José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, se conoce al dedillo la Ley de la Memoria Histórica. Él colaboró, con el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, en la redacción de la enmienda de totalidad que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) presentó como texto alternativo al del Gobierno. Y después ha asesorado al grupo en las propuestas que ha transaccionado con el PSOE. 

La Ley de la Memoria declarará la “ilegitimidad” de los juicios franquistas. ¿Tiene efectos jurídicos?

Claro, necesariamente. Los juristas utilizamos de forma diferente los conceptos de ilegitimidad, pero eso no es una cuestión insalvable.

¿Pero no habrá un via crucis judicial? ¿No habría sido más sencillo apostar por la nulidad directa?
Se ha llegado hasta donde se ha podido. No obstante, la excusa del PSOE de que la nulidad no era posible porque supondría una injerencia del legislador sobre los jueces... ¡Es un camelo jurídico! ¿No hay división de poderes y soberanía popular? En todo caso, no preveo via crucis. Cada familiar o interesado pedirá la revisión de su sentencia. Mejor aún sería que la Fiscalía asumiese su papel constitucional de defensa de la legalidad.

Más complicado se antoja que los jueces cambien...
Siempre me ha preocupado que los magistrados se apoyen en “el ordenamiento legal vigente” en la época para no revisar las causas. Pero la dictadura nace de un bando de guerra, del exterminio del enemigo. Pero confiemos: gracias a la ley, habrá nulidad de sentencias de facto.

¿Puede verse recortada la ley con el PP en el poder?
En principio, no. La vía judicial es autónoma. Las exhumaciones, los archivos... eso sí que es una voluntad política. De cualquier modo, hay que agradecer al PP que se haya sumado a parte de la ley. Es un buen síntoma.