enemigo para poder golpearlo con fuerza"Jaume Asens, miembro del Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), critica estas decisiones: "El Gobierno ya cuenta con instrumentos para atajar la violencia callejera". En su opinión lo que se está haciendo es elevar el listón represivo ante la creciente resistencia ciudadana por los recortes de derechos a los que se ven sometidos. 

"Se está reproduciendo una lógica que es antiquísima, que consiste en exaltar unos hechos al máximo porque eso aumenta la emergencia y aumenta el poder del represor. Es la estrategia del shock, sobredimensionar ese enemigo para poder golpearlo con fuerza". "Es un clásico, a menor Estado social mayor Estado policial", asegura.

De similar opinión es Arcadi Oliveres, presidente de Justícia i Pau. Oliveres señala además que el tono de las protestas aumentará "porque están martirizando a la población con recortes irracionales e injustos".

Destaca que estos recortes de derechos constitucionales se están llevando a cabo para tratar de contener las protestas en parte por los recortes y en parte por el miedo a que convocatorias como las de 12-M y el 15-M desemboquen en protestas importantes.

Tanto Asens como Oliveres apuntan a la importancia de que el ciudadano sepa que tiene derecho a protestar. "Hay que manifestarse de forma no violenta, ni contra personas ni contra objetos pero sin miedo, sabiendo que se tiene derecho a ello". "Saben que habrá reacción y se preparan, pero la gente debe saber que tiene derecho a ejercer la desobediencia civil, siempre pacíficamente", recuerda Oliveres.

Jaume Asens asegura que cuanta más gente haya en la calle más difícil es la represión y también destaca la importancia de que el movimiento siga siendo pacífico. "El 15-M triunfó porque era un movimiento de masas. Cuando un movimiento de masas desobedece colectivamente con el gesto de sentarse en el suelo, reprimirlo sería una carga de deslegitimidad muy grande".