El PP valenciano y tres constructoras con múltiples adjudicaciones de la Generalitat (Sedesa, Lubasa y Ortiz) pagaron en 2008, en negro o con facturas falsas, 846.000 euros a la empresa corrupta Orange Market, la franquicia levantina de la 'red Gürtel'. Así lo sostiene la Brigada de Blanqueo de la Policía en un informe fechado el pasado 20 de julio y que detalla cómo Orange Market destinó la mayor parte de ese dinero a minorar la deuda contraída por el PP valenciano, para el que la empresa había trabajado de nuevo ese año durante la campaña de las elecciones generales de marzo.

El informe, incorporado al sumario y que completa el emitido por la policía en julio de 2009, da un paso más respecto a las revelaciones de hace un año: ahora, los investigadores establecen de manera abierta un nexo causal entre los pagos de las empresas y las 'contrapartidas' que les aseguraba su papel como benefactoras del partido de Francisco Camps. Sedesa, Lubasa y Ortiz, dice el informe, pagaron a cambio de favores concedidos por el PP, que gobierna todas las grandes instituciones valencianas. Y se avinieron a pagar siguiendo indicaciones de 'los responsables' del partido en Valencia.

Como dirigentes que tuvieron una 'participación activa' en ese complot urdido para ocultar la financiación ilegal del PP, la policía cita al ex número dos de Camps, Ricardo Costa, y al actual vicesecretario general del partido en Valencia, David Serra. Por la noche, el PP valenciano emitió un comunicado en el que tacha de 'falso' el informe policial y asegura que 'no se da por aludido'.

Pero las 104 páginas de este nuevo dossier de la Brigada de Blanqueo acrecientan la sospecha de financiación ilegal en el PP valenciano: tres meses después de que Hacienda cifrase en 2,5 millones lo defraudado por el PP valenciano al fisco en 2007, llega ahora este nuevo informe. Y lo hace pertrechado de una batería de anexos repletos de datos que desmenuzan el modus operandi del trípode presuntamente conformado por el PP, sus empresas de cabecera y la red Gürtel.

Sedesa, Lubasa y Ortiz fingieron recibir servicios de Orange Market

El contenido de esos anexos admite difícil refutación. Las conclusiones de la Brigada de Blanqueo se sustentan en la documentación incautada a Orange Market, que incorporó a su contabilidad opaca los 405.450 euros abonados por el PP durante 2008 en ocho entregas. El estadillo de la caja B-Barcelona, en el argot de la trama- se incluye en el informe. Ahí constan anotados los ocho pagos, 'sin justificación contractual', dice la policía.

Otros 441.000 euros recibidos por Orange Market tienen su origen en abonos de Sedesa, Lubasa y Ortiz, tríada situada en el ojo del huracán desde que la policía destapó hace un año los primeros indicios de financiación ilegal. En este caso, los ingresos a favor de Orange Market se camuflaron como pagos por trabajos de márketing, publicidad y asesoramiento de imagen.

Según la policía, no se entiende que las tres empresas, 'adjudicatarias de numerosos contratos públicos', contribuyeran a enjuagar las deudas del PP 'salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo'. De no existir tal contraprestación, no habría 'explicación lógica' para esos pagos, dice el informe.

El juez Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del caso Gürtel, ya hizo suya en mayo la tesis de que los conservadores captaron fondos ilegalmente e involucró a las mismas tres empresas que ahora analiza la policía. Pero, entonces, los investigadores tenían menos información. Ahora, la Brigada de Blanqueo ha encajado las piezas necesarias para asegurar que tanto Sedesa como Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos suscribieron falsos 'acuerdos de colaboración' con Orange Market con el único objetivo de sufragar gastos del PP valenciano mediante la emisión de facturas 'ficticias'.

La policía incluye un dato clave: Orange Market tenía en su poder los documentos relativos a un supuesto 'acuerdo de colaboración' con Ortiz e Hijos, acuerdo que en febrero de 2009 seguía sin firmar por los responsables de la empresa constructora. El 'artificio' creado, subraya la policía, acabó teniendo los pies de barro. Que ese documento prosiguiera sin firma 13 meses después de la fecha oficial en que fue suscrito denota su falsedad, argumenta el informe. La policía recuerda que la Ley de Financiación de Partidos prohíbe a estos aceptar, directa o indirectamente, donaciones de contratistas públicos.

Las empresas pagaron a cambio de favores del PP, dice la policía

Ortiz e Hijos desembolsó a Orange Market 232.232 euros. Los últimos pagos se produjeron el 5 de febrero de 2009, un día antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera saltar por los aires la trama Gürtel. Ese mismo día, el contable de Orange Market, Cándido Herrero, habló por teléfono con su jefe, Álvaro Pérez, El Bigotes, el 'amiguito del alma' de Camps. 'Ya me han dado la caja de magdalenas', le contó Herrero a El Bigotes. La policía, que incorpora la transcripción de ese pinchazo, no alberga dudas: la caja de magdalenas hace alusión a Enrique Ortiz, quien también se ha visto involucrado recientemente en la supuesta compra de partidos para el Hércules, equipo de su propiedad.

Pedreira suscribió la tesis de la financiación ilegal tras el informe de Hacienda que reveló fraude fiscal en el PP valenciano. El juez plasmó sus sospechas en un auto dictado el 26 de mayo, donde alertaba de que en 2008 podía haberse producido un delito electoral por exceso de gasto, pero dejaba abierta la cuestión. En esa resolución, Pedreira se inhibía en favor del Tribunal Superior de Valencia en lo concerniente a la financiación ilegal del PP. Pero el caso seguirá en sus manos en tanto el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) no resuelva el recurso del PP contra su inhibición. En teoría, el PP ejerce la acusación particular, aunque todos sus pasos han ido encaminados a demorar la instrucción.

Precisamente, el TSJM sostuvo en un auto que 'un sector' de los imputados pretende 'paralizar' la causa 'interponiendo constantemente toda clase de recursos', informa Efe. En su auto, el tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -entre ellos, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.

“Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas –reza el informe policial incorporado al sumario de la ‘Gürtel’– son financiados mediante diversos mecanismos”:

1 - 'Entregas realizadas por el propio PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market'

2- 'Facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por esta'

3-  'Los responsables del PPCV realizan gestiones para que empresarios, cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor, financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios'