"Nuestra vida es un estorbo para el Gobierno"

Amadou Balde, senegalés de 27 años, está apoyado en el mismo muro de cada tarde en una calle del madrileño barrio de Lavapiés. Bajo su sombra se extiende una manta con las películas del momento. Llegó a España hace cuatro años de manera irregular y sabe que, a día de hoy, es prácticamente imposible que algún día regularice su situación. Desde el próximo 1 de septiembre ni él ni ningún extranjero que se encuentre en España y no cotice a la Seguridad Social tendrá acceso al Sistema Nacional de Salud salvo que contraten una especie de poliza con el Estado por valor de 710 euros anuales. Amadou jamás ha pisado un Centro de Salud, según reconoce, y es consciente de que, problablemente, nunca pueda hacerlo. “Sabíamos que los gobiernos no se preocupaban por nosotros. Ahora sabemos que nuestra vida en un estorbo para ellos”, sentencia Amadou.

El Gobierno del Partido Popular decretó el pasado mes de abril que todos los inmigrantes que no estén dados de alta en la Seguridad Social perderán su tarjeta sanitaria el 31 de agosto de 2012. Este lunes, cuatro meses después del anuncio del Gobierno, se conoció la solución que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, plantea para los cientos de miles de personas que se verán afectados por esta reforma y que quedarán sin cobertura médica. Los extranjeros que no coticen a la Seguridad Social y que quieran disponer de atención sanitaria deberán suscribir una especie de convenio con el Sistema Nacional de Salud por valor de 710 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.865 euros para los mayores. “¿Cómo creen que puedo pagar ese dinero si no tengo papeles y no puedo trabajar?”, razona Amadou, resignado.

"¿Cómo creen que puedo pagar 710 euros si no puedo trabajar?", se pregunta un inmigranteRafael Hernando, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, contestó el martes en rueda de prensa en la sede del Partido Popular la pregunta del joven senegalés. Aunque eso sí, él no quería. "España no puede seguir soportando ser el escenario principal de la entrada de inmigrantes ilegales del conjunto de la Unión Europea. Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países”, sentenció Hernando.

Estas palabras de Hernando desataron la furia de Cosmin Tanasescu. Cosmin es rumano y, por tanto, europeo. Tiene trabajo estable y su tarjeta sanitaria no peligra, pero ve en las palabras del Gobierno una falta de respeto a toda la comunidad inmigrante. Durante muchos años este hombre de 53 años también residió de manera ilegal en España. "Lo demostraron en su anterior Gobierno y lo vuelven a demostrar ahora. El Partido Popular simpatiza con las ideas más racistas presentes en la sociedad española", señala este hombre rumano que lleva 16 años viviendo en España.

El decreto que excluye a los inmigrantes que no cotizan a la Seguridad Social y la propuesta de cobrar 710 euros anuales por la atención sanitaria ha despertado la ira y el rechazo del resto de partidos políticos, las asociaciones profesionales de médicos y de los colectivos de apoyo a los inmigrantes. Así, Catalunya, Euskadi, Andalucía y Asturias (las únicas cuatro comunidades que no están gobernadas por el Partido Popular) ya han anunciado que no van a aplicar el decreto del Gobierno y estudian vías alternativas para ofrecer atención primaria a los colectivos que pierdan su tarjeta sanitaria.

Por su parte, la plataforma Tenemos derecho a la salud sin condiciones, integrada por organizaciones como Médicos del Mundo, Red Acoge, CEAR y Amnistía Internacional, entre otras, ya ha adelantado que el próximo 1 de septiembre saldrá a la calle para manifestarse contra el “cambio de paradigma en el sistema sanitario”. “Los cambios que ha introducido el Gobierno vulneran el derecho universal a la sanidad pública y gratuita que España ha reconocido en multitud de convenios internacionales”, denuncia, en declaraciones a Público, Pilar García-Rotellar, secretaría general de Médicos del Mundo.

Las asociaciones de defensa de los inmigrantes anuncian movilizaciones

Pero no sólo eso. A ojos de Médicos del Mundo, la medida que plantea el Gobierno comportará dos consecuencias “muy graves” para el resto de la población. En primer lugar, esta medida comportará la asunción de mayores riesgos de “salud pública”. “Los inmigrantes que puedan tener una enfermedad contagiosa no podrán tratarla o tardarán más en acudir a Urgencias para ser tratados por lo que se corre el riesgo de que estas enfermedades sean contagiadas porque el portador no es consciente de que la tiene”, añade García-Rotellar, quien se refiere a enfermedades como la tuberculosis o el sida.

En segundo lugar, la ONG también plantea que esta medida provocará una saturación en los servicios de Urgencias, ya que es la única vía por la que este colectivo podrá ser atendido, comportando un sobrecoste a las arcas del Estado y una peor atención para todos. “El servicio de urgencias debe ser utilizado para lo que ha sido diseñado. La prevención y la atención primaria son más rentables a largo plazo que la atención de Urgencias”, esgrime García Rotellar.

Este argumento también ha sido utilizado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). Su presidente, Tomás Toranzo, ha declarado a Efe que a partir del 1 de septiembre aumentará "mucho la frecuentación" de los servicios de urgencias por parte de quienes pierdan su derecho a la atención primaria. A su juicio, la medida que propone el Gobierno no ayudará a reducir gastos ni a ahorrar sino que tan sólo provocará que los inmigrantes sin papeles busquen atención médica en Urgencias no sólo en casos necesarios sino "ante cualquier contingencia de salud". Por ello, “aumentará la demanda innecesaria" de estos servicios y se "dificultará y complicará aun más la situación" de un servicio que ya está soportando una carga excesiva de trabajo debido a “los recortes”.

La previsión de Toranzo se ratifica rápidamente dialogando con los damnificados de la decisión del Gobierno. “He trabajado en España, he pagado alquileres, he comprado productos aquí... No voy a renunciar a un derecho que es mío. Yo también he contribuido a los presupuestos con mis impuestos y no dudaré en acudir a Urgencias”, señala Kevin Delgado, un hombre de 40 años de origen ecuatoriano que vive en España desde el 2001. "No tengo papeles, pero no soy un ciudadano de tercera", apunta este hombre.

A pesar de las voces expertas que se han alzado contra esta medida, el Ejecutivo mantiene la idea de que la exclusión de los no cotizantes en la Seguridad Sociales del Sistema Nacional de Salud permitirá al Estado un ahorro económico de 500 millones de euros. Luis Ayala, catedrático de Teoría Económica en la Universidad Rey Juan Carlos, desmonta por completo esta idea. "La medida puede suponer un ahorro mínimo en la atención primaria pero supondrá costes adicionales en otros servicios como el de urgencias", asevera Ayala, quien tacha la medida de "insolidaria" e "ineficiente". "Los costes sociales que puede producir la exlusión de un colectivo de la atención sanitaria son mucho mayores para la sociedad que el ahorro mínimo que puede producir", añade. 

Pero para Ayala, más allá del problema económico que plantea la medida del Gobierno, el debate debe situarse en un plano moral. "Los derechos humanos y los derechos sociales no pertenecen a ningún Estado ni son creados por él, son inherentes al ser humano como tal. El Estado puede dificultar el derecho natural a la sanidad, lo puede ilegalizar, pero no se lo puede quitar a nadie", reflexiona Ayala, quien tiene serias dudas de que los profesionales médicos acaten esta decisión del Gobierno y dejen sin atender a sus pacientes.

Ya son más de 900 los médicos que han manifestado su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los  inmigrantes  irregulares que sean sus pacientes, mediante su inscripción en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (semFyc).