Los planes hidrológicos del PP abren la puerta a nuevos trasvases

La gestión de los recursos hídricos pasa por ser uno de los temas que ha suscitado mayores controversias entre comunidades autónomas, gobierno central y organizaciones de la sociedad civil desde la restauración de la democracia en España. Los trasvases entre distintas cuencas han causado los principales focos de conflicto. Huelga recordar los enfrentamientos aún vigentes entre Castilla – La Mancha y Murcia por el trasvase Tajo – Segura; y entre los gobiernos centrales de PP y PSOE y las comunidades de Catalunya, Comunidad Valenciana y Aragón acerca del trasvase del Ebro impulsado por el gobierno de José María Aznar en 2004.

Pero los trasvases no han sido los únicos proyectos que no han contado con el visto bueno de la población. Proyectos de obras hidráulicas como el pantano de Jánovas (Huesca) que obligó a los habitantes de localidad oscense a abandonar sus casas pero que nunca llegó a materializarse, vuelven a copar la actualidad ante la aprobación de una nueva presa en el embalse de Yesa (Navarra) destinada al regadío de arrozales en el Desierto de Las Bardenas. El pasado 23 de mayo, los activistas conocidos como los “8 de Yesa”, entre los que se encuentra el diputado de Podemos por Huesca Luis Bail, que intentaron paralizar la construcción de un recrecimiento comparecían ante el Tribunal Supremo acusados por la Fiscalía de atentado y resistencia a la autoridad. Varias organizaciones como Ecologistas en Acción vienen alertando del grave riesgo geológico, ambiental y social que conlleva este proyecto que ya ha obligado a desalojar dos urbanizaciones contiguas debido al riesgo de inundaciones y a la inestabilidad de las laderas donde se pretende apoyar la presa. A esto se suma el riesgo La rotura de la presa de Yesa que sumergiría media Zaragoza bajo 7 metros de agua según el geólogo Carlos Revuelto.

A pesar de contar con el mayor número de embalses por superficie y población en el mundo, ascienden ya a 1150, el aprovechamiento del agua almacenada en forma de energía no se corresponde con esas cifras récord. Aunque los sucesivos gobiernos han justificado la construcción de nuevos embalses y presas para aumentar su contribución al sistema energético español, la generación de energía hidráulica en España registró un 6’7% del total, lo que supone una disminución del 28’2% respecto al ejercicio anterior (según los datos del Informe Anual de Red Eléctrica). Tal es la situación que desde las organizaciones ecologistas apuntan a una motivación mercantil detrás del almacenamiento de los recursos hídricos.

Recogiendo denuncias como la mercantilización del agua, diecisiete organizaciones ambientalistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace o World Wide Foundation presentaban el 21 de abril en el Congreso de los Diputados una hoja de ruta encaminada a adoptar urgentemente un nuevo rumbo en la gestión hídrica. España es, desde la aprobación de la nueva Ley de Aguas en 2001, el único país del entorno europeo donde la ley ampara y legitima el desarrollo de un mercado hídrico mediante la compra-venta de derechos del agua. Desde Esquerra Republicana, Xavier Eritja -diputado por Lleida durante la última legislatura- apunta en la misma dirección: “Nosotros siempre decimos que si el pequeño y mediano productor se pueden beneficiar con su dotación de agua no habría objeciones. Venimos criticando que las grandes reservas alojadas por todo el territorio español no son para su aprovechamiento agrícola sino que detrás hay un gran juego especulativo en torno al agua. Como la política de trasvases ha provocado grandes discrepancias en la población, las grandes corporaciones de la industria agroalimentaria están comprando dotaciones de agua y éstas son las que utilizan como venta de derechos para venderlas a otras cuencas. Esa es la nueva política camuflada de trasvases, y eso no tiene absolutamente nada que ver con los pequeños y medianos productores sino con un intento sistemático de privatizar un recurso que nos pertenece a todos”.

Manifestación en la localidad de Amposta contra el nuevo Plan del Ebro

Uno de los planes más controvertidos vuelve a ser el Plan Hidrológico del Ebro. Una de las organizaciones de la sociedad civil que ha mantenido una lucha emblemática contra el trasvase es la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE). La plataforma junto a diversos ayuntamientos locales como el de Amposta y Deltebre presentaban un recurso ante el Tribunal Supremo para la derogación de un plan que consideran contrario a la Directiva Marco Europea del Agua. Esta directiva de la Unión Europea, de obligado cumplimiento para los estados miembros, topará contra los planes del gobierno de Rajoy según apuntan desde la Plataforma en Defensa del Ebro: “El Gobierno vuelve a hacer caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Europea en cuanto al cumplimiento de unos caudales mínimos, la protección del hábitat natural y de aves, así como el establecimiento de nuevas hectáreas de regadío (465.000 según recoge el nuevo Real Decreto) y la construcción de nuevos embalses (hasta 50 con el nuevo plan)”, sostiene la portavoz Matilde Font. La PDE elevó ante la Comisión Europea sus discrepancias en torno al nuevo Plan del Ebro, haciendo suyas el organismo europeo las 50 recomendaciones de la organización para dirigirlas al Gobierno de España.

La oposición de la PDE tiene que ver con dos hechos íntimamente ligados: la transferencia de recursos hídricos a las grandes áreas urbanas de Zaragoza, Barcelona y Valencia; y la elevada proporción de hectáreas de regadío establecidas en el nuevo plan, un aumento del 50% respecto al volumen actual que supone el 70% del regadío contemplado para el conjunto del territorio español. “La realidad no es que quieran esas hectáreas de regadío porque es imposible llevarlo a cabo, lo que pretenden encubrir es la concesión de las aguas. Cuando aprueban un regadío le adjudican una cantidad de agua a los regantes, que podrán vender la cantidad de agua no utilizada beneficiando a las grandes conglomeraciones urbanas, aparte de a las industrias agroalimentarias. Esto supone una privatización del agua y el transferencia del agua que les pertenece a las pequeñas localidades”, afirma la portavoz de la PDE.

Imagen de archivo del embalse de Buendía, en cabecera del Tajo

Xavier Eritja, encargado de defender en el Congreso de los Diputados la proposición no de ley presentada por su partido Esquerra Republicana referente a la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, se manifiesta en la misma línea: “El plan aprobado pone en peligro la supervivencia del Delta del Ebro al reducir el caudal mínimo que marca la Directiva Marco a 100 metros cúbicos por segundo, cuando el volumen que exige la directiva está entre 159 y 223 metros. Estamos hablando de una zona que goza de todo tipo de protección ambiental y que es Reserva de la Biosfera”. Por contra, el Partido Popular, por medio del diputado por Zaragoza Eloy Suárez, fundamentaba el cumplimiento de los caudales mínimos establecidos en la Directiva Marco Europea en la sentencia del 20 de noviembre de 2015 del Tribunal Supremo, que da la razón al Gobierno aunque el fallo es previo a la publicación de los nuevos planes hidrológicos y el establecimiento de un nuevo caudal mínimo.