Peligro de incendio en Doñana por los pozos ilegales de la fresa
Más de un millar de pozos ilegales situados en zonas forestales del entorno de Doñana suponen un alto riesgo de incendio por las precarias instalaciones eléctricas usadas para bombear agua del acuífero. Ecologistas alertaron de ello en 2012 y la Junta de Andalucía lo admitió en 2014, pero no se ha clausurado cautelarmente ni un sólo pozo por esta causa.
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El 30 de julio de 2005 comenzó a arder el paraje El Milanillo, en el entorno de Doñana. Diez camiones autobomba, un camión nodriza con capacidad para 15.000 litros, doce aviones, diez helicópteros y 17 retenes lograron ocho horas después apagar un incendio que arrasó 450 hectáreas.
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En efecto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno andaluz admitió en diciembre de 2014 en el conocido como Plan de la Fresa, una normativa aprobada para regularizar estos cultivos en la Corona Forestal de Doñana, donde muchos son ilegales y carecen de concesiones de agua, que “en algunos casos, el bombeo está distanciado hasta 2 kilómetros de la explotación y, en ocasiones, ubicado en el espacio forestal, discurriendo el cable enterrado o semienterrado por este espacio; lo que representa además de una situación irregular, un peligro potencial no sólo para el espacio forestal sino para las personas”. El Plan de la Fresa admite también “en determinadas zonas”, la “precariedad de las instalaciones”, constituyen potenciales focos de incendios.
Pese al riesgo potencial de incendio por las instalaciones eléctricas de los pozos ilegales, en el entorno de Doñana no se han llevado a cabo cierres cautelares por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, principal administración competente en el control de la extracción de aguas subterráneas en la demarcación, “pero Ayuntamientos como Lucena del Puerto o Moguer, propietarios de los terrenos, tampoco levantan sanciones ni impiden la usurpación de su patrimonio forestal aunque conocen perfectamente su existencia”, aclara el coordinado en Doñana de WWF-España. “Cuando se detectan estos pozos ilegales se hace una denuncia que inicia un trámite legal que puede tardar tres años o más hasta que hay una sentencia administrativa o judicial que obliga a clausurar la captación ilegal”, explica Felipe Fuentelsaz. Según el coordinador en Doñana de WWF “los números le salen a los ilegales porque mientras llega la sentencia están usando agua gratis y las sanciones nunca se aproximan a los beneficios que ha reportado ese agua a los freseros ilegales”. En este caso, si se produce un incendio causado por las instalaciones de un pozo ilegal, la responsabilidad recaería además en el Ayuntamiento propietario del terreno forestal en el que se ubica.