El grupo parlamentario de Galicia En Común-Unidas Podemos, En Comú Podem en el Congreso de las Diputadas y otras a cinco asociaciones medioambientalistas de Galicia, han presentado una denuncia penal contra once funcionarios y ex altos cargos de la Xunta a los que acusan de haber cometido varios delitos de prevaricación ambiental, falsedad documental y encubrimiento en la tramitación de los expedientes relativos a la explotación y recuperación de la mina de wolframio de San Finx, en el municipio coruñés de Lousame.

Los denunciantes alegan que la Administración autonómica habría condicionado los citados expedientes a los intereses de la empresa que explota la mina, propiedad del conglomerado Sacyr, para que pudiera eludir y trasladar a la administración autonómica los costes de la recuperación de dos balsas de decantación en las que se vertieron durante decenios los tóxicos y metales pesados derivados de la actividad minera. Unos gastos que, por ley, deberían recaer en los propietarios de la explotación.

La mina de San Finx está ubicada a unos 35 kilómetros al suroeste de Santiago, en los márgenes de un afluente del río Tambre que desemboca en la ría de Muros y Noia. Fue explotada desde finales del siglo pasado para la extracción de minerales como el wolframio, el estaño y el cobre, actividad que generó residuos que se almacenaron en dos presas construidas sobre el cauce del río.

La demanda de Unidas Podemos asegura que las consellerías de Economía, Industria y Empleo y la de Infraestructuras y Movilidad, así como la entidad Augas de Galicia, adscrita a esta última, habrían falseado informes y expedientes para simular que las presas en los que se acumularon los lodos tóxicos eran supuestos embalses destinados a la generación de electricidad.

Según la denuncia penal, firmada de forma colegiada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos y encabezada por el diputado Antón Gómez Reino, secretario general de Podemos en Galicia, la Xunta habría emitido falsos informes simulando que las balsas de residuos eran supuestamente presas "hidroeléctricas", para evitar no sólo la responsabilidad de la empresa concesionaria en la recuperación de los daños medioambientales, sino también para "encubrir" la actuación de los funcionarios y cargos públicos que, por omisión, habrían permitido esa situación.

La denuncia explica que Augas de Galicia, en connivencia con la empresa concesionaria minera Tungsten San Finx SL y con funcionarios de la Dirección General de Minas de la Xunta, iniciaron el año pasado un procedimiento para restaurar el dominio público hidráulico afectado por las presas "con la pretensión de consumar la descaracterización jurídica de las instalaciones de residuos mineros, de modo que fuera Augas de Galicia (y el erario público) quien asumiera la responsabilidad sobre las mismas".

"Este proceder buscaría además encubrir la actuación previa de varios funcionarios y un ex-alto cargo del órgano minero", que estaban siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Noia, municipio limítrofe con Lousame, a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, por las irregularidades en los permisos concedidos a Tungsten para que pudiera recuperar la actividad minera, que llevaba años paralizada.

Entre otras irregularidades, la Fiscalía consideraba que existían indicios de que la Xunta había evitado recabar el preceptivo estudio de impacto ambiental que debería haberlo impedido la reapertura de la explotación, que se inició con el vaciado de varias galerías que estaban inundadas y el vertido de más residuos tóxicos al río. Aquellas diligencias fueron archivadas en contra del criterio de la Fiscalía, y las organizaciones que denunciaron el caso han recurrido en amparo al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

La nueva denuncia presentada ahora por Unidas Podemos está relacionada con la anterior, pero se refiere a las maniobras que habría realizado Augas de Galicia para asumir la tesis del departamento de Minas de la Xunta que las balsas de decantación no eran tales. De esa forma, por tanto, su vaciado y la limpieza y recuperación de la zona afectada, no correspondería a los propietarios de la mina, sino a la Administración autonómica, que debería asumir los costes de la operación.

Además de por Unidas Podemos, la denuncia penal está firmada por Ecologistas en Acción, la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca de Muros-Noia, la Asociación Ambiental Tralapena y la Fundación Montescola. A diferencia de la querella, que sólo puede presentar el afectado por la comisón de un ilícito penal, la denuncia penal permite comunicar al juez la comisión de un delito para abrir la investigación pertinente.

Fuentes del Ejecutivo gallego aseguraron a Público que aún no tienen constancia judicial de la demanda, por lo que eludieron valorar el contenido de las acusaciones.