El 30 de julio de 2005 comenzó a arder el paraje El Milanillo, en el entorno de Doñana. Diez camiones autobomba, un camión nodriza con capacidad para 15.000 litros, doce aviones, diez helicópteros y 17 retenes lograron ocho horas después apagar un incendio que arrasó 450 hectáreas.

Al visitar semanas después la zona quemada, Felipe Fuentelsaz, coordinador en Doñana de la organización ecologista WWF-España descubrió más de 50 pozos ilegales en plena zona forestal. “Eran captaciones de agua que desconocíamos que estaban ahí y que el fuego dejó al descubierto”, explica el portavoz ecologista. Ese fue el inicio de la principal campaña de protección ambiental que desarrolla en la actualidad WWF-España en Doñana: impedir el robo del agua. Desde entonces se han detectado casi 2.000 pozos ilegales que se utilizan para abastecer de agua algunos de los cultivos de fresa y frutos rojos, y la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por los daños que ha causado la sobreexplotación del acuífero en ecosistemas protegidos por normativa europea en Doñana, con un dictamen motivado demoledor, que avanzó en exclusiva Diario Público, y que según la gerencia del Espacio Natural Doñana, recoge casi literalmente lo que denunció WWF-España en Bruselas.

Sin embargo, la amenaza ambiental de los pozos ilegales va más allá de esquilmar el agua del acuífero del que dependen gran parte de los ecosistemas de la mayor reserva de la biodiversidad de Europa: suponen un elevado riesgo de incendio, al disponer de unas instalaciones eléctricas muy precarias, en la mayoría de los casos sin medidas de seguridad. “Los pozos ilegales situados en la cabecera forestal del arroyo de la Rocina son instalaciones ilegales en las que se hace un sondeo para alcanzar el agua, se lanza una tubería hasta la finca, que en ocasiones está a varios kilómetros de distancia, y desde la misma incluso se lanza un cableado eléctrico con una instalación eléctrica al margen de todo control administrativo”, explica Fuentelsaz, quien aclara que las concesiones municipales para cultivos en zonas forestales prohíben la construcción de infraestructuras como pozos o balsas, aunque en ocasiones los pozos están situados fuera de las fincas, en plena zona forestal propiedad de los ayuntamientos, “sin contar con autorizaciones para realizar las infraestructuras o cruzar tuberías y cableado eléctrico”.

Los ecologistas ya alertaron en su ‘Informe sobre Incendios en Doñana' de 2009 de que los pozos ilegales eran una de las causas más preocupantes de incendio: “El cableado eléctrico puede ser una causa de incendios en términos municipales como Lucena del Puerto o Moguer que poseen un alto grado de siniestros, como revela el informe”. Tres años después, en su ‘Informe sobre el Robo del Agua’, WWF recalcaba de nuevo que “en los pozos y balsas ilegales hay cableado eléctrico enterrado por tramos y líneas eléctricas aéreas, en una zona donde el riesgo de incendios forestales es alto y la propia Junta de Andalucía conoce y advierte del peligro de incendio de incendios forestales por el entramado de cableado eléctrico incontrolado existente”.

En efecto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno andaluz admitió en diciembre de 2014 en el conocido como Plan de la Fresa, una normativa aprobada para regularizar estos cultivos en la Corona Forestal de Doñana, donde muchos son ilegales y carecen de concesiones de agua, que “en algunos casos, el bombeo está distanciado hasta 2 kilómetros de la explotación y, en ocasiones, ubicado en el espacio forestal, discurriendo el cable enterrado o semienterrado por este espacio; lo que representa además de una situación irregular, un peligro potencial no sólo para el espacio forestal sino para las personas”. El Plan de la Fresa admite también “en determinadas zonas”, la “precariedad de las instalaciones”, constituyen potenciales focos de incendios.

Muchos de los pozos ilegales cuentan con su propio grupo electrógeno y, según agentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las compañías eléctricas tienen conocimiento de que existen porque no sólo cobran por esa electricidad, sino que en algunos caso hay hasta contadores para la lectura de los mismos. Sin embargo, como ha podido comprobar Público (ver vídeo) muchos de esos transformadores eléctricos están rodeados de maleza seca donde una simple chispa puede acarrear un incendio, y en lugares donde el mantenimiento del sistema eléctrico es prácticamente inexistente.
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Pese al riesgo potencial de incendio por las instalaciones eléctricas de los pozos ilegales, en el entorno de Doñana no se han llevado a cabo cierres cautelares por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, principal administración competente en el control de la extracción de aguas subterráneas en la demarcación, “pero Ayuntamientos como Lucena del Puerto o Moguer, propietarios de los terrenos, tampoco levantan sanciones ni impiden la usurpación de su patrimonio forestal aunque conocen perfectamente su existencia”, aclara el coordinado en Doñana de WWF-España. “Cuando se detectan estos pozos ilegales se hace una denuncia que inicia un trámite legal que puede tardar tres años o más hasta que hay una sentencia administrativa o judicial que obliga a clausurar la captación ilegal”, explica Felipe Fuentelsaz. Según el coordinador en Doñana de WWF “los números le salen a los ilegales porque mientras llega la sentencia están usando agua gratis y las sanciones nunca se aproximan a los beneficios que ha reportado ese agua a los freseros ilegales”. En este caso, si se produce un incendio causado por las instalaciones de un pozo ilegal, la responsabilidad recaería además en el Ayuntamiento propietario del terreno forestal en el que se ubica.

Según datos del Plan Infoca, que coordina la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en Doñana se han registrado en la última década 810 incendios forestales de los que, en la mayoría de los casos, se desconocen las causas que han originado el fuego o se apunta simplemente que son intencionados. Ese es el caso del incendio que origino la guerra del agua en Doñana, el del Paraje El Milanillo, donde una década después la Junta de Andalucía sólo afirma que fue un incendio intencionado, aunque no sabe la causa real que inició las llamas aunque tras retirar la arboleda se descubrieran más de medio centenar de instalaciones eléctricas de pozos ilegales.