Los objetores harán caso omiso a la sentencia del Supremo

Diversas asociaciones contrarias a Educación para la Ciudadanía anuncian que los niños seguirán sin acudir a clase y reclaman al Gobierno diálogo para consensuar los contenidos de la materia

Los hijos de las familias que cuentan con un fallo judicial favorable a objetar a Educación para la Ciudadanía podrán seguir faltando a clase, han subrayado hoy las principales organizaciones contrarias a la asignatura, que han pedido diálogo al Gobierno para consensuar los contenidos de la materia. Estas asociaciones, por tanto, no tienen en cuenta la sentencia dictada hoy por el Tribunal Supremo en la que rechaza el derecho a la objección de conciencia.

Así lo han afirmado en una rueda de prensa conjunta, los portavoces de las asociaciones de padres de alumnos CONCAPA y COFAPA, la patronal de la enseñanza privada CECE, el Foro Español de la Familia, Profesionales por la Ética, Hazte Oír y los centros de enseñanza universitarios San Pablo CEU.

El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, ha subrayado que las familias objetoras y con una resolución judicial a su favor tienen derecho a que sus hijos no entren en clase, "hasta que la sentencia sea firme y se acabe todo este proceso, que será largo".

A su juicio, no se comete ninguna ilegalidad ni se perjudica al niño al impedirle que vaya a clase hasta que se resuelva este conflicto. Dicho conflicto, en palabras de Blanco, podría solucionarse de modo rápido si el Gobierno dialoga y se consensúan contenidos de las asignatura "aceptables para todos".

Ha añadido que estas organizaciones presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y, en caso necesario, acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Por su parte, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha estimado que el derecho a la objeción de conciencia es "fundamental e irrenunciable", por lo que ha señalado que, aunque acata la sentencia del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía, objeta en conciencia de ella.

"Acato la sentencia porque ese es mi deber, pero personalmente objeto en conciencia de esta sentencia", ha manifestado en los pasillos del Congreso antes de asistir a la entrega de los VII premios de la revista Trámite parlamentario y municipal.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, era una de las galardonadas y, antes de recibir su premio, también ha mostrado su respeto a las decisiones de los tribunales, aunque ha garantizado que su partido defenderá al mismo tiempo "la libertad que tienen los padres para elegir la educación moral que quieren para sus hijos".

Por su parte, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP y presidente del PP-A, Javier Arenas, ha asegurado que  es una "barbaridad imponer este tipo de asignatura si no es sobre la base de un amplio consenso de la comunidad educativa".

Arenas ha urgido a lograr ese consenso y ha asegurado que le parece "conservador" y "anticuado" que se niegue ese consenso en la comunidad educativa española y andaluza.

Por otra parte, el presidente de los populares andaluces ha asegurado que su partido analizará si la decisión del Tribunal Supremo es recurrible cuando se conozcan los fundamentos del fallo, ya que, según ha dicho, tan sólo conoce el sentido del mismo.