Caja única, transferencias sospechosas, estrecha colaboración política entre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y la ilegalizada Batasuna... El Tribunal Supremo inició ayer por la tarde la vista que decidirá si ilegaliza o no al PCTV y lo hizo con la declaración de los policías y guardias civiles que realizaron los informes en los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado basan sus demandas.

Éstos ratificaron el contenido de sus informes, en parte ya conocidos, que apuntaban con detalle los supuestos nexos económicos entre ambas formaciones: desde la existencia de 14 miembros de la Mesa Nacional en la relación de trabajadores a nómina del PCTV a la existencia de pagos de locales donde luego Batasuna celebraba ruedas de prensa. Pero la principal revelación de esta primera jornada fue la de la asistencia de la portavoz parlamentaria del PCTV, Nekane Erauskin, a varias de las reuniones secretas celebradas por la formación antes de que los golpes policiales descabezasen su cúpula.

Un perito policial precisó que Erauskin fue identificada en compañía de varios miembros de Batasuna cuando abandonaba un encuentro que tuvo lugar en la localidad alavesa de Salvatierra en septiembre de 2007. El agente apuntó que en dicho control, Erauskin no fue registrada por su condición de parlamentaria, pero sí quedó constancia de su presencia en la misma.

Identificación total

Este mismo perito ahondó en esta dependencia política del PCTV al recordar también los numerosos contactos telefónicos y por sms existentes entre el responsable de Comunicación del PCTV, Peio Gálvez, y el de Batasuna, Juan José Petrikorena, en el que este último demostraba 'una relación de jerarquía' al exigirle al primero cuentas y corregir su acción. El policía también destacó la existencia de evidentes coincidencias entre los objetivos políticos de ambas formaciones, y puso como ejemplo la total identificación de ambas formaciones en su oposición a la construcción del Tren de Alta Velocidad en el País Vasco.

Los abogados de la defensa, Kepa Landa y Jone Goirizelaia, decidieron no interrogar a este testigo y centraron sus preguntas en los siguientes peritos policiales, los que analizaron las supuestas conexiones económicas entre ambas formaciones para demostrar que sus informes son simples atestados policiales y no documentos con valor pericial.

Para ello, Landa se empleó en demostrar que no se habían comprobado la validez de las pruebas encontradas en los registros y que los agentes se habían limitado a sacar conclusiones de facturas y otros documentos contables por el lugar donde se habían encontrado: los tres locales del polígono Belartza,en Usurbil (Guipúzcoa), donde habían instalado sus sedes el PCTV, ANV y, tiempo atrás, Batasuna.